Una sentencia injusticia contra la lucha jornalera

Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y tres miembros más del SAT han sido condenados a siete meses de prisión por la ocupación de la finca "Las Turquillas", sita en Osuna (Sevilla), en el verano de 2012. Se trata de un latifundio de 1.200 ha. perteneciente al Ministerio de Defensa que está infrautilizado, dedicada básicamente a la cría de una yeguada militar, pero con un enorme potencial económico para el laboreo agrícola y, ante todo, con la posibilidad de que pudiera servir de sustento a numerosas familias, cuantificado según algunos cálculos en 800 puestos de trabajo. 

La reivindicación del SAT-SOC se inscribe en la trayectoria histórica de la lucha por la tierra en Andalucía, basada en el reparto de los latifundios improductivos. La lucha jornalera recobró importancia en los momentos finales del franquismo y en la Transición, a través especialmente del SOC, y se ha mantenido hasta nuestros días. Una lucha muy digna y encomiosa, pero cargada de situaciones difíciles ante la permanente represión que sufren sus protagonistas.  

Desde una perspectiva ética y de los derechos humanos, viola flagrantemente el derecho al trabajo y una vida digan de las personas, superior a cualquier interpretación de la ley que pueda proteger el derecho de propiedad. Viola también el principio de que la ley se cebe contra el eslabón más débil, el de las personas que tienen muy poco y de quienes se solidarizan con ellas. No ha tenido en cuenta tampoco un hecho, como la aprobación en 2010 por el Senado de una iniciativa, precisamente del PP, por la que se pedía al Ministerio de Defensa que cediera la finca para su uso agrícola.

Independientemente de que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo, la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía expresa una clara injusticia. Una vez más.

(publicado el 21-11-2013)

Leyes represivas y leyes benevolentes

El gobierno sigue con la carga del endurecimiento del código penal o la tipificación de nuevos delitos. Ahora se está cebando en la criminalización desmesurada de determinadas acciones ciudadanas, que no dejan de ser expresión del malestar social y político existente. Es lo que  se está conociendo con el nombre de "ley mordaza" y que desde el gobierno se dice que "nos hará más libres". Perseguir y castigar con dureza los escraches, la participación en manifestaciones no convocadas legalmente, las acciones pacíficas en determinados edificios oficiales o las concentraciones en las sedes de los principales organismos del estado, que son formas de protesta pacíficas. Así mismo, se pretende castigar con mayor dureza acciones que se producen al fragor de situaciones tensas, como la resistencia o las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad; o el destrozo de bienes, como contenedores de basura, cajeros, etc.  En su conjunto está dando la medida de lo que busca el gobierno: atemorizar aún más a la gente, para amordazarla y desmovilizarla. Y de paso, restringir las libertades públicas.

Hace un año publicó Rebelión el artículo "Ni la delincuencia aumenta ni el código penal español es blando", escrito por el sociólogo Albert Sales i Campos, cuyo titulo sintetiza con claridad en qué situación nos encontramos. Hablaba de cosas como que en la reforma del código penal hecha en 2003, fruto del consenso PP y PSOE, se desplegó "una retórica llena de clichés del populismo punitivo importado del otro lado del Atlántico". Era una reforma hecha sobre un código penal que ya se había endurecido en 1995, lo que ha supuesto ampliar la capacidad de los jueces para dictar prisión preventiva, crear incentivos de autoinculpación para evitar trámites judiciales y conseguir beneficios penitenciarios, aumentar la cuantía de la pena máxima a los 40 años o condicionar el tercer grado al pago efectivo de responsabilidades civiles.

Uno de los resultados ha sido el incremento de la población recluida en las cárceles, que casi se duplicó entre 1996 y 2009, y no precisamente porque hubiera aumentado el número de delitos. Lo que estaba expresando es el endurecimiento de las penas y su tratamiento judicial. Sales i Campos resaltaba que de hecho se estaba dando un retroceso en los índices de victimización en casi todas las formas de delitos, lo que ilustraba con datos como los siguientes: "Tanto los robos de coches, como los de objetos en el interior de los vehículos, los robos en viviendas, las agresiones sexuales, o las agresiones físicas, han reducido sus tasas de victimización. También se han reducido los robos con violencia e intimidación que tienen un gran impacto en la sensación de seguridad de la ciudadanía. De una tasa del 9,2% en 1989 se ha pasado a un 5,6% en 2009".

El otro día aludí a un programa en La Sexta dedicado a los jueces que se han atrevido a perseguir tramas de corrupción y de delincuencia organizada. Ámbitos donde se entremezclan las diversas formas de delitos económicos y donde se alcanzan unas cantidades de dinero tan desmesuradas, que dejan en ridículo las cuantías en las que se mueven quienes llenan las cárceles. Se está poniendo en evidencia eso que el ya exjuez Diego Torres llamó una justicia destinada a perseguir a "los robagallinas", pero poco preparada para actuar sobre la delincuencia financiera en cualquiera de sus formas.

Si lo que el sociólogo nos contaba es cierto -algo de lo caben pocas dudas, al estar basadas sus apreciaciones en datos oficiales-, ¿qué puede estar ocurriendo? Él mismo respondía de la siguiente forma: "Probablemente, el incremento de otros tipos de inseguridades derivadas de la precarización de los mercados laborales o de la extensión del riesgo de pobreza entre amplias capas de la población, genera sensibilidad a discursos que ofrezcan respuestas rápidas, fáciles de explicar y que trasladen la culpabilidad a personas y colectivos con comportamientos que se desvíen de los mayoritarios".

En los últimos años han aumentado las protestas ciudadanas: en frecuencia y número, en lugares, en participantes y hasta en variedad de formas. Es algo que preocupa a los gobiernos, aunque sea el actual del PP, por su carácter conservador, el que esté dando más vueltas de tuerca. Las medidas que ha anunciado apuntan en la dirección de una justicia aún más punitiva y más restrictiva en las libertades y los derechos.  

Una orientación política que no está exenta de aparentes contradicciones. Como ocurre en la posible modificación de la legislación sanitaria en lo relativo al consumo de tabaco en determinados lugares públicos, como las zonas de juego. El megaproyecto de Eurovegas está siendo la excusa, donde se pretende crear, de entrada, una zona libre de las restricciones existentes en otros sitios. Se trata de un negocio donde convergen capitales de diversa procedencia, pero con el común denominador de su opacidad y ser un vehículo para su blanqueo. Un negocio redondo, que cuenta con un amplio apoyo en diversas instancias del PP y del que se espera que sirva de revulsivo electoral.

La justicia actúa en contextos concretos y está claro que quienes tienen la capacidad de legislar e incidir en ello, lo hacen con intereses concretos. Ya he señalado cuáles son.  

(Publicado el 21-11-2013)

La revolución francesa, una revolución ante todo popular

El 14 de julio es la fiesta nacional francesa. Fue el día, allá por 1789, en que el pueblo de París inició su protagonismo activo en el proceso revolucionario que un mes antes se había iniciado por las élites políticas que habían roto con el antiguo régimen. Fue una revolución trascendente. Ha dado para escribir miles y miles de libros, así como diversas interpretaciones históricas.

Cuando tuvo lugar el segundo centenario se abrió en Francia un nuevo debate, donde pareció que se impuso la tendencia liderada por François Furet, quien llegó a proclamar “La Revolución Francesa ha terminado”. Desde esta visión se demonizó la vertiente popular de la revolución, a la que achacaron los excesos habidos (el terror) y señalaron como origen de los regímenes autoritarios y/totalitarios del siglo XX. Se ensalzaba, así, a quienes dirigieron los primeros momentos de la revolución, que, desde esa perspectiva, representaron la tendencia liberal y, por ende, democrática que se fue desarrollando a lo largo de los siglos XIX y XX.

Furet llevaba tiempo intentando abrir ese camino interpretativo, en especial cuando en 1978 publicó Pensar la revolución francesa. Frente a él se había levantado una historiografía de enorme envergadura intelectual, muy bien documentada, que se había desarrollado al abrigo del marxismo y que entroncaba con una tradición historiográfica que hundía sus raíces en el siglo XIX y que resaltaba ante todo el carácter social de la revolución y con ello, de sus protagonistas. Georges Lefebvre, primero, y Albert Soboul, después, fueron sus principales exponentes. Este último no tuvo reparos en resaltar uno de los principales defectos de los libros de Furet, que era su escasa apoyatura documental. También supo denunciar las “tentativas revisionistas” que previamente a Furet se habían hecho a través de Cobban, Palmer, Godechot, etc., en cuyas obras no faltaba la interrelación entre su contenido y la coyuntura política en que se escribieron.

Lo que aquí voy a desarrollar tiene como base un capítulo del texto que utilizo en mis clases de 1º de Bachillerato en la asignatura Mundo Contemporáneo, aunque con algunas modificaciones y añadidos. Tiene, en todo caso, una enorme deuda con las obras de Lefebvre y Soboul, aunque también la tiene con otras personas que han trabajado en el conocimiento de un episodio histórico tan primordial. Al fin y al cabo estoy con la manera de hacer historia desde la objetividad, lo que obliga al rigor, pero consciente de que la neutralidad no existe.         

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De la revolución francesa Albert Soboul dijo que fue la más explosiva de las revoluciones burguesas debido a la terquedad de la aristocracia, que se negó a hacer concesiones y al compromiso con la burguesía. Constituyó la vía revolucionaria que destruyó el absolutismo y el feudalismo, liberando al campesinado de los derechos señoriales y del diezmo eclesiástico, acabando con los estamentos, aboliendo los monopolios comerciales y corporativos, unificando el mercado nacional y liberando la mano de obra.

Antes de 1789 Francia estaba inmersa en una sociedad feudal, con la nobleza, tanto laica como eclesiástica, se erigía en la clase dominante. La nobleza era propietaria de un 60% de las tierras, de las cuales el 20% estaba en manos de la laica; el 10%, de la Iglesia; y el 30%, del rey. Nobleza laica e Iglesia eran propietarias jurídicas de esas tierras, que constituían los llamados señoríos territoriales, pero también disponían de otras donde, sin tener la titularidad como propietarias, ejercían la jurisdicción y con ella el privilegio de dictar justicia y recibir diversas rentas. Rentas muy diversas que debía pagar el campesinado, como las derivadas del arrendamiento de sus propiedades; los conocidos como derechos señoriales en forma de tasas y prestaciones de trabajo; o el diezmo, exclusivo de la Iglesia. La nobleza disponía también de diversos privilegios: fiscales, no pagando impuestos; políticos, con el acceso casi restringido a los puestos políticos, la administración y el ejército; y jurídicos, al disponer de tribunales de justicia propios.

La otra cara de la moneda la representaba la mayoría de la población, que en su mayor parte vivía en una situación desastrosa. El campesinado era mayoritario, tenía unos ingresos insuficientes y estaba sometido al pago de rentas, derechos señoriales, diezmos o impuestos. Los grupos populares que vivían en las ciudades estaban a expensas de las subidas de precios en artículos esenciales, como el  pan. Sólo la burguesía  se enriquecía, pero estaba marginada del poder político.

En el periodo precedente al inicio de la revolución en Francia se estaba pasando una coyuntura crítica que agravó la situación antes descrita. El estado estaba en la bancarrota, consecuencia de un exceso de burocracia, el aumento de los gastos de guerra (la última fue la Guerra de los Siete Años, contra Inglaterra) o la acumulación creciente de la deuda pública. En los años 85, 88 y 89 la sequía afectó a la producción, reduciendo los ingresos campesinos y aumentando los precios del pan en las ciudades. Mientras el monarca concentraba todo el poder en sus manos, las ideas de libertad, razón, antiautoritarismo, derechos, etc. que habían divulgado los ilustrados fueron ganando adeptos entre la minoría que tenía una cierta formación académica.

El rey Luis XVI había intentado tomar medidas que mejoraran la situación, para lo que buscó el apoyo de economistas, como Turgot y Necker, que eran partidarios de introducir algunas reformas, como fue el caso del pago de impuestos por la nobleza. Entre 1787-89 este estamento luchó por evitarlo, pero la presión creciente de la población, cada vez más descontenta, hizo que en 1789 la situación estallara a raíz de la convocatoria de los estados generales en junio.

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Es en este contexto donde alcanzó un gran eco el opúsculo de Emmanuel Sièyes ¿Qué es el Tercer Estado?, donde se justificaba la legitimidad del tercer estado para luchar contra la monarquía absoluta y los privilegios nobiliarios. La nobleza no cedió en sus privilegios, por lo que el tercer estado, apoyado por algunos miembros de la nobleza y el clero, crearon la Asamblea Nacional, que se erigió en la representación de la nación. Se marcó como principal objetivo la elaboración de una constitución, que se aprobaría dos años más tarde, en 1791.

Pero fue el 14 de julio de 1789 el momento más decisivo. Fue el inicio de la movilización popular con el asalto a la fortaleza de la Bastilla, que funcionaba como una prisión real y simbolizaba la ignominia del antiguo régimen. Desde ese día la revolución popular se extendió por el resto del país y el protagonismo de los grupos sociales populares  se hizo más visible, que actuaron a través de las asambleas comunales que se fueron formando en las distintas localidades y especialmente en la capital. Precisamente en esas asambleas jugaron un papel muy activo las mujeres, pese a que los diferentes textos constitucionales nunca reconocieron su derecho al voto.  

La Asamblea Constituyente, mientras tanto, fue aprobando numerosas e importantes medidas. En agosto proclamó una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la que el estado de Virginia había aprobada trece años antes en el fragor de la guerra de independencia de las colonias norteamericanas contra Gran Bretaña.  (1789). También abolió el régimen señorial y aprobó una reforma agraria que repartió las propiedades de la nobleza contraria a la revolución y de la Iglesia.

La Constitución de 1791 reflejó los principios liberales de soberanía nacional y separación de poderes, y recogió en su Preámbulo la Declaración de derechos de 1789. Los poderes del rey fueron limitados, conservando el poder ejecutivo y con la prerrogativa del derecho de veto sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. El sufragio, sin embargo, se concedió a una minoría de varones sobre la base de la tenencia de un nivel mínimo de renta, dentro de lo que se denomina como sufragio censitario.

Fue en este año cuando Olympe de Gouges redactó su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que fue motivo de burla y rechazada. Buscaba el reconocimiento de la mujer como sujeto político, pero dentro de los cánones de la monarquía liberal restringida que se instituyó con la Constitución. 

Los problemas que se fueron planteando a la naciente revolución a lo largo de los primeros años derivaron, en primer lugar, de la negativa de la nobleza y la mayoría del clero a acatar al nuevo régimen, protagonizando conspiraciones o huyendo del país. Encontraron el apoyo de Gran Bretaña, el Imperio Austriaco y Prusia, que llegaron a organizar varias coaliciones para acabar militarmente con la revolución. La práctica contrarrevolucionaria del rey se basó en el veto a las medidas aprobadas por la Asamblea, lo que gozaba de la protección constitucional. Finalmente intentó huir del país para unirse a las tropas de la coalición, aunque fue detenido en la localidad de Varennes, cerca de la frontera prusiana, el junio del 91.

Los peligros que corría la revolución fueron advertidos por algunos sectores políticos y sociales, que pidieron más contundencia frente a la contrarrevolución, la destitución del rey y la ampliación de los derechos al conjunto de la población. Esta posición fue defendida por los grupos que formaban la llamada Montaña, donde estaban fundamentalmente los jacobinos, un grupo político que tenía como base social la pequeña burguesía, y los famosos sans culottes, constituidos por las masas populares parisinas. Se hicieron muy conocidos líderes jacobinos como Marat, Robespierre, Danton o Saint Just, y sans culottes como Hebert o Roux.

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La declaración de guerra por la coalición en abril del 1792 generó una fervorosa reacción popular en defensa de la revolución. Fue el momento en que surgió un nuevo ejército, que se basó en el reclutamiento obligatorio y donde los jacobinos y sans culottes jugaron un papel activo. Estos grupos radicalizaron sus posiciones y la situación culminó en agosto del 1792 con el asalto al Palacio de las Tullerías, residencia del monarca y sede de su acción de gobierno. Con ello se formó una nueva asamblea, que se denominó Convención y proclamó de inmediato la república. Inicialmente estuvo controlada por los girondinos, una tendencia política revolucionaria partidaria de la república, pero con planteamientos  moderados. En gran medida era el grupo que mejor se acomodaba a los intereses de la alta burguesía.

Mientras tanto, Luis XVI fue encarcelado, sometido a juicio y finalmente ejecutado. En los primeros momentos fue el grupo girondino quien controló las instituciones revolucionarias. Esto se tradujo, con el apoyo jacobino y los sans culottes, en la represión de los elementos contrarrevolucionarios con la formación del Tribunal Revolucionario y hasta una parte de la gironda votó incluso la ejecución del rey. Pero el nuevo gobierno también se orientó hacia el freno de las reivindicaciones populares, que pedían una mayor democratización, la profundización en la reforma agraria y medidas sociales para la gente de las ciudades, entre ellas el control de los acaparamientos de productos básicos.

Junto a esta efervescencia interna se encontraba la presión que los ejércitos de la coalición ejercieron contra la revolución. También aquí el gobierno girondino mostró una tibieza que fue exasperando cada vez más a los sectores de la sociedad más activos. Y fue en medio de todo esto cuando en junio de 1793 los jacobinos se hicieron con el control del gobierno y las principales instituciones revolucionarias. Su prioridad fue la defensa militar, que además se saldó con éxito. También mantuvieron la persecución de los elementos contrarrevolucionarios, y fueron implacables con quienes llevaban a cabo el acaparamiento de productos básicos para su especulación, llegando a fijar un precio máximo para el pan.  

Ese mismo año, en junio, se aprobó una nueva Constitución, que era bastante más avanzada que la de 1791. Reconoció el sufragio universal para los varones, así como nuevos derechos, de carácter social, como el de educación o la beneficencia pública. El gobierno jacobino, a su vez, respetó la acción de las asambleas populares, si bien pronto

Las persecuciones políticas acabaron afectando, por distintas razones, a otros grupos de la revolución: girondinos, como fue el caso de Olympe de Gouges; jacobinos moderados, como Danton; o sans culottes, como Herbert, privando al régimen de uno de sus apoyos más importantes.

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En marzo de 1794 un golpe de estado acabó con el gobierno jacobino y llevó a sus dirigentes más significativos, Robespierre y Saint Just, a la guillotina. Su gobierno fue conocido como Termidor, por ser ése el nombre del mes en el nuevo calendario revolucionario.

Desde ese año se inició una nueva etapa en el curso de la revolución, de un signo diferente, moderado y bajo el control de la burguesía. En 1795 se aprobó la tercera Constitución, que dio lugar al Directorio, un gobierno de 5 miembros. Fueron años de gran inestabilidad política y económica, pero, a la vez, del inicio de la intervención militar francesa en el exterior.

Este periodo concluyó en 1799 con la llegada al poder del general Napoleón Bonaparte. Este personaje abrió una nueva etapa, marcada por su fuerte personalidad, y cuya actuación tuvo dos rasgos básicos. El primero fue el de consolidar los logros de la revolución y, si se quiere, culminarla, aunque desde una vertiente moderada. Buscó la reconciliación con los antiguos sectores contrarrevolucionarios, permitiendo la vuelta de la nobleza exiliada y firmando un concordato con la Iglesia. A Napoleón se le deben los códigos civil y penal, la reorganización de la administración y de la educación, la formación del banco nacional, etc., que sirvieron de modelo para otros países en la vía de construcción de los nuevos estados liberales, persistiendo bastantes de ellas en nuestros días.

El segundo rasgo de la obra de Napoleón deriva de su intervención en el exterior, para lo acabó creando un vasto imperio que le llevó a controlar la mayor parte de los países europeos y propagar paralelamente los principios liberales. A un periodo de brillantes éxitos militares, que tuvo su momento de apogeo en 1812, le sucedió el agotamiento de la población y el fracaso de la campaña de Rusia, que hicieron que en 1815  fuera definitivamente  derrotado en Waterloo por una nueva coalición de las potencias enemigas, esto es, Gran Bretaña el Imperio Austriaco y Prusia.

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Después de un periodo de intensa actividad revolucionaria en Francia que abarcó un cuarto de siglo, el balance que se puede hacer resulta controvertido. Lo más significativo fue el eco que alcanzó en su tiempo y que continuó en las décadas posteriores. Fue la más violenta de las revoluciones burguesas, pero de alguna manera fue inevitable ante la resistencia de las fuerzas del antiguo régimen a ceder en sus privilegios.

El ala más activa de la revolución fue la pequeña burguesía, formada por pequeños propietarios agrarios y urbanos, profesiones liberales, etc., que con el apoyo de las masas populares del campo y de la ciudad creó durante el periodo jacobino (1793-94) un régimen cuyo ideal fue la democracia de pequeños productores independientes, basada en el trabajo y el comercio libre.

La alta burguesía tendió siempre al compromiso con la monarquía y la nobleza. Controló el primer periodo de la revolución, el de una monarquía liberal restringida (1789-93), y acabó imponiéndose en 1794, durante los periodos termidoriano, del Directorio y napoleónico.

La trascendencia de esta revolución radica en la influencia que tuvo hacia el exterior, dada la vocación universal que desde el principio manifestó: en sus fundamentos teóricos apeló a la idea de libertad y recogió los  ejemplos de Inglaterra durante el siglo XVII y los nacientes EEUU a finales del XVIII, y los principios ilustrados. Pero la revolución francesa les dio una dimensión más amplia, en teoría para todas las personas, como fijó en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y todos los pueblos, mediante la exportación de la revolución a otros países. Amplió incluso los contenidos liberales, introduciendo derechos sociales como el de educación o la beneficencia pública, y aboliendo la esclavitud. En la práctica, sin embargo, fueron frecuentes ciertas limitaciones de derechos y libertades, como fue el caso del sufragio censitario o la marginación y discriminación de la mujer, que fue apartada del sufragio, estuvo supeditada en el matrimonio, etc.

Bibliografía

Furet, François (1980). Pensar la revolución francesa. Barcelona, Petrel.

Gauthier, Florence (2014). “Olympe de Gouges: ¿historia o mistificación?". Revista electrónica Sin Permiso, http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6779, 16 de marzo.

Hobsbawm, Eric J. (1991). La era de la revolución (1789-1848). Barcelona, Labor.

Labica, Georges (2005). Robespierre. Una política de la filosofía. El Viejo Topo.

Lefebvre, Georges (1974). La Revolución Francesa y el Imperio (1787-1815). México, Fondo de Cultura Económica.

Lefebvre, Georges (1974). 1789: revolución francesa. Barcelona, Laia.

Prados, Luis (1989). “Furet: `La Revolución Francesa ha terminado’. Entrevista”. El País, 26 de febrero.

Sieyès, Emmanuel (1989). ¿Qué es el Tercer Estado? Barcelona, Oikos-Tau.

Soboul, Albert (1987). Los sans-culottes. Movimiento popular y gobierno revolucionario. Madrid, Alianza.

Soboul, Albert (1987). La revolución francesa. Principios ideológicos y protagonistas colectivos. Barcelona, Crítica.
Vovelle, Michel (2000). Introducción a la historia de la Revolución francesa. Barcelona, Crítica. 

Manifiesto "Última llamada"

Un grupo de 250 personas relevantes del mundo de la ciencia, la cultura y la política, provenientes de “diversos lugares de la Península Ibérica, Baleares y Canarias”, ha suscrito el manifiesto "Última llamada", que lleva, a su vez, el subtítulo “Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización”.

El manifiesto parte de la idea muy extendida en la ciudadanía europea de que “la sociedad de consumo actual puede “mejorar” hacia el futuro (y que debería hacerlo)”, a la vez que “buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material”. El problema es que todo lo conseguido hasta ahora se ha hecho “a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra”.

Se recuerda que ya en los años setenta hubo gente del mundo de la ciencia que apuntó “señales de alarma” teniendo en cuenta las tendencias de crecimiento demográfico y económico. Y se expresa con rotundidad que “hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta”.

Se advierte de “mantras cosméticos del desarrollo sostenible”, de “la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes” o de “una supuesta ‘economía verde’ que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas”. Se apunta a que “la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos…”. Y se califica a nuestra cultura como de “tecnólatra y mercadólatra”.

Por eso se habla de la necesidad de “construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 millones), aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes”. Se plantean cambios radicales “en los modos de vida, las formas de producción, el diseño de las ciudades y la organización territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior”. Y se apunta la necesidad, en suma, de “una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin”.

Para poder conseguir estos objetivos se señala que hay que tener en cuenta dos grandes obstáculos: “la inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados”. No obstante, no se olvidan las movilizaciones sociales y políticas habidas en nuestro país durante los últimos años. Por ello se hace alusión al 15M, que ha supuesto un “despertar de dignidad y democracia” y a la vez “está gestando un proceso constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social”. Se advierte, no obstante, que hay que evitar “las recetas del capitalismo keynesiano”, responsables durante decenios de la situación insostenible que estamos viviendo.

Al final del manifiesto se hace una consideración sobre el siglo XXI, del que se dice que “será el (…) más decisivo de la historia de la humanidad”. Se reconoce que existen en el mundo numerosos movimientos de resistencia “en pro de la justicia ambiental”, pero se expresa con rotundidad que “a lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables”.

Todo ello, en fin, para conseguir una “sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta”.

Hace cien años: el negocio de la guerra

He estado releyendo El libro negro del Capitalismo (1) y en cierto momento me he detenido en el capítulo "Primera Guerra Mundial: 11.500 muertos y 13.000 heridos diarios durante tres años y medio", cuyo autor es Jean-Pierre Flechard. Y más concretamente me he detenido en un apartado que ya tenía señalado con anterioridad: "Un santuario del capital internacional: la cuenca de Briey-Thionville" (2). 

Pues bien, el autor es muy ilustrativo a la hora de mostrar la naturaleza de esa guerra, llamada en su momento Gran Guerra. Nos habla de una familia franco-alemana poderosa, cuyo apellido era Wendel, antecedido por la particularidad de condición noble De o Von, según el país que se tratara. Era dueña de las minas y las factorías de hierro de la comarca de Briey-Thionville (dentro de Francia, pero situada en una encrucijada por la cercanía de Luxemburgo y Alemania), cuyo potencial le situaba casi en el monopolio francés de ese producto (3). 

La presencia de esa familia en la vida política no fue casual, teniendo por aquellos años dos primos estaban presentes en los parlamentos de sus respectivos países. Tampoco fue gratuita, pues participaron en la compra de voluntades: léase colegas de la política y periodistas. Es lo mismo que hicieron otros genios de la industria pesada de ambos países, como la familia Krupp alemana o la Schneider francesa, que formaron un verdadero trust internacional de la guerra con el objetivo de incrementar las ganancias a cualquier precio e independientemente del país.

Pero lo más sorprendente de lo que nos cuenta Flechard es lo ocurrido con esas minas durante la guerra. Casi al principio, en agosto de 1914, pasaron a manos alemanas sin que hubiera resistencia por la parte francesa. El general Verraux, encargado de su defensa, fue obligado a hacerlo por órdenes superiores. Tampoco a lo largo del conflicto se procedió a la reconquista de la comarca y ni siquiera  al ataque de las caravanas que transportaban el preciado mineral a Alemania. Incluso cuando empezaron a conocerse evidencias que algo raro había en ello, el propio presidente francés, Raymond Poincaré, frenó cualquier iniciativa para revertir la situación. Todo, muy sorprendente. 

Según Flechard se ha sabido después que en realidad lo que había habido era un acuerdo entre los estados mayores y los fabricantes de armamentos de ambos países. El objetivo era claro: continuar la guerra para acrecentar los beneficios empresariales.

Mientras tanto, miles de jóvenes europeos se debatían por la vida, con la muerte a sus espaldas, entre alambradas, trincheras, carros de combate, cañones, aviones y submarinos, esquivando proyectiles, bombas y gases químicos, y atosigados por las órdenes de sus superiores. Habían estando enarbolando banderas para sentirse orgullosos en la defensa de sus respectivas patrias. Esas banderas en realidad no eran más que unos trapos. Sólo servían para que quienes habían provocado la guerra justificasen las suculentas ganancias que obtuvieron durante tres años y medio a costa de "11.500 muertos y 13.000 heridos diarios".


Notas

(1) Txalaparta, Tafalla, 1998.
(2) Existen varios enlaces del capítulo por la red, como el de es.scribd.
(3) En un repaso por algunas publicaciones se nos informa de los orígenes lejanos de los negocios de esa familia, que datan de principios del siglo XVIII. Hace diez años el El Museo d'Òrsay de París organizó una exposición dedicada a la familia. En un número de Solidaridad Obrera (2 de enero de 1938) se ofrecía una información muy interesante sobre ella y su protagonismo en el negocio de la guerra. En la página annales.org aparecen breves artículos que nos acercan a los avatares en el tiempo de diversos miembros de la familia. Siempre con los negocios de la guerra como trasfondo. 

(La imagen pertenece a una estampa de la guerra hecha por el artista francés François Flameng).

El descaro del alcalde corrupto del PP

Al alcalde de Brunete la han pillado. Y encima lo niega. Dice que no ha hecho nada malo. La conversación grabada que ha trascendido (y que reproduce Público) es muy clara con respecto a su honradez, de la que presume, y el listón tan elevado de caradura al que ha llegado. Un caso más, el enésimo, de la metástasis de la corrupción que afecta al PP. El alcalde en cuestión se llama Borja Gutiérrez. Ha hecho uso de una verborrea donde suma lo zafio y el descaro. Intentó sobornar a una concejala de UPyD para que apoyara al PP en su gobierno municipal. Para apoyar su "proyecto político", donde hay mucha gente "con fuerza, con inversión y con todo". Un soborno donde Borja decía cosas como que la concejala podía pedir "lo que tú necesites". Para ella y su familia, sus hijos... Y siempre con su garantía, porque "yo realmente cumplo con mis compromisos". Sólo bastaba con decirlo o, como dijo en otra ocasión, ponerlo en un papel. Al final de la conversación él mismo se prestó a escribir en una servilleta de papel lo que ella quisiera, porque "me gusta escribir en servilleta".   

Más sobre el acto del Ateneo Republicano de Barbate

El periódico digital Heraldo de Barbate ha publicado mediante un vídeo un resumen del acto celebrado el pasado martes en la Casa de la Cultura bajo el título "Los barbateños en la IIª República y el golpe del 36". Su duración es de diez minutos y recoge varios momentos de las intervenciones, en especial los referidos a la figura de Serafín Romeu Fages, los modelos pesqueros de Barbate o el significado de la república española desde la perspectiva de un modelo democrático de representación y reconocimiento de derechos.

Por otra parte, en el blog Desde la historia de Casas Viejas, que edita Salustiano Gutiérrez, se ha hecho una reseña del acto que resulta muy interesante.

Lo que dice Max Neef sobre el neoliberalismo

Anoche estuve viendo en La Tuerka una entrevista al economista y ambientalista chileno Manfred Max Neef. Persona con una trayectoria dilatada, recibió hace tres décadas el premio Right Livelihood Award, conocido como premio Nobel alternativo. El motivo de su estancia en España es la presentación de su libro La economía desenmascarada.

Mientras contestaba a las preguntas tuve la sensación de que era un hombre sabio, a lo que une la experiencia vital con su presencia en numerosas situaciones, países e instituciones. Fue muy rotundo en negar el carácter científico de la Economía y más todavía cuando hay personas de ese campo que buscan encuadrarla dentro de las “ciencias duras”. No tuvo empacho en decir que sus gurús, insertos de lleno en el pensamiento neoliberal, lo único que hacen es inventarse explicaciones ante los fracasos sonados de sus planteamientos y predicciones. Fracasos como el hambre, el paro, la explotación de las personas, los desahucios, la agresión a los ecosistemas y tantos otros. Se refirió por ello a la externalización en los costes de producción, donde la economía dominante elimina del valor los costes ambientales. Por eso identificó la economía actual con la crematística, donde el dinero lo encubre todo. Un dinero, además, que está inflado a través del cúmulo de operaciones especulativas que no cesan y que controla una minoría. Se refirió también a las muertes que en general ocasiona el sistema capitalista, superior incluso al de las guerras, y que provoca de muchas formas, como el hambre, la ausencia de servicios sanitarios o las enfermedades derivadas de numerosas acciones perjudiciales. Los suicidios los relacionó directamente con este sistema, por tratarse de asesinatos, producto de la desesperación de la gente cuando se le impide poder seguir viviendo.

Max Neef defiende una economía al servicio de la gente, para que su puesta en práctica permita la permanente redistribución de los bienes y servicios. Eso le llevó a deslindar los conceptos de crecimiento y desarrollo. El primero, como una forma de producir más, sin sentido, para estimular el consumo, y con él, a la vez, el enriquecimiento de quienes controlan la producción y la agresión a la naturaleza. En cuanto al desarrollo lo entiende, por el contrario, como la forma de adquirir lo necesario para vivir dignamente. Desde esta perspectiva dijo que los países más ricos ya han llegado al límite del crecimiento, mientras que el resto necesita aún seguir desarrollándose. Lo que no tiene sentido  es que existan -puso como ejemplo- cientos de tipos de champú cuando con unos pocos bastaría.   

Paremos una nueva agresión del estado de Israel

La muerte de tres jóvenes colonos israelíes en Cisjordania, cuyos cuerpos fueron encontrados ayer tras su desaparición el 12 de junio, ha desatado las represalias por parte del ejército. Como suele hacer en estas situaciones, al bombardeo sobre objetivos concretos, que han abarcado tanto a Cisjordania como a Gaza, incluye el derribo de las viviendas de los familiares de quienes se responsabiliza de las muertes. La población israelí de las colonias instaladas en territorio palestino también ha protagonizado acciones de represalia y en Jerusalén ha aparecido hoy el cuerpo carbonizado de un joven palestino, que se cree que ha sido víctima de ultraderechistas israelíes. En las semanas anteriores el ejército ya llevó a cabo operaciones que ocasionaron en los territorios palestinos varias muertes, centenares de detenciones, el derribo de edificios y el asalto de instituciones, ONGs y sedes de medios de comunicación. 

Desde la Red de Solidaridad con la Población Palestina se está haciendo un llamamiento a la opinión pública internacional para contribuir a frenar el enésimo episodio de agresión del estado de Israel contra la población palestina. Este estado sigue haciendo lo que quiere, conculcando el derecho internacional y pisoteando los derechos humanos.       

Barbate, la República y el golpe del 36

Ayer tuve de participar en una mesa redonda organizada por el Ateneo Republicano de Barbate con el título "Los barbateños en la IIª República y el golpe del 36" y llevada a cabo en la Casa de la Cultura. Estuve en la mesa junto con Antonio Aragón, Luis García, Salustiano Gutiérrez y Santiago Moreno, además de contar con Nicolás Muñoz, en la función de presentador-moderador, y Abel Estudillo, que compatibilizó la organización del acto con varias intervenciones. No faltó tampoco la participación del público, que pudo intervenir para matizar, disentir o aportar cuanto quiso. 

A lo largo de dos horas pudimos ir desentrañando numerosos aspectos de la historia contemporánea de Barbate y fundamentalmente durante el primer tercio del XX. Después de una introducción de tipo conceptual sobre la república como sistema político, se fueron tratando aspectos diversos sobre el crecimiento económico de Barbate en torno a las actividades pesqueras desde finales del XIX, la conformación de una estructura de clases específica, las ansias muy extendidas de independencia frente al municipio matriz de Vejer, los años de la Segunda República, los acontecimientos de los primeros meses del 36, la represión de los sublevados... No faltó referirse al papel jugado por determinados personajes, como Serafín Romeu Fages, José Miranda de Sardi, José Sánchez, Francisco Tato, Agustín Varo... Y tampoco faltó insertar la realidad barbateña dentro de un contexto más amplio de la historia española. 

Un debate, en suma, que estuvo bien llevado por el moderador, no le faltó ser participativo, resultó dinámico y fue enriquecedor.