Una Comisión Técnica reconoce 63 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales y los grupos de extrema derecha entre 1979 y 1983

En abril de 2024 el Gobierno aprobó la formación  de una Comisión Técnica  encargada de estudiar los casos de vulneración de derechos humanos, con resultado de muerte, por parte de las fuerzas de seguridad  y los grupos de extrema derecha. El periodo objeto de investigación ha sido el comprendido entre 1979, una vez aprobada en diciembre del año anterior la actual Constitución, y 1983. La disposición se ajustaba a la Ley de Memoria  Democrática que se había aprobado dos años antes, con arreglo a la disposición adicional 16ª.

La citada Comisión se constituyó en julio de 2024, estando formada por personas expertas en "en el ámbito de los derechos humanos, las ciencias sociales, la historia contemporánea o el derecho penal": Nicolás Sartorius, Federico Mayor Zaragoza, José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Carme Molinero Ruiz, Antonio Rivera Blanco, Encarnación Lemus López, José Antonio Martínez Soler, Sophie Baby, Jon-Mirena  Landa  Gorostiza y Paz-Mercedes  de  la  Cuesta  Aguado. De ellas ya no se encuentran José Álvarez Junco, que dimitió por razones personales, y Federico Mayor Zaragoza, fallecido.

El resultado de los trabajos llevados a cabo ha sido la elaboración de un "Informe" (cuyo contenido completo puede leerse a través de  elDiario.es), en el que se ha reconocido un total de 63 personas asesinadas, 28 de las cuales lo fueron por las fuerzas policiales y las restantes 35 por los grupos de extrema derecha. 

El listado de víctimas mortales, expuesto por orden cronológico, es el que sigue:

06/01/1979 Felipe Baz González

06/01/1979 José Luis Muñoz Pérez

04/03/1979 Ursino Gallego Nicasio

29/04/1979 Andrés García Fernández

06/05/1979 José Ramón Ansa Echevarría

03/06/1979 Gladys del Estal Ferreño

10/06/1979 Vicente Vadillo Santamaría

25/06/1979 Valentín González Ramírez

14/07/1979 Salomé Alonso Valera

25/08/1979 Justo López de Zubiria Arteaga

25/08/1979 Félix Mingueta Sanz

31/08/1979 José Prudencio García

01/09/1979 Ignacio Quijera Zelarin

13/09/1979 José Luis Alcazo

19/09/1979 Valeriano Martínez Pérez

28/09/1979 Tomás Alba Irazusta

06/11/1979 Francisco Caballero Requejo

09/12/1979 Victoria Arranz

09/12/1979 Manuel Álvarez Blanco

11/11/1979 Mikel Arregui Martín

13/12/1979 Emilio Martínez Menéndez

13/12/1979 José Luis Montañés Gil

09/01/1980 Ana Teresa Barroeta Álvarez

15/01/1980 Carlos Saldise Corta

19/01/1980 Liborio Arana Gómez

19/01/1980 Manuel Santacoloma Velasco

19/01/1980 María Paz Armiño Borán

19/01/1980 Pacífico Fica Zuloaga

01/02/1980 Yolanda González Martín

02/02/1980 Jesús María Zubikarai Badiola

10/02/1980 Vicente Cuervo Calvo

28/03/1980 Jorge Caballero Sánchez

19/04/1980 Felipe Sagarna Ormazábal

01/05/1980 Arturo Pajuelo Rubio

06/05/1980 Juan Carlos García Pérez

08/05/1980 María José Bravo del Valle

11/05/1980 Aquilina Fernández Crespo

29/06/1980 Manuel Luciano Pérez

25/08/1980 Joaquín Mendoza Lavera

28/08/1980 Jesús María Etxeveste Toledo

06/09/1980 Luis Quintana Monasterio

06/09/1980 Julio Martínez Navarro

07/09/1980 Miguel María Arbelaiz Echevarría

07/09/1980 Luis María Elizondo Arrieta

08/09/1980 José María Fernández Carrión

16/10/1980 José Luis Sancha Lasa

14/11/1980 Joaquín Antimasbere Eskoz

23/11/1980 José Camio

23/11/1980 Jean Pierre Haramendi

30/12/1980 Francisco José Rodríguez López

03/03/1981 Francisco Javier Ansa Cincunegui

23/03/1981 María Asensio Morales

07/06/1981 Carlos Idígoras Navarrete

10/05/1981 Juan Mañas Morales

10/05/1981 Luis Montero García

10/05/1981 Luis Manuel Cobo Mier

13/05/1981 Juan Abel Muñiz Corral

14/06/1981 José Félix Centenera Sánchez

07/07/1981 Luis Arribas Santamaría

02/01/1982 Pablo Garayalde Jauregizabal

20/06–07/1982 Sebastián García García

05/12/1982 Salvador Sampedro de Dios

19/02/1983 Juan Félix Domínguez 

Al final del "Informe" se expresan varias recomendaciones, proponiendo  "el reconocimiento institucional, moral y simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo 1978-1983 como consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia política analizado".  Todo ello se basa en los principios 

"reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados  en  instrumentos  tales  como  la  Declaración  sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, 1985) y los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Resolución 60/147, 2005)".

Así como, dentro de la legislación española, 

"en términos equiparables a los establecidos para otras víctimas de violencia política o institucional, y debe realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y en particular conforme a su artículo 3.4 la aplicación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en cuanto sea procedente".