sábado, 22 de diciembre de 2012

La reforma de la Ley de Costas o la amnistía a la destrucción

Acaba de hacer público Greenpeace un estudio titulado "Amnistía a la destrucción. Una investigación sobre los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas". Resulta muy ilustrativo de la relación directa que existe entre los intereses privados de las grandes empresas y quienes se encuentran en el poder político. A ello hay que añadir, teniendo en cuenta el ámbito de actuación de esas grandes empresas, una nula sensibilidad medioambiental. En todo caso, muestra la catadura moral, así como un elevado nivel de corrupción, que existe entre las altas instancias de los poderes político y económico, con evidentes lazos familiares y adscripción política, en este caso el PP. La investigación de Geenpeace supone una valiosa aportación en la denuncia del entramado político-empresarial que se encuentra detrás de la reforma de la Ley de Costas de 1988 y que el gobierno del PP, a través del ministro Miguel Arias Cañete, actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que también lo fue durante el segundo mandato de José Mª Aznar, entre 2000 y 2004. 

A lo largo del estudio queda muy clara la ambigüedad que existe a la hora de establecer cuáles son los criterios ambientales y paisajísticos utilizados. Deja, en un primer momento, a criterios técnicos cuál será el ámbito del dominio público marítimo-terrestre, eliminando los 100 metros de protección que la ley de 1988 establecía en su artículo 23. Y acaba estableciendo, finalmente, determinadas excepciones -que en realidad son muchas- en la aplicación de la normativa, lo que supone en la práctica una amnistía a numerosas actuaciones ilegales realizadas desde bastantes años atrás. La "amnistía a la destrucción, como reza el título del trabajo. Algunas son muy conocidas, como ocurre con los casos de diez núcleos urbanos en cuatro provincias: Serra Grossa y Santa Pola, en Alicante; Empuriabrava y Platja D'Aro, en Girona; Ría de Punta Umbría, y Caño del Cepo y casco antiguo de Isla Cristina, en Huelva; Pedregalejo y El Palo, en Málaga; y Oliva, en Valencia. Las otras excepciones se refieren a urbanizaciones y paseos marítimos que se sitúan en el dominio público marítimo-terrestre, que el anteproyecto de ley deja en manos de las administraciones locales, y a zonas dedicadas a cultivos marinos y salinas.

Si todo lo antes dicho supone una vulneración de los principios de defensa de lo público y de protección de los espacios naturales en el litoral, lo que se aporta en el estudio relativo a la trama político-empresarial resulta un escándalo a todas luces. Nos recuerda, en primer lugar, lo que representa Miguel Arias Cañete, un hombre que no sólo tiene un importante patrimonio personal, sino que por su vinculación a una familia más que conocida (vía matrimonio con la Domecq) está relacionado con importantes negocios petroleros e inmobiliarios. Su relación con Jerez y El Puerto de Santa María es notoria, destacando el papel jugado en la urbanización Puerto Sherry y el proyecto de ampliación en zona de litoral.  

Desde él van desfilando personajes más o menos conocidos, varios de ellos muy vinculados al PP, y que tienen intereses directos en las excepciones que la reforma de la Ley de Costas prevé. Así, Joaquín Rivero, directivo en potentes empresas inmobiliarias, está relacionado con Puerto Sherry y la ampliación del mismo. Bautista Soler, magnate del ladrillo en Valencia, lo está con la urbanización de la playa de La Patacona. Ignacio López de Hierro (marido de Mª Dolores de Cospedal), está vinculado con varias constructoras, así como con los personajes antes mencionados. Abel Matutes (exministro de Exteriores con Aznar) tiene negocios de cultivos marinos en la provincia de Cádiz, las rías gallegas y las islas Baleares. Juan Miguel Villar Mir (exministro de Hacienda con Arias Navarro) los tiene en la ría de Huelva a través de la empresa química Fertiberia; en las rías gallegas, con cultivos marinos; y la ría cántabra de Boo, con una empresa siderúrgica. Gabriel Cañellas tiene negocios salineros en las islas donde en su día llegó a ser presidente en los años 90, las Baleares; es el mismo que en 1997 fue absuelto por prescripción de los delitos de prevaricación y cohecho.


Y como muestra, reproduzco la parte final del trabajo de Geenpeace, donde, bajo el epígrafe "Bautista Soler, Joaquín Rivero, López del Hierro y Arias Cañete", se escribe lo siguiente: 

"La boda en 2009 de Ignacio López del Hierro con María Dolores de Cospedal, fue discreta y según hace eco la revista Hola sólo contó con la presencia de un puñado de invitados. Entre otros, Mariano Rajoy y algunos de los socios de López del Hierro como Rivero, Bautista Soler y otro invitado ilustre: Miguel Arias Cañete. Arias Cañete, en 2008, cuando abandonó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que había dirigido durante la segunda etapa del gobierno de Aznar, ingresa en Bami Newco. Y junto a los amos del ladrillo Rivero y Soler se incorpora como Consejero, es decir, que pasa a formar parte del máximo órgano ejecutivo de la inmobiliaria. Cañete se incorpora a Bami  cuando Gecina es la principal accionista y después de que ésta adquiriese la totalidad de la participación de Bautista Soler y parte de la de Joaquín Rivero, mientras la preside Victoria Soler. Hace un año, en diciembre de 2011, tras la llamada del ya presidente Mariano Rajoy, Arias Cañete renuncia a su puesto como consejero en Bami Newco, aunque se reserva una acción de la empresa en propiedad".