Estamos asistiendo a una situación nueva: una ofensiva general de carácter golpista por parte de la derecha política, judicial y mediática contra el gobierno de coalición. Una derecha -derechona- que no se está cortando ni un ápice para acabar con la soberanía popular que emana de las cámaras legislativas. Y el instrumento principal para hacerlo están siendo el aparato judicial, en especial el CGPJ y el Tribunal Supremo, y ese órgano "mixto" que es el Tribunal Constitucional. Los tres tienen una parte de sus componentes con el mandato caducado, mientras siguen el juego de un PP que bloquea sistemáticamente su renovación. La última novedad, el intento por el Tribunal Constitucional por impedir que el Congreso discuta y vote el proyecto legislativo que afecta a su renovación. Algo que resulta inaudito en una democracia liberal. Y lo es que un órgano no votado por la población se dedique a marcar lo que pueden o no pueden hacer el Congreso y el Senado, sedes de la soberanía popular. Lo está haciendo un órgano que en teoría debería estar conformado como expresión de la correlación de fuerzas en las cámaras legislativas, pero que desde hace años mantiene el predominio de las fuerzas conservadoras. Lo de ayer en el Congreso ha hecho saltar todas la alarmas. Estuvo a punto de consumarse esa maniobra antidemocrática, a la espera de lo que pueda ocurrir el lunes, cuando el Tribunal Constitucional vuelva a reunirse. Fue llamativa la reacción desde el PSOE, desde cuyas filas por primera vez se ha calificado al obstruccionismo de la derecha judicial como golpista. Lo hizo el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso y, ya por la noche, el propio presidente del gobierno habló de atropello a la democracia. E incluso desde los medios del grupo PRISA, que están advirtiendo del asedio al parlamento. Porque estamos ante un intento de golpe de estado. Con el aparato judicial y similares como instrumentos, y la participación de los tres partidos de la derechona y los grupos mediáticos que se dedican a jalearlo.
