He tardado en manifestarme y no tanto por mi postura inicial, que no ha variado, sino por encontrar más información acerca de la reacción que ha suscitado en determinados sectores de la izquierda y en una buena parte de los medios que pueden incluirse en ese campo. El voto favorable de Unidas Podemos, junto con el del PSOE, a la propuesta de renovación de parte del Tribunal Constitucional ha sido muy criticado. Se ha valorado muy negativamente, después de que en el paquete de cuatro componentes hayan entrado la magistrada del Tribunal Supremo Concepción Espejel y el catedrático Enrique Arnaldo, cuyos vínculos con el PP son más que evidentes. En el caso del segundo, además, con una serie de irregularidades (incluidos sobreseimientos judiciales sospechosos) que han hecho saltar las alarmas. Se ha hablado de desprestigio de ese órgano con la inclusión de una persona de ese calado. Lo que es cierto. Se han empleado términos como ética o principios éticos a la hora de mostrar el rechazo. Lo cual puede discutirse o, al menos, matizarse.
En los medios próximos al PP se ha hecho hincapié en que se haya incluido en la terna al magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel, propuesto por Unidas Podemos, lo que se ha equiparado a los casos de Espejel y Arnaldo. No ha faltado tampoco que se hayan resaltado las divergencias existentes en el seno de los grupos de la izquierda, en especial en Unidas Podemos, dejando de lado que la clave de la polémica se encuentra en lo que rodea a la figura de Arnaldo.
Desde el PSOE y UP se ha defendido que el acuerdo con el PP para renovar una parte del Tribunal Constitucional ha sido una puerta para desbloquear la renovación de otros órganos del Estado (Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo...). A eso hay que añadir que para mayo de próximo año procede una nueva renovación en el mismo Constitucional, en la que, basada en la mayoría parlamentaria progresista, se conseguiría que ese órgano dejase de estar controlado por la actual mayoría conservadora.
Y es aquí donde se encuentra la clave de la polémica. Lo que se ha llevado a cabo ha sido un movimiento táctico, con elementos perversos, por supuesto, pero que está permitiendo romper con el secuestro/chantaje permanente que el PP lleva haciendo desde hace más de dos años. Ahora mismo la mayor parte de esos órganos del Estado está en manos de mayorías conservadoras. Las decisiones que están tomando en algunos casos están suponiendo la paralización de las medidas aprobadas bien por el gobierno o bien por las cámaras parlamentarias. De esa manera, el Constitucional se está poniendo por encima del órgano que representa la voluntad popular: el parlamento. ¿Qué ha hecho, si no, el Constitucional con las dos sentencias acerca de los estados de alarma aprobadas el años pasado para hacer frente a la pandemia? ¿Qué acaba de hacer recientemente en torno al impuesto de plusvalía? ¿Y que podría ocurrir sobre la última ley del aborto, cuya resolución sobre el recurso presentado por el PP en 2011 aún no se ha decidido? ¿No corren acaso peligro las leyes de Vivienda, Eutanasia, Igualdad, Memoria...?
No debemos perder de vista que desde la derecha, especialmente el PP y Vox, no paran de presentar recursos contra las medidas progresistas aprobadas por el PSOE en su día o por el de coalición PSOE-UP actual. La guerra judicial es parte de la estrategia que están desarrollando para acabar con el gobierno que califican de "ilegítimo", "socialcomunista", "golpista", "etarra"... ¿En estas circunstancias era mejor oponerse a la renovación del Constitucional?
Por mi parte, siempre he tenido claro que, pese al "sapo", o "cocodrilo", de Enrique Arnaldo, ha resultado mejor el voto favorable que haber seguido con el bloqueo político impuesto por el PP.
