Se trata de un reconocimiento explícito de que el derecho internacional ha sido vulnerado, una vez más, después que el territorio del Sáhara Occidental siga siendo utilizado por Marruecos y la UE a espaldas de la población saharaui. Por parte del primero, como estado ocupante ilegal de un territorio que sigue estando reconocido por la ONU como en proceso de descolonización. Y de la segunda, como un ente político supranacional que incumple, en favor de Marruecos y en contra del pueblo saharaui, la normativa internacional.
La diplomacia saharaui había planteado ante el citado tribunal europeo tres recursos: contra el propio acuerdo de liberalización, contra el acuerdo pesquero y contra el reparto de cuotas pesqueras. En los dos primeros se le ha dado la razón, no así en el tercero. Pese a lo incongruente del caso en relación a dicho reparto, así como que el primero de esos acuerdos disponga de un plazo de prórroga de dos meses, no debe menospreciarse lo conseguido por el Frente Polisario. No deja de ser un duro varapalo tanto para Marruecos como para las autoridades europeas.
La decisión del TGUE supone también una advertencia para España, que, como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, sigue sin asumir su responsabilidad. Hasta el momento, desde 1975, los distintos gobiernos (los franquistas de Arias Navarro y Suárez, de la UCD, del PSOE y del PP) se ha desentendido de los derechos que asisten al pueblo saharaui y han tomado partido, por distintas razones, por unas relaciones amistosas con Marruecos.
Lo que pueda venir en poco tiempo desde el vecino estado africano está por ver, pero seguro que abrirá nuevas fricciones. No debemos olvidar lo ocurrido hace unos meses, concretamente en mayo, cuando se provocó por parte del gobierno marroquí una crisis humanitaria a través de los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla. La excusa fue la presencia en nuestra territorio de Brahim Galli, líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, que fue atendido hospitalariamente por las secuelas sobre su salud después de que hubiera contraído el covid-19.
De ese tipo de amenazas y chantajes las autoridades marroquíes saben mucho, estando presentes a lo largo del casi medio siglo de ocupación del Sáhara Occidental. Sin embargo, lo que falta es la firmeza del gobierno español, poniendo en primer plano la responsabilidad que nos asiste como antigua potencia colonial y en el respeto al derecho internacional, permanentemente vulnerado por Marruecos. Así mismo, desde el gobierno resulta necesario que se hagan valer esas obligaciones ante las instancias políticas de la UE y especialmente frente a Francia, que es el principal aliado de Marruecos.
