Acabo de leer en Público estas declaraciones de un detenido del 25- S: "Me golpearon en la cabeza, me lanzaron contra un furgón al grito de 'Ahí va el primer pavo', luego estuve días días solo, en una celda aislada. No me podía creer, hasta entonces pensaba que la Policía estaba para protegernos. Me sentí preso de una dictadura". Así se expresó José Cosín, quien, junto con otras 27 personas, ha decidido denunciar judicialmente el haber sufrido torturas y vejaciones durante su detención y estancia en una comisaría de policía madrileña. En distintos medios de comunicación -la mayoría alternativos- pueden leerse estos días diversas noticias dedicadas al que todavía sigue siendo el único detenido que está todavía preso en la cárcel con motivo de la huelga general del pasado 15 de noviembre. Se llama Alfonso Fernández, aunque le llaman Alfon, y a él se ha referido en el Congreso Alberto Garzón, diputado de IU. También ha sido recordado por varios grupos parlamentarios de la misma cámara (ERC, Amaiur, BNG, IU-IP, Geroa Bai, Compromís). Y hasta en el Parlamento de Andalucía el grupo parlamentario de IU ha sacado carteles alusivos. Ayer pude escuchar en el "Intermedio" de La Sexta cómo desde varias delegaciones de gobierno en comunidades autónomas se están enviando multas con cantidades elevadas (300, 500, 600 euros) a personas que son acusadas de manifestación ilegal.
Confieso que anoche me acosté preocupado y pensando en los tiempos de la dictadura, cuando manifestarse era motivo de ser apaleado y detenido. El delito entonces era el de manifestación ilegal, el mismo al que aluden las autoridades gubernamentales para seguir multando y apaleando a manifestantes, para seguir vejando y torturando en comisarias, y hasta para mantener a gente en prisión por luchar contra las medidas antisociales del gobierno. Gente díscola, eso sí. El objetivo está claro: intimidar, atemorizar, desmovilizar, acallar...
Hoy mismo está sentado en un banquillo Rodrigo Rato por su actuación al frente de Bankia. También hoy El Plural dedica un artículo a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación castellonense -el del aeropuerto sin aviones-, por llevar nueve años sorteando la justicia pese a las imputaciones que tiene de corrupción, delito fiscal o cohecho. Cuando cargos públicos o dirigentes del PP abren la boca sobre estas cosas, hablan de estado de derecho. Matizo: un estado de derechas. Cada vez más parecido a lo que acabó hace muchos años.