viernes, 1 de febrero de 2013

Reforma laboral, paro, pobreza, exclusión social...

La Fundación Foessa  hizo público en 2011 un manifiesto titulado "La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural". Al año siguiente hizo lo propio con el informe Exclusión y desarrollo social. 2012, donde, partiendo de las conclusiones expuestas en el manifiesto, ha diseccionado la realidad de la sociedad española. Una cruda realidad, si tenemos que hablar sin tapujos. Que lo haya hecho una fundación directamente relacionada con Cáritas y, por ende, a la Iglesia, quizás pueda sorprender. No lo es tanto, si tenemos en cuenta su trayectoria. 

En el Editorial del informe de 2012 presentan varios rasgos que resultan altamente significativo de la gravedad de la situación que estamos viviendo: 1) el crecimiento habido desde 1995 ni ha distribuido la riqueza ni ha disminuido la pobreza; 2) existe una correlación entre pobreza y exclusión social, de un lado, y precariedad en el empleo, por otro; 3) la caída de los mecanismos de contención ha sacado a la luz lo que ya existía en forma de derechos como salario digno, vivienda, empleo, educación o salud; 4) la crisis ha aumentado el número de personas que se están viendo privadas de esos derechos; 5) las previsiones es que esta situación permanezca en el tiempo y se haga cada vez más visible; 6) es necesario que la lucha contra la pobreza y la exclusión social se plantee como reto estructural.

Entre los datos que se ofrecen del año 2011 destacan los siguientes: 1) un fuerte aumento del desempleo, que llega al 23% de la población, el más alto de la UE; 2) un elevado desempleo entre la gente joven, también el más alto de la UE, con niveles que superan el doble de la media española entre la población de 20-24 años y la triplican en la que no llega a los 20; 3) extensión de la precarización laboral, aumentando la contratación temporal y pasando al desempleo un porcentaje importante de quienes antes estaban en la temporalidad; 4) crecimiento de la pobreza, hasta llegar al 22% de los hogares, que ha crecido en más de dos puntos entre 2009 y 2011; 5) aumento de la pobreza en territorios que tradicionalmente la padecían menos, como consecuencia de la caída de las pensiones; 6) retroceso en el gasto público de derechos sociales, especialmente en educación, sanidad y otras prestaciones sociales; 7) aumento considerable de las ejecuciones hipotecarias, hasta llegar a 100.000 anuales en 2010; 8) mantenimiento de un elevado nivel de fracaso escolar, pese a haberse frenado el abandono; 9) elevado aumento del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, correspondiendo a nuestro país un millón de los 1,8 millones que ha crecido en el total de la UE; 10) riesgo de que 5,4 millones de personas acaben en la exclusión social en los próximos años, siendo 720.000 menores; 11) las estimaciones de personas que no tienen hogar superan 1,5 millones y las que están sin techo, se sitúan entre 15.000 y 30.000; 12) desarrollo de una política de vivienda basada en el mercado, con un parque de alquiler escaso y caro, una desadecuación entre las necesidades y las zonas con más construcción, y un exceso de producción orientado a los rendimientos inmediatos; 13) elevado número de personas que viven hacinadas, estimado en un 4,8% de la población; 14) fuerte endeudamiento familiar para la adquisición de la vivienda, llegando al 143% en 2008; 15) aparición de una nueva realidad socio-laboral en la gente joven, cada vez más aceptada, que se basa en la precariedad, la temporalidad, la flexibilidad y el emprendedurismo; 16) erosión de los vínculos sociales sólidos hacia otros más cambiantes y transicionales.

En la edición de hoy del periódico Diagonal puede leerse este titular: "Menos derechos y más paro después de un año de reforma laboral". Y a continuación seguir leyendo cosas como que el incremento del paro ha ascendido en 850.400 personas, sumando ya 5,7 millones, el 25% de la población activa. O que las empresas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo han sido 27.055. Todo, muy duro.