sábado, 1 de febrero de 2020

El contexto de las muertes de Emilio Martínez y José Luis Montañés, y del asesinato de Yolanda González

Hace 40 años, el 1 de febrero de 1980, murió asesinada en Madrid Yolanda González. Militante del Partido Socialista de los Trabajadores y líder en el sector de la enseñanza media, fue secuestrada, asesinada y abandonada en un descampado por militantes de extrema derecha, vinculados a Fuerza Nueva, contando con la colaboración de varios miembros de la policía. Unas semanas antes, en diciembre de 1979, habían muerto por los disparos efectuados por la Policía Nacional los estudiantes universitarios Emilio Martínez y José Luis Montañés, que estaban participando en una multitudinaria manifestación en el centro de Madrid. Todo ello ocurrió dentro de un contexto concreto en el mundo educativo, que coincidió con las protestas que en el seno del movimiento obrero se estaba dando en torno al Estatuto de los Trabajadores.

Un contexto en el que no faltó un ingrediente heredado del franquismo: de un lado, el proceder de las fuerzas de orden público, comandadas por jefes policiales que hacían de la violencia su forma principal de disuasión y formadas por unos policías propensos al conocido como “gatillo fácil”; y de otro, la connivencia existente entre determinados mando policiales, miembros de los diversos cuerpos policías y miembros de la judicatura con los grupos de extrema derecha. Las muertes antes referidas ilustran lo antes dicho.

Veamos cómo he reflejado lo ocurrido sobre las movilizaciones estudiantiles en Salamanca durante el último trimestre de 1979 y primeros momentos de 1980, dentro de un trabajo mío escrito en 2009 (no publicado) y con el título De la lucha política clandestina a la legalidad. El Partido del Trabajo de España y la Joven Guardia Roja en Salamanca (1974-1980).


"Iniciado el curso académico, la Universidad volvió a ser centro de actualidad, esta vez con ocasión de la discusión de dos proyectos de ley educativos, el de autonomía universitaria (LAU) y el Estatuto de Centros Docentes, que habían presentado respectivamente los ministros de UCD Luis González Seara, del ala socialdemócrata, y José Manuel Otero Novas, democristiano. Los dos proyectos intentaban adaptar la educación no universitaria y la universidad al nuevo contexto democrático, si bien desde un prisma conservador*. En el caso de la LAU, aspectos como el que se abrieran las puertas a las universidades privadas, se mantuviera la hegemonía de los catedráticos en los claustros, no se diera satisfacción al problema de los PNNs o no se permitiera una autonomía suficiente a los centros dieron origen en noviembre a nuevas protestas, sobre todo entre el estudiantado.

A lo largo de las semanas anteriores se había creado en buena parte de las facultades de la Universidad salmantina, a la que sumaron estudiantes de la universidad Pontificia, una estructura de participación y representación estudiantil basada sobre todo en las asambleas de curso, cuyos representantes se reunían en una coordinadora de distrito. Hubo quienes llegaron a desplazarse a Madrid en representación del distrito. Las asambleas, las reuniones, los escritos públicos, una pegada de carteles hechos a mano por las calles de la ciudad, etc. fueron muestras de lo que parecía un renacimiento de las movilizaciones universitarias. Los institutos de enseñanza media también participaron en las movilizaciones, en este caso contra el Estatuto de Centros Docentes.

Durante el mes de diciembre el conflicto tuvo su momento álgido, coincidiendo con las movilizaciones contra el Estatuto de los Trabajadores  promovidas por CCOO y los sindicatos de menor influencia, como CSUT, SU o CNT. Pero fue con la muerte en Madrid de dos estudiantes el 13 de diciembre, como consecuencia de la represión policial, cuando se volvió la situación más tensa. Durante una multitudinaria manifestación en el centro de Madrid, Emilio Martínez y José Luis Montañés murieron como consecuencia de los disparos efectuados por la policía nacional. El gobierno llegó a denunciar en los medios de comunicación que la responsabilidad de los ocurrido era de la Joven Guardia Roja [organización juvenil vinculada al Partido del Trabajo de España, que siguió existiendo como tal tras la breve unificación en 1979 de dicho partido con la Organización Revolucionaria de Trabajadores] y el FRAP [vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista)].

Dada la cercanía de las vacaciones las protestas se quedaron en asambleas de curso y facultad, y algunos comunicados en la prensa local de estudiantes de Magisterio, 4º de Historia y Ciencias.

Tras el paréntesis vacacional se reanudaron las acciones de protesta. Junto a la convocatoria de una huelga general para el día 29 de enero  en todas las universidades, se organizó  en Anayita un encierro, convirtiéndose el Aula Juan de la Enzina de nuevo en el lugar de celebración de las asambleas del distrito. El día 31 se celebró una manifestación, en la que varios miles de estudiantes desfilaron por las calles del centro de la ciudad, pidiendo la dimisión del ministro González Seara y la retirada de la LAU, no faltando el homenaje y la  protesta por los dos estudiantes muertos en el mes anterior. Se llegó incluso a proyectar la celebración de un acto público en el pabellón de La Alamedilla, que no se pudo llevar a cabo por la negativa del Ayuntamiento a cederlo.  Esto no fue óbice para que la Plaza Mayor fuera escenario durante la noche del sábado 2 de febrero de unas actividades entre lúdicas y reivindicativas, organizadas de una forma espontánea tras la suspensión del acto previsto.

La participación e influencia de la militancia del Partido de los Trabajadores de España/Partido de los Trabajadores de Castilla-León fue significativa, tanto por su presencia como representantes en todos los niveles (curso, facultad o distrito) como en la estrategia de la lucha llevada a cabo. Maxi y Rafa (en Derecho), Pedro, (en Físicas), Julio y Jesús (Geografía e Historia), Arturo (en Magisterio), y José Nieto y Nino (en Medicina) participaron en primera fila. Después de varios años el PTE se había mostrado por primera vez como un grupo sólido, maduro y bien organizado, pese a su reducido número. Ya apenas quedaban militantes del PCE, las Plataformas Anticapitalistas habían desaparecido y la Liga Comunista Revolucionaria apenas conservaba algunos militantes. La mayor experiencia y madurez de la militancia del PTE/PTC-L hizo que su trabajo fuera más influyente. Se llegó a comentar en algunos círculos de estudiantes y hasta en las mismas asambleas que todo era un montaje de los partidos y sobre todo del PTE/PTC-L. En parte tenían razón, porque sus planteamientos y su trabajo se habían dejado sentir, pero sobredimensionaban el número de personas que lo componían. Veían erróneamente militantes del PTE/PTC-L en un número que podía recordar los tiempos en que el PCE los tenía por decenas.

En el caso de los institutos, los miembros de la JGR también estuvieron presentes en las distintas acciones realizadas, en forma de asambleas, reuniones, actos de protesta, etc.

Finalmente, el 1 de febrero otra estudiante, Yolanda González, militante del PST y líder en el sector de la enseñanza media, fue secuestrada y asesinada por militantes de extrema derecha durante las movilizaciones estudiantiles que continuaron tras el paréntesis vacacional.

*La Ley General de Educación de 1970 no había resuelto la democratización de  los centros docentes y de las  universidades, por lo que fueron los gobiernos de la UCD los que debieron iniciarla. Ocuparon las carteras de Educación personas vinculadas a la familia democristiana: Iñigo Cavero y José Manuel Otero Novas. Desde abril de 1979 se desligó de ese ministerio la Universidad, que pasó, junto a la investigación, a depender de un ministerio propio, con González Seara al frente. El proyecto de la LAU acabaría siendo retirado en 1982".