Raúl Capín está a punto de ser juzgado por el delito de atentado contra la autoridad, por lo que puede ser condenado a dos años de cárcel. El origen de todo esto se encuentra en varias movilizaciones que tuvieron lugar entre febrero y abril de 2013, tras las cuales se le acabó acusando de intentar agredir a fuerzas de seguridad. Llama la atención el papel que los medios de comunicación conservadores han jugado en las acusaciones, como ocurrió con los diarios La Razón, El Mundo y ABC, que publicaron en sus portadas imágenes donde aparecía Capín, pero no como periodista, sino como participante directo y miembro de organizaciones de extrema izquierda, desvinculándolo así de su actividad profesional. Este caso no es único, sino que está afectando a bastantes fotoperiodistas más, también dentro de procesos penales o de sanciones administrativas, esta vez relacionadas con la ley mordaza aprobada el año pasado. La idea es que se trata de amedrentar la labor de profesionales de la información que, con su atrevimiento, están sacando los colores de la represión ejercida por el poder sobre las movilizaciones ciudadanas. Teniendo en cuenta que los dos primeros años del gobierno del PP conocieron numerosas movilizaciones contra las medidas impopulares que introdujeron a saco y que la reacción fue aplicar mano dura, se entiende la reacción policial y judicial contra Capín, en este caso, y contra más periodistas.
La solidaridad con Capín lo es hacia su persona, extensible a quienes están en la misma situación, coartado en el derecho al ejercicio de su profesión y violentado en su dignidad personal. A través de los diarios digitales Diagonal y Tercera Información se puede saber más de lo ocurrido, como, entre otras cosas, los comunicados de apoyo y sendas entrevistas al periodista.
