Hubo un error en el primer anuncio hecho por Meritxel Batet, presidenta del Congreso, tras la votación sobre el decreto ley, para luego corregirlo. Lo hubo también en la acción mecánico-telemática realizada por del diputado que marcó "SÍ" a lo que que tenía que haber dicho "NO", llegando incluso a errar en otras dos votaciones.
Pero no fue error que los dos diputados de UPN votaran de una manera diferente a lo que se había decido en la dirección de su partido, llegando incluso a anunciarlo en varias declaraciones públicas durante la misma mañana y, al parecer, en privado a miembros de su dirección. Incumplieron una directriz -lo que puede ser discutible-, pero -lo que es peor- ante todo lo que hicieron fue mentir o engañar públicamente a la gente.
Tras el error de la presidenta del Congreso, me quedo con varias imágenes y sucesivas. La primera de ellas, la forma tan rápida con la que saltaron las bancadas del PP y Vox cuando se dijo que la reforma laboral quedaba derogada. De inmediato, las caras de sorpresa de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz por lo inesperado. Acto seguido, el alborozo en las bancadas del PSOE y Unidas Podemos cuando escucharon la rectificación en boca de la presidenta del Congreso. Y finalmente, ya pasado un tiempo, el semblante de Cuca Gamarra, enfadada y atropellada a veces en sus palabras, durante su alocución ante la prensa, queriendo hacer(nos) ver que había habido un atropello a la democracia y anunciando -una vez más- que acudirían a los tribunales.
Lo cierto es que el decreto ley ha sido ratificado por el Congreso. Con el apoyo por parte de Ciudadanos, además de otros grupos menores: Más País, Compromís, Coalición Canarias, Nueva Canarias, Teruel Existe y Partido Demócrata de Catalunya. Y con el rechazo del PP, Vox, UPN y Foro Asturias, por la derecha; los grupos nacionalistas de izquierda ERC, EH-Bildu, CUP y BNG; y los nacionalistas conservadores PNV y Junts per Catalunya.
Después de todo lo visto, leído y oído me pregunto varias cosas, pero principalmente dos. Veamos.
Una es el porqué en determinadas circunstancias "extremas" el PP siempre saca a relucir unas cartas marcadas. Por ejemplo, en 2003, en la Asamblea de Madrid, con el "tamayazo", cuando dos diputados del PSOE impidieron la investidura del candidato de su partido y dinamitaron el acuerdo entre el PSOE e IU, lo que abrió las puertas de Esperanza Aguirre. O lo ocurrido hace un año, esta vez en la Asamblea de Murcia, cuando dos tránsfugas de Ciudadanos pactaron con el PP y evitaron una moción de censura contra el presidente de la comunidad. Después de lo visto ayer, con otros tránsfugas de por medio, me pregunto si esos dos diputados de UPN no han cumplido el mismo papel.
Y la segunda pregunta tiene que ver con el comportamiento no tanto de CUP y BNG, que han apoyado en pocas ocasiones al gobierno de coalición, como de ERC y EH-Bildu. Su voto contrario a la propuesta del gobierno de coalición ha estado a punto de echar por tierra -si es que el recurso judicial del PP no acaba saliendo adelante- los aspectos positivos que ofrece el decreto ley sobre reforma laboral para importantes sectores de los trabajadores y las trabajadoras. Quizás confiaron que iba a salir adelante y su voto contrario les iba a dar un amplio margen electoral desde su "purismo" doctrinal. Algo que no deja de ser una postura ventajista, pero peligrosa.
Pues ya está. A esperar a los tribunales. El tercer poder que ya sabemos quién lo controla.
