La libertad de expresión y la libertad de creación artística están en peligro. Ayer condenaron al cantante rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel; hoy una jueza ha secuestrado cautelarmente un libro del periodista Nacho Carretero; y también hoy se ha censurado en la feria ARCO una colección fotográfica de Santiago Sierra. Por medio se encuentran acusaciones de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo en canciones; la mención a un exalcalde del PP que se le ha vinculado al narcotráfico; o la denuncia por la existencia de personas presas por motivos políticos en España. Decisiones judiciales que van en una sola dirección y/o que pecan de desproporción. Una decisión empresarial que resuelve evitar que se visualice un problema político. No son los únicos casos. Son muestras de una situación que se está envenenando. A la que se une el procesamiento, cuando la prisión preventiva, por motivos políticos. Lo estamos viendo en Catalunya, con el desfile de llamamientos judiciales y el encarcelamiento de varias personas, o en el caso de Altsasu, en Navarra, con varios jóvenes en prisión y peticiones elevadas de penas bajo la acusación de terrorismo.
Decisiones judiciales, en fin, que están siendo motivo de duras críticas, incluso desde sectores del propio ámbito de la judicatura, en los que se rechazan determinadas acusaciones o se considera desproporcionadas algunas medidas. Lo que contrasta con otros casos, donde las personas implicadas en diversos delitos no son procesadas, se les aplica eximentes, se les permite vivir fuera del país...
Estamos, pues, asistiendo a un claro retroceso de los derechos y las libertades en general. La libertad de expresión y el de creación artística, entre ellas. Y el mundo de la justicia está tomando parte.
