Sabido es que uno de los pilares de los regímenes fascistas, incluido el español, fue la creación de un marco laboral cuyos ingredientes eran un batiburrillo de declaraciones entre pomposas, demagógicas y contradictorias, tales como la conciliación de clases, la intervención del estado y el principio de autoridad de la empresa, a la vez que se prohibía el derecho de huelga o los sindicatos independientes. Éstos eran sustituidos por organizaciones controladas por el estado (caso del DAP o Frente Alemán del Trabajo) o los sindicatos verticales italianos y españoles, donde convivían el capital y la mano de obra. La Carta del Trabajo mussoliana de 1927 fue el modelo que se siguió después, en 1934, en Alemania con Ley de Ordenamiento del Trabajo Nacional, y en España con el Fuero del Trabajo de 1938, que en los primeros años se desarrollará en la Ley de Reglamentaciones del Trabajo de 1942 o la Ley de Contratos de Trabajo de 1944.
Durante estos años en el país convivieron un marco laboral rígido y una dura represión que atenazó a la mano de obra. Cuando el descontento empezó a dejarse sentir, en 1956 se aprobó por decreto la libertad de las empresas para establecer condiciones laborales que superasen las mínimas fijadas por el estado, lo que culminó en 1958 en la Ley de Convenios Colectivos, inspirada en las orientaciones de la OIT, que no dejaba de ser una de las condiciones dentro de la nueva etapa, obligada por necesidad, que inauguraba el régimen: la apertura a las instituciones económicas internacionales, paso previo para la llegada de capital y el turismo del exterior.
Salvo algunas pequeñas modificaciones más en los años siguientes o las conquistas sociales que mediante costosas y heroicas huelgas alcanzaron trabajadores y trabajadoras, fue tras la muerte de Franco cuando se produjeron cambios legales relevantes. Primero, en pleno proceso de Transición, con la legalización de los sindicatos y el reconocimiento del derecho de huelga en 1977; luego, con la consagración de derechos fijada en la Constitución de 1978; después con el Estatuto de los Trabajadores de 1980, la Ley Básica de Empleo de 1981 y diversos acuerdos entre el gobierno, la CEOE y los sindicatos, como el Acuerdo Marco Interconfederal de 1979 (UGT y CEOE), el Acuerdo Nacional de Empleo de 1980 (UGT, CCOO, CEOE, gobierno)... Independientemente de la singularidad de cada norma o acuerdo, donde se intentaba conjugar el control salarial con la adquisición de derechos, lo cierto es que se lograron importantes avances en las condiciones laborales (jornada laboral, vacaciones, maternidad...), las prestaciones por desempleo y los derechos sindicales.
A las mejoras de las condiciones laborales y de las prestaciones de desempleo le siguieron durante los gobiernos del PSOE, con Felipe González, y el PP, con José Mª Aznar, medidas restrictivas sobre determinados aspectos, lo que derivó en las consiguientes convocatorias de huelgas generales en 1985 (pensiones), 1988 (salarios), 1992 (desempleo), 1994 (contratos-basura) y 2002 (desempleo). Las reformas de 2010, hechas por el gobierno de Zapatero, y la reciente de 2012, por Rajoy, son más vueltas de tuerca a un proceso que no ha hecho sino erosionar las conquistas conseguidas desde 1977.
No es cierto que la legislación actual derive de los tiempos de Franco. Todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que las últimas medidas del gobierno del PP suponen un claro golpe, el más duro, sin duda, a las conquistas conseguidas. Afectan, simultáneamente, a los derechos laborales, a las prestaciones por desempleo y a los derechos sindicales, que, unidos a las medidas ya introducidas por el PSOE, en especial las referidas a las pensiones, nos han puesto en otros tiempos, más parecidos, eso sí, a los de Franco.
