Proclamada la Segunda República el 14 de abril de 1931, el 28 de junio se celebraron unas elecciones generales con el fin de formar unas Cortes encargadas de elaborar una Constitución. Los resultados confirmaron el triunfo de la coalición republicano-socialista, que siguió gobernando. Durante los dos años siguientes el gobierno desarrolló un importante programa de reformas, pero, a la vez, la cámara parlamentaria se ocupó de tejer el marco jurídico-político que diera cobertura a la nueva realidad política.
Los debates parlamentarios sobre el texto constitucional dieron lugar a fuertes discusiones, no sólo por parte de los diputados monárquicos, que en esos momentos eran pocos y estaba dispersos, sino en el seno de la coalición de gobierno y los grupos que los sustentaba. El propio jefe de gobierno, el conservador republicano Niceto Alcalá Zamora, llegó a dimitir en octubre en protesta con lo que consideraba que era un mal tratamiento a
Entre las novedades se puede destacar el tratamiento que recibieron las mujeres, que por primera vez
eran equiparadas legalmente en derechos a los varones y veían reconocido el
derecho al voto. El establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, que tenía como función resolver conflictos de competencias entre las instituciones o reclamaciones individuales. O, en lo concerniente al nuevo estado laico, la libertad plena de cultos, la enseñanza laica, el derecho al divorcio, el matrimonio civil, etc.
Aprobada la Constitución, se procedió a la elección del presidente de la República, que recayó en la figura del propio Niceto Alcalá Zamora, mientras que la jefatura del gobierno pasó a Manuel Azaña, de Acción Republicana y el político que mejor encarnaba al sector republicano de izquierdas.
Lo que vino después fue la prosecución de programa de reformas iniciado en abril, ya bajo la cobertura de la Constitución. Abarcó medidas socio-laborales, como la ley de contratación laboral, la formación de jurados mixtos, la
prórroga de contratos de arrendamiento, la jornada laboral de 8 horas, el
laboreo forzoso de fincas, etc.). Una ley de reforma agraria, que fue aprobada en septiembre de 1932, con prioridad
de aplicación en las 14 provincias
latifundistas y en las tierras de la alta nobleza. La entrada en vigor de un estatuto de autonomía para Cataluña en septiembre de 1932, mientras se avanzó más lentamente en el País Vasco y Galicia. El fin de
la financiación por el Estado de la Iglesia Católica, la disolución de la Compañía de Jesús y la
nacionalización de sus bienes, y la prohibición de impartir enseñanza. El intento de modernizar el ejército, reduciendo el número de oficiales y orientándolo a que fuera una institución profesionalizada y sujeta a la autoridad civil. Y en lo referente a la educación
y la cultura, se puso el empeño de hacerlas accesibles a la población, para lo cual hubo un incremento de
las partidas presupuestarias.
Todo un reto lo habido desde el 14 de abril, como punto de partida, y desde el 9 de diciembre, como momento de aprobación del marco jurídico-político de carácter democrático. Lleno de esperanzas y contradicciones. Con errores, también. Pero, por desgracia, con una actividad erosiva desarrollada por los grupos sociales y políticos que estaban dispuestos a no ceder un ápice en lo que hasta entonces habían sido privilegios para una minoría y la ausencia de derechos para la mayoría.
