No sé cómo acabará lo que está ocurriendo en el barrio burgalés de Gamonal. Sí es evidente que el estallido social está poniendo al descubierto el malestar de la gente. Se está acumulando mucha frustración y rabia, y resulta lógico que la gente empiece a decir basta. Lo que puede resultar aparentemente un tema menor, la remodelación de una vía urbana, está poniendo al descubierto la naturaleza del sistema. El proyecto de construir un bulevar en una de las principales vías de acceso a la capital castellana no es una mejora urbanística. Es la excusa para seguir privatizando los espacios públicos. Detrás de todo esto está un poderoso Antonio Miguel Méndez. Empresario del ladrillo y de los medios de comunicación provinciales. Un negocio redondo: hacer y publicitar que se hace bien. Involucrado, por supuesto, en escándalos judiciales de los que sale indemne porque el dinero es un factor de exoneración de los delitos. Es uno de tantos que se han aprovechado de la especulación y han generado el actual desastre económico y social continúen obteniendo beneficios. Han contado con el beneplácito de unos autoproclamados gestores de lo público que no dejan de ser entre cómplices y correveidiles. Son lo mismo. Actúan siempre a costa de la mayoría. El problema es que hasta ahora ha habido mucha gente que se había mantenido en la ilusión de que también participaba de lo que finalmente no ha sido más que un falso bienestar. Para eso estaban los medios de comunicación, como los que controlaba gente como el tal Méndez. Ya se sabe: control ideológico. Y una muestra de que las cosas no estaban bien es que en el barrio de Gamonal, como en tantos otros y pueblos, se han mantenido graves carencias urbanas y sociales. En esta ocasión la gente, de todas las edades, se ha echado a la calle para parar el desatino. Está mostrando fortaleza y unidad de acción. Es normal que se golpee al movimiento ciudadano creado, que se le denigre, que se le criminalice. Lo están haciendo quienes son responsables del desaguisado que estamos viviendo. Confío en que se paralice el proyecto y que son su fin se acabe echando de paso al alcalde y su séquito. Ojalá también que lo que está ocurriendo en Burgos sirva para el resto de ciudades y pueblos. Sería la señal de que algo estaría cambiando. Post data (17 enero)
He leído estos días que el empresario Antonio Miguel Méndez fue condenado por el Tribunal Supremo a 7 años de cárcel. El delito fue de falsedad documental y el citado tribunal, como reflejó en una información El País en su momento, dio por probado que Méndez desplegó una constante actividad tendente a que "las personas que podían decidir sobre sus intereses lo hicieran a su favor". Aunque estuvo recluido varios meses, finalmente le fue concedido el tercer grado. Este caso se conoció como el la construcción de Burgos, donde acabaron condenados en 1994 también el alcalde de la capital castellana, José Mª Peña, y varios concejales. Peña, con una sentencia de 8 años de inhabilitación para las funciones públicas por prevaricación continuada, acabó siendo indultado por el gobierno de José Mª Aznar.
