Los sucesos ocurridos durante el mes de octubre en el municipio navarro de Altsasu están generando una gran polémica. Después de una pelea nocturna en un bar entre un grupo de clientes y varios guardias civiles, que estaban acompañados de sus novias, el resultado fue la detención de varias personas y finalmente la calificación por el juez de varios delitos: incitación al odio, lesiones, atentado a la autoridad y terrorismo. El malestar ciudadano ha aumentado en amplios sectores de la población, tanto en Altsasu como en el conjunto de Euskal Herria, al considerar que las acusaciones no se corresponden con lo ocurrido. Las protestas no han dejado de sucederse, por considerar injusta la situación creada.
Hay, además, una opinión generalizada que trasciende los territorios vascos sobre lo poco que está ayudando la decisión judicial en pos de normalizar la convivencia, después de que ETA anunciara hace cinco años el cese definitivo de la lucha armada y se esté desarrollando un proceso de paz tendente a acabar con la violencia.
Dos antiguos magistrados han hecho sendas valoraciones de la decisión judicial que ponen en duda su consistencia. Uno, José Antonio Martín Pallín, ya jubilado, vinculado a los círculos progresistas de la judicatura. El otro, Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial, nada sospechoso de haber aplicado en su día decisiones controvertidas contra la izquierda abertzale. He aquí algunos fragmentos:
"La decisión me parece absolutamente cuestionable. En primer lugar, un juez o una jueza para tomar una decisión debe tener en cuenta la realidad social del lugar. Y, lamentablemente, es una realidad social sobre todo en los pueblos donde hay una confrontación que no se supera, no así en las grandes ciudades. Pero no solamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sino también con militantes de otros partidos, de derechas, etcétera. Y esa realidad crea tensiones (...). Por tanto, cuando se toma la decisión de incluirles dentro de lo que son los delitos de terrorismo que, según el Código Penal, es colaboración con banda armada me parece que se está faltando al principio de proporcionalidad en la respuesta" (José Antonio Martín Pallín, a Público).
"Ninguno de los delitos de los que se les acusa [lesiones, incitación al odio y
atentado, con penas inferiores a 5 años] están considerados por la ley como graves, requisito imprescindible para juzgarles por
terrorismo (...). Creo que hay una
sobreactuación" (Baltasar Garzón, a la cadena SER).
