El año pasado ya fue un año nefasto en el tratamiento de la educación por las distintas administraciones. El gobierno central redujo las partidas presupuestarias y la mayor parte de las comunidades autónomas hizo lo propio. En algunos casos con situaciones escandalosas, como Madrid y Castilla - La Mancha, donde se mandó a la calle a miles de docentes en situación de interinidad y el consiguiente deterioro en la atención educativa de los centros públicos. Andalucía fue una excepción.
Ahora el gobierno central acaba de establecer una reducción del 21,9%. Me ahorro los calificativos. Eso redundará en un mayor descenso del gasto educativo. Y lo hará también, por supuesto, en la calidad de la educación. Sobre todo en los centros públicos, que es donde se concentran en mayor medida los sectores sociales que necesitan mayor atención. La crisis económica está siendo la excusa para castigar al sistema público y ahondar aún más las diferencias sociales. Lo que se está haciendo es gravísimo.
