miércoles, 2 de septiembre de 2015

Greenpeace saca a la luz los entresijos de El Algarrobico

























El caso del hotel situado en El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras (Almería) y dentro del Parque Natural Cabo de gata, es uno de los escándalos urbanísticos más conocidos. En un tiempo breve el Tribunal Supremo ha de tomar una decisión definitiva, después de los vaivenes sufridos por el caso. Greenpeace ha elaborado el informe "Desmontando El Algarrobico. El despropósito empresarial y judicial del hotel Azata del Sol", donde se desarrollan los pormenores del caso y se sacan a luz situaciones que demuestran la connivencia existente entre los grandes grupos económicos y determinadas administraciones.

La gravedad del caso tiene que ver con la confluencia de varias circunstancias: de un lado, la ubicación en una zona protegida que es a la vez parque natural y costa; y por otro, el comportamiento de las administraciones con responsabilidad, donde aparecen el apoyo favorable del ayuntamiento, el papel cambiante jugado por la Junta de Andalucía y algunas contradicciones en las distintas instancias de justicia. Según Greenpeace el “hotel forma parte de un proyecto en el que se planeaba construir siete hoteles más y un campo de golf en este ecosistema subdesértico, único en Europa y amparado con más de cuatro figuras de protección ambiental”.

En todo esto no debemos dejar a un lado la estrategia jurídica de la empresa involucrada, Azata SA, que está actuando a través de tres de sus filiales (Marbella, Madrid y Carboneras). Su agresividad le ha llevado incluso a pedir 70 millones de euros de indemnización en caso de no poder culminar su proyecto. Por lo que se sabe, esta empresa dispone de un currículo de al menos otros ocho casos donde incumple la normativa ambiental y urbanística.

No hay dudas sobre la vulneración de la legislación medioambiental, aunque haya sido aquí donde la Junta de Andalucía ha actuado sin un criterio fijo, en todo caso contradictorio: en 1994 declaró que el suelo era no urbanizable; en 1997 dijo lo contrario; en 2008 se ratificó en ello, dentro de un nuevo plan para el parque natural; en 2012 tuvo que restablecer la protección de 1994 tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2011.
   
En lo que compete a la administración de justicia, de 26 pronunciamientos judiciales en 24 se han resuelto señalando la ilegalidad del hotel. Uno de los dos favorables, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2014, no ha atendido al hecho en sí de la vulneración de la legislación, sino a la licencia de obras, de la que es competente el ayuntamiento.

Uno de los argumentos en que se han basado tanto la empresa como quienes defienden el proyecto es el de que el hotel “está prácticamente construido”, pero se olvida que aún quedan por hacer el parking, las carreteras de acceso o las obras para el abastecimiento de agua y electricidad.

En cuanto al desmantelamiento del hotel, el hacerlo conllevaría como positivo, además de la protección medioambiental, que se podría reciclar el 98% de los materiales y a su vez se podrían generar hasta 400 puestos de trabajo.

De lo que no cabe duda es que el hotel es ilegal, porque, de entrada, vulnera la Ley de Costas y sólo por ello debe ser demolido. Y también porque lo hace sobre las normas de protección de un parque natural.