La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido dura. No tanto por las penas en sí como por la trascendencia política que contiene. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía han quedado más que en entredicho, aunque con penas diferentes. Mientras que a José Antonio Griñán le han caído seis años de cárcel y quince de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación, Manuel Chaves se ha quedado sólo en 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Y junto a ellos, con condenas que oscilan de la cárcel a la inhabilitación, varios exconsejeros y altos cargos, entre quienes destacan Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez. Toda una impugnación a la cúpula del PSOE andaluz, que gobernó ininterrumpidamente la comunidad desde 1982 hasta 2018. El motivo de las condenas ha sido el desvío de fondos públicos para hacer frente a los numerosos expedientes de regulación de empleo que las empresas iban presentando, pero sin la fiscalización debida. Lo primero ayudó a mantener una red clientelar con los correspondientes réditos electorales. Lo segundo supuso que apareciesen ventajistas para quedarse con parte del pastel, desde ese director general que negó ser putero, pero amante de los "yintonis", hasta algún que otro conseguidor de empresas para negociar EREs.
Puede que la cuantía de las penas sufra alguna modificación cuando otras instancias judiciales resuelvan los más que seguros recursos que se interpongan. Pero eso no quita la gravedad de lo ocurrido. Tanta, que el PP se ha lanzado a la yugular de la actual dirección federal de PSOE, olvidando su propia trayectoria como partido corrupto hasta la médula.
De lo que no cabe la menor duda es que los principales partidos que han ocupado los gobiernos en sus distintos niveles (PSOE, AP/PP, CiU...) se han aprovechado perniciosamente de los fondos públicos. Y lo han hecho de distintas formas: para financiarse, para enriquecerse individualmente, para pagar emolumentos económicos complementarios a sus dirigentes, para favorecer a determinadas empresas, para crear redes clienterales, para pagar campañas electorales, para conseguir puestos de relevancia y bien remunerados en las grandes empresas... Poco a poco van saliendo condenas y se siguen gestionando procesos judiciales. Pero en muchos casos ha habido sentencias exculpatorias, condenas benignas, prescripciones...
Estamos ante faceta de la herencia de 40 años bajo el amparo de una Constitución invocada por esa clase de patriotas que pone su mano derecha sobre el costado izquierdo, pero no por el corazón, sino por la cartera cargada de dinero.
(Imagen: eldiario.es)
