martes, 21 de diciembre de 2010

El régimen político marroquí y los derechos humanos

El pasado mes de junio entregué un trabajo para uno de los cursos del máster Cultura de Paz, en concreto el de Derechos humanos en contextos no occidentales". Su título fue  "Democracia y derechos humanos en Marruecos", tal como se indicaba en las orientaciones del curso. La elección por mi parte del país quizás tuvo que ver con su proximidad (vecindad, presencia colonial por nuestra parte, relaciones históricas, inmigración reciente...), a lo que hay que unir mi sensibilización por la lucha del pueblo saharaui, que lleva sufriendo la opresión del gobierno marroquí desde 1976. Voy a reproducir el trabajo, respetando el título, con el fin de que sirva para conocer mejor la realidad política, social, económica y cultural del país vecino.  


Introducción

Marruecos es un estado situado en la parte más occidental del Norte de África, dentro de la región conocida como Magreb. Su población en 2006 estaba en torno a los 33 millones de habitantes. Aunque resulta difícil una cuantificación exacta se estima que alrededor del 70% de su población se considera étnicamente de origen árabe y el 30% restante, amazige o bereber, concentrada esta última preferentemente en el norte (Rif y costa mediterránea) y la región del Sus. Las denominadas eufemísticamente como provincias del sur, que se corresponden con la antigua colonia española del Sáhara Occidental, tienen una población aproximada de 270.000 personas, en su mayoría saharauis. Casi el 99% de la población se considera musulmana. El árabe es la lengua oficial, aunque entre diez y doce millones de personas hablan también dialectos del amazige en varias zonas.

Como estado moderno nació en 1956, habiendo estado colonizado su territorio desde el siglo XIX hasta esa fecha por Francia y España. Ésta, que había ocupado la franja más norteña, devolvió en 1969 también el enclave de Ifni. En 1976 Marruecos Y Mauritania  ocuparon el Sáhara Occidental, y desde 1979 Marruecos se quedó como único estado ocupante. Desde entonces existe un conflicto no resuelto,  que ha adquirido forma de conflicto político y armado, pero también de derecho internacional, pues a la ocupación efectiva y explotación económica llevada a cabo por Marruecos se unen sucesivas resoluciones de la ONU y la OUA/UA para que se permita la libre determinación del pueblo saharaui.

Marruecos está constituido como una monarquía constitucional, habiendo aprobado en 1996 su último texto constitucional, dentro de un proceso de reforma política con la intención de ser tránsito hacia un sistema democrático. El monarca dispone de una gran influencia política, de facto y constitucional, a la vez que existe una limitación en la actuación política de las personas y de los partidos. Los derechos humanos tienen un margen de garantía limitado, especialmente en lo concerniente a las minorías políticas más críticas con el gobierno y a la población saharaui.

Una pieza importante en el tablero geoestratégico

Marruecos es un país de gran importancia geoestratégica, tanto por su situación geográfica como política. Principal aliado político y militar de EEUU en esa parte del Magreb, lo es también de Francia, que es el principal socio comercial y el primer inversor en Marruecos. El gobierno francés es su principal valedor en la UE, defendiendo incluso su incorporación. Las relaciones que tiene con la UE se han concretado en el Acuerdo de cooperación de 1976, el Protocolo adicional de 1988 y el marco de la Política mediterránea renovada, aplicada desde 1992, que han hecho que Marruecos tenga un trato preferencial y disponga de unas condiciones muy ventajosas. La posición de España, por su parte, resulta ambigua, pues pese a su posición de apoyo formal a la resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, mantiene una posición de statu quo derivada del contencioso con las ciudades de Ceta y Melilla, la pertenencia a la OTAN, la proximidad geográfica y los intereses económicos, lo que está conllevando una política de apaciguamiento y buena vecindad.

La situación social y económica

El modelo económico que se creó desde la independencia estaba caracterizado por su orientación desarrollista, una fuerte presencia del estado, la subordinación a los intereses de las empresas extranjeras, principalmente francesas, y un elevado coste social, con graves carencias básicas y la consiguiente emigración interior y exterior. El endeudamiento creciente, paliado durante algunos años por la exportación de los fosfatos extraídos en el Sáhara Occidental, culminó con la aplicación del Plan de Ajuste Estructural desde 1983, que se basó en la reducción de los servicios prestados por el estado, la privatización de empresas estatales, el aumento de población en situación de pobreza y un incremento del proceso migratorio. Todo generó un gran malestar social y político, expresado el primero a través de las revueltas ciudadanas de 1984, 1990 y 1992. 
    
En la actualidad la situación en que se encuentra la mayor parte de la población está lejos de los niveles deseables. Utilizando como referencia el Índice de Desarrollo Humano publicado en 2009 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Marruecos se encuentra en un nivel medio y ocupando el puesto 123 del mundo. Del conjunto de los cinco países del norte de África, se encuentra en el último lugar de dicho índice y del PIB per capita. Atendiendo a varios indicadores, es el penúltimo en cuanto a esperanza de vida global (71), por géneros y saludable de menores de 5 años (63); el que tiene menor gasto público de salud, y menor nivel de alfabetización de personas adultas (55,6%) y por géneros (las mujeres, sólo el 43,2%). Quizás esta situación explique que sea el país del Magreb con la tasa de emigración exterior más elevada, orientándose principalmente a España, sobre todo en la última década, y Francia.    


Datos de Desarrollo Humano de los países del Magreb


IDH
Ord.
PIB pc
EV
EVS
EVM
EVV
Marruecos
M
130
4.108
71
63
73,3
68,8
Argelia
M
104
7.740
72,2
63
73,6
70,8
Túnez
M
98
7.520
73,8
67
76
71,8
Libia
A
55
14.364
73,8
66
76,8
71,6
Egipto
M
123
5.349
69,9
62
71,7
68,2

 

TCN
RAC
TEE
GPS
TAA
TAM
TAV
Marruecos
1,5
8,1
8,1
5,5
55,6
43,2
68,7
Argelia
1,6
6,8
6,2
9,5
75,4
66,4
84,3
Túnez
1
9,6
5,9
6,5
77,7
69
86,4
Libia
1,9
6,6
1,4
6,5
86,8
78,4
94,5
Egipto
1,9
7,3
2,9
7,3
66,4
57,8
74,6
 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2009, PNUD
(IDH: Índice Desarrollo Humano; EV; esperanza vida; EVS: esperanza vida saludable al nacer; EVM/V: esperanza vida mujeres/varones; TCN: tasa crecimiento natural 2005-10; RAC: relación personas ancianas a cargo; TEE: tasa emigración exterior; GPS: gasto público salud; TAA: tasa alfabetización personas adultas; TAM/V: tasa analfabetismo mujeres/varones).


Las reformas políticas

Se considera por parte de algunos analistas políticos que el conjunto de los países del Magreb se encuentran en la actualidad dentro de la llamada tercera hora de las democratizaciones. Aunque hay analistas que popen en duda que exista realmente una democratización, lo cierto es que estos países, y especialmente Marruecos, están conociendo cambios políticos, aunque con ritmos y niveles diferentes.

En el caso de Marruecos se parte de un régimen político basado en la supremacía del monarca, que aún conserva bastantes parcelas de poder. Su legitimidad histórica se ha basado en lo político, aunando la tradición y un nacionalismo de integración territorial, como en lo religioso, bajo la consideración del monarca como descendiente de Mahoma. Bajo el reinado de Hassan II el régimen mantuvo una alta concentración del poder y, a la vez, de una fuerte represión. Y desde aquí hay que añadir una fuente de legitimación, reflejada en las cartas constitucionales, que se ha utilizado en los distintos contextos de crisis (Desrues y Moyano, 2000: 272).

Desde la independencia en 1956 Marruecos ha tenido un sistema de partidos de pluralismo selectivo (Desrues y Moyano, 2000: 272) sometido al monarca. Los cambios de finales del siglo pasado han configurado un mapa atomizado, en el que se pueden distinguir cuatro grandes bloques o grupos: liberales, socialdemócratas e islamistas. Dichos cambios han conllevado el acceso a los círculos del poder de algunos sectores y dirigentes políticos, antes en la oposición.

La oposición al  régimen ha sido permanente entre determinados sectores políticos, lo que da dado lugar a la aparición de una gran variedad de grupos políticos y movimientos sociales. A su vez se ha manifestado un malestar entre determinados sectores de la población por distintas causas y en distintos lugares, como la población berebere, las revueltas ciudadanas de 1984, 1990 y 1995, el movimiento islamista o todo lo relacionado con conflicto del Sáhara Occidental. Las revueltas pusieron de manifiesto el descontento social derivado de las duras condiciones de vida y las consecuencias del Plan de Ajuste Estructural (1983-93)  aplicado por el gobierno bajo la tutela del FMI y del BM. En este contexto y el más amplio del mundo islámico surgió un movimiento religioso que, aunque limitado, plantea otro tipo de reto al poder desde su defensa de la primacía del islam sobre la esfera pública y privada.

Las reformas políticas iniciadas por Hassan II en los años 90 respondieron a una forma de relegitimación ante las medidas económicas y en gran medida por la presión de los países occidentales, con quienes Marruecos mantenía excelentes relaciones económicas y políticas. La reforma constitucional de 1996 permitió la celebración de elecciones con un mayor grado de libertad de los partidos y la formación de dos cámaras (una de elección directa y la otra indirecta), pero mantuvo las prerrogativas reales de nombramiento del primer ministro y disolución de las cámaras. En este nuevo contexto fue donde se inició la cooptación de determinados sectores y líderes políticos que habían estado anteriormente en la oposición, como fue el caso del partido socialista o el islamista Justicia y Desarrollo.

El acceso al trono de su hijo Mohamed VI en 1999 ha su supuesto la toma de algunas medidas políticas cuya valoración es dispar. Si bien su discurso político se ha renovado en relación al de su padre, permitiendo el regreso de exiliados, haciendo ciertos reconocimientos a algunas víctimas de la represión o introduciendo reformas sobre el papel de las mujeres en la sociedad, en algunos ámbitos se considera que el nuevo monarca no ha sido capaz de articular un régimen democrático pese al anuncio de reformas que hizo al principio de su reinado. En este sentido, hay quien concluye que “no existe hoy en Marruecos una verdadera cultura democrática” (Ochoa, 2010: 9-10).  Como síntomas de esto se encuentran la baja participación en las elecciones, el fraude y clientelismo electoral o una gran desconfianza entre la población sobre la posibilidad de cambios importantes.

Desde otros ámbitos la valoración de estos cambios es diferente. Se considera que Marruecos es el país que más ha avanzado durante este siglo en la puesta en práctica de reformas y de una mayor apertura política (Schmid, 2006: 81). Las relaciones entre la UE y Marruecos son consideradas ejemplares, así como el modelo de reformas donde se asocia la modernización económica y la apertura política. Según esta perspectiva se han llevado algunas reformas simbólicas importantes, como las relacionadas con la situación de las mujeres, a la vez que el clima político se ha tranquilizado mediante elecciones pluralistas.
 
La sociedad civil

Es frecuente vincular la existencia de una sociedad civil cuando se vive en una sociedad democrática o se está en proceso de democratización. Hay quienes consideran, sin  embargo, que puede emerger una sociedad civil en contextos sociales y políticos diferentes. Así lo defiende Angels Roque en sus estudios sobre Marruecos (2001, 2002), dando una gran importancia al papel que juegan en las sociedades con una presencia importante de los lazos tradicionales como la base de creación de redes de cooperación en el contexto de éxodo rural, crisis económica o defensa de la cultura propia. Esta autora ha resaltado el papel que la sociedad civil ha jugado entre la población amazige de varias zonas de Marruecos a la hora de rescatar y normalizar su cultura, y fortalecer los lazos de cooperación. 

Referirse a la sociedad civil marroquí requiere hacerlo dentro de una complejidad donde se entrecruzan elementos tradicionales y los que van surgiendo en los contextos cambiantes de las últimas décadas, donde las relaciones con otros países y culturas va en aumento. Los orígenes de la sociedad civil en Marruecos suelen situarse en la década de los 80, cuando se inicia la crisis del modelo económico desarrollista. Esta ligada a la creación de un nuevo tejido asociacionista, surgido como respuesta al vacío que el estado y su entorno político-social fueron dejando en sus actuaciones. Ya con anterioridad, durante los años del proceso de descolonización, surgieron diversas asociaciones vinculadas a los grupos políticos del régimen que actuaban a la vez como un medio de influencia política y de complemento de la acción del estado (Herrán, 2007: 2). Fue precisamente esta vinculación a los partidos ligados al poder lo que creó una gran desconfianza entre la población.

La política represiva del gobierno en los conocidos como años de plomo, durante la  década de los 70 y principios de los 80, hizo que fuera surgiendo otro tipo de asociacionismo, relacionado con los grupos de oposición y desarrollados al calor de las movilizaciones populares. Este tejido asociativo se ha considerado como una forma de autoprotección frente al poder y de ayuda para paliar las carencias del estado en la etapa de aplicación de medidas de ajuste económico. Desde entonces se ha producido una rivalidad entre los modelos de asociacionismo, bien el vinculado al poder a través de los grupos políticos que participan de él, que les sirve además como una vía de creación de una red clientelar; o bien el vinculado a los grupos que actúan al margen del sistema. La presencia creciente de grupos y recursos relacionados con la cooperación internacional han ampliado el campo de acción de las asociaciones, aunque su influencia resulta desigual.

Desrues prefiere establecer los tipos sobre la base de su carácter reivindicativo o no (2004: 53-54). En el primer caso se encuentran las asociaciones surgidas en los años 80 con el fin de promocionar las libertades, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, o en los 90, al amparo de la apertura política. En el segundo caso se encuentran las numerosas asociaciones sectoriales, vinculadas a organismos estatales, supranacionales o internacionales, que actúan como un complemento de la acción del estado.

La situación de las mujeres

En el informe de desarrollo humano de 2002 publicado por la UNESCO la situación de las mujeres en los países árabes era calificada como de “alta desigualdad”. Aunque la situación ha ido mejorando, en Marruecos el 50% de las jóvenes son excluidas de la escuela a partir de los 14 años (Roque, 2003). El analfabetismo en general y la desescolarización de las niñas es mayor que en los varones.

La situación de la mujer, pues, dista de ser igual a la de los varones. Pese a tener reconocido el derecho de voto y haberse ido introduciendo mejoras en sus derechos civiles, legalmente sigue estando discriminada en relación a los varones. Una gran mayoría de mujeres trabajan en la economía sumergida y el estatuto privado de la mujer, considerada como una menor, sigue estando presente.

En algunas áreas rurales se sigue dando la práctica de la conocida como servidumbre adoptiva, mediante la cual las niñas pasan a trabajar en el servicio doméstico de familias del medio urbano (Guía, 2005: 382).

Dentro de la red asociativa marroquí han ido ganando un peso importante las mujeres. Destacan, por un lado, aquellos grupos relacionados con actuaciones sobre intereses inmediatos, tales como la alfabetización, la formación profesional o los microcréditos; y, por otro, las dedicadas a la promoción y defensa de la mujer en los ámbitos social, económico,  político o jurídico (Herrán, 2007: 5).

Pese a los problemas, se ha destacado el avance en la presencia y visibilización de las mujeres en el mundo árabe-musulmán y, en particular, el marroquí. Pese a la idea de una regresión, en los últimos años se está dando una incorporación desde las mujeres más jóvenes, lo que tendrá una indudable repercusión en el futuro. Esto ha llevado a que estén llevando a cabo una “venganza silenciosa” (Roque, 2003).

Una de las reformas introducidas con el nuevo monarca, ha sido la del código de familia de 2004, que pasa a tener la responsabilidad compartida; se aumenta a 18 los años para contraer matrimonio; se prohíbe éste sin el consentimiento de la mujer; desaparece el repudio del esposo; las mujeres pueden obtener la custodia y guarda de sus hijos, etc. Se mantienen aspectos que siguen supeditándolas a los varones como en el caso de la herencia, la no abolición total la poligamia…

La emigración

Marruecos ha conocido un fuerte proceso migratorio, tanto dentro del país como hacia el exterior, iniciado en la década de los 60 e incrementado desde la crisis de los 80. El éxodo rural se da hacia las principales ciudades del país aun ritmo de un millón de personas por año, lo que ha dado lugar a grandes carencias en materia de vivienda, servicios básicos (saneamiento, agua…) y trabajo. Las periferias de las principales ciudades se han convertido en centros de marginación social que afecta en mayor medida, a mujeres y jóvenes. A los bajos salarios se han unido el paro y el subempleo, con una gran presencia de la economía sumergida. Ya en 1971 el 69% de la población urbana se ganaba la vida de este modo (Pennell, 2005: 252). Esta realidad ha sido el caldo de cultivo de las revueltas y protestas que se han ido sucediendo, a la vez que del crecimiento de influencia de los grupos islamistas.

La emigración exterior se orientó durante varias décadas preferentemente a Francia, y en menor medida a Bélgica y los Países Bajos. Desde los años 90 ha habido una reorientación en el destino, en concreto hacia España. Las regiones más afectadas han sido el Rif y el Sous, precisamente donde la población amazige es mayoritaria. Se ha cuantificado en un 66% los ingresos financieros que en la actualidad aportan las remesas de emigrantes (Guía, 2005: 382).

Marruecos no es sólo un país donde la tasa de emigración exterior es elevada, sino que también lo es un país de paso desde los países del sur hacia Europa. La situación en la que se encuentra la población saharaui ha hecho que existan unas 200.000 personas que viven en campamentos situados en la parte oriental de Argelia en situación de refugiadas.

Existen redes ilegales dedicadas a la emigración tanto marroquíes como de personas provenientes de los países del sur.

El Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental es un territorio incluido dentro del Comité de Descolonización de la ONU, sin que hasta la fecha se haya solucionado el contencioso internacional surgido en noviembre de 1975, tras la firma de unos acuerdos secretos entre los  gobiernos de España, Marruecos y Mauritania; y la ocupación militar de Marruecos y Mauritania desde 1976, mantenida sólo por Marruecos desde 1979.

Marruecos denomina al territorio ocupado con el nombre de provincias meridionales, aunque en la práctica sólo tiene controladas las dos terceras partes del mismo, delimitadas mediante un muro o berma de unos dos mil kilómetros de longitud, cuya franja oriental se encuentra controlada por la República Árabe Saharaui Democrática, fundada en 1976. A lo largo de estos años ha organizado una explotación de los recursos naturales, administradas por empresas  en su mayoría francesas y españolas, que operan preferentemente en la minería (fosfatos) y la pesca. A la vez el gobierno ha fomentado el asentamiento de población procedente del propio Marruecos. Resulta difícil ofrecer una cuantificación del conjunto de la población existente y su reparto según la procedencia, pero se estima que está en torno a unas 270.000 personas, la mayoría saharaui.

En 1976 se fundó la RASD, actualmente reconocida por alrededor de 70 países. Aunque su Constitución contempla como territorios propios los ocupados por Marruecos, su asentamiento real se encuentra en el territorio cedido temporalmente por Argelia en la zona de la Hamada de Draa o Tindouf, donde habita parte de la población que se refugió en 1976 al inicio de la guerra contra  Marruecos y Mauritania. En la actualidad esta población exiliada está cuantificada en unas 200.000 personas.

Toda esta situación ha hecho que la población saharaui esté viviendo en una situación difícil, con un elevado nivel en las violaciones de sus derechos. Aunque en el  epígrafe siguiente se hace un referencia más detallada, el pueblo saharaui vive en una dura situación, al aunarse su deseo de ser un estado independiente, la represión en Marruecos contra la disidencia política, el componente armado que tiene el conflicto  e incluso el uso por parte del estado a la hora de reforzar el sentimiento nacionalista marroquí sobre la base de la unidad territorial.

El problema saharaui no sólo afecta a esta población, sino incluso a aquellos marroquíes que mediante sus actuaciones defienden sus derechos.

Los derechos humanos

La situación de los derechos humanos reviste una situación preocupante con continuas denuncias por parte de organismos internacionales y de diversos grupos marroquíes. Estas denuncias afectan en mayor medida a las minorías berebere y sobre todo saharaui, al coincidir su oposición a la orientación política del régimen con las dificultades que existen para expresarse libremente. Las violaciones de los derechos humanos fueron de mayor dimensión durante el reinado de Hassan II, habiéndose atenuado durante el reinado de su sucesor, donde las detenciones arbitrarias, las torturas, las condenas judiciales y las desapariciones fueron frecuentes.

La política llevada a cabo por Mohamed VI ha tendido a una mayor liberalización política, de manera que las violaciones de los derechos humanos han disminuido de una manera importante. Incluso la práctica de la pena de muerte, aunque no abolida, ha desaparecido desde 2003.

En 2004 se publicó el informe de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), creada bajo el auspicio del propio monarca, donde se ha intentado sacar a luz pública los puntos oscuros del reinado de Hassan II. Marruecos a su vez se ha integrado en varios programas de promoción de la democracia en algunos casos bajo el amparo de la Unión Europea.

El informe de la IER, que estuvo presidida por un antiguo opositor político, Dris Benzekri,  planteó varios objetivos (Human Rights, 2006): búsqueda de la verdad sobre las desapariciones,  investigación en diversas instancias estatales (policía y poder judicial), aplicación de reparaciones y propuestas de reformas políticas y judiciales dirigidas a preservar los derechos humanos. La actuación de esta comisión, sin embargo, ha sido valorada de distinta forma, desde quienes lo han visto como un gesto simbólico importante hasta quienes tienen una postura crítica, en este caso expresada en algunos círculos políticos y grupos de defensa de los derechos humanos. En este sentido se hace referencia a la clausura de esta comisión en 2006 por parte del monarca, la ausencia de referencias concretas a los responsables, la no resolución de varios casos de desaparecidos, la escasa referencia a la región del Rif… A ello hay que unir que, aunque reducidas, se siguen dando las violaciones de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha elaborado distintos informes durante estos últimos años. La sección de  EEUU ha publicado en 2009 un informe donde detalla cuál es la situación, destacando distintos aspectos donde se siguen violando los derechos humanos: la represión de la disidencia política, especialmente cuando se expresa a través de las críticas a la monarquía; la represión contra los activistas saharauis, que sufren detenciones, torturas y apaleamientos, encarcelamientos y condenas judiciales; el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; el abuso de medidas de seguridad y las medidas antiterroristas, que en este caso afecta a presuntos islamistas radicales; la persistencia de la discriminación y violencia contra mujeres y niñas; la discriminación por conductas homosexuales; y, por último, los problemas que viven las personas refugiadas solicitantes de asilo y migrantes.

En otro informe reciente, en este caso de la sección española de  Amnistía Internacional,  se hace referencia a detenciones y expulsiones de decenas de migrantes que en algunos casos se abandonaron en la frontera del país en medio del desierto; el riesgo que corren la personas que realizan denuncias; la intolerancia hacia la disidencia y las críticas tanto de la corrupción como de las prácticas indebidas; las limitaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión; el uso de la fuerza excesivo; el estancamiento del proceso de determinación de la verdad sobre las desapariciones; y la fuerte represión que sufre la población saharaui y especialmente las personas que defienden los derechos humanos.

A principios de este año, Amnistía Internacional, ha pedido a Mohamed VI que cumpliera con las expectativas que suscitó con la iniciativa de la comisión de Equidad y Reconciliación. Considera que sólo se han revelado verdades parciales, que no se ha abordado el problema de la justicia y que no se han llevado a cabo reformas legales e institucionales. Se reconoce que la comisión arrojó luz sobre el alcance y gravedad de las violaciones, cuantificándose 742 casos, de los cuales 66 quedaron pendientes, que posteriormente el Consejo Asesor de Derechos Humanos resolvió en su mayoría. Sin embargo, no se ha hecho pública hasta la fecha ninguna lista de las personas desaparecidas. Se considera, así mismo, que la comisión nació con el impedimento de no identificar a los responsables de las violaciones y que el Sáhara Occidental fue excluido de las reparaciones de las víctimas. No obstante, parte de las víctimas sí se han beneficiado de las reparaciones en forma de indemnización y rehabilitación médica y social.

Una situación especial es la que sufre el pueblo saharaui. Las informaciones que se pueden leer en los medios de comunicación, que provienen de diversas entidades de derechos humanos marroquíes, saharauis e internacionales, muestran la gravedad del problema. Es conocido el caso de Aminatu Haidar, quien durante los meses de noviembre y diciembre mantuvo un pulso con el gobierno marroquí mediante una huelga de hambre, proyectando internacionalmente las reivindicaciones que defiende.

Amnistía Internacional ha pedido el pasado mes de abril que el gobierno de Marruecos ponga fin al hostigamiento de los activistas saharauis, que sufren constantes intimidaciones en sus prácticas de resistencia, incluyendo el uso de la huelga de hambre. Según este informe existen siete saharauis que vienen sufriendo dicho hostigamiento desde que hace varios meses iniciaron una huelga de hambre. En el mismo informe se alude también a la situación en que se encuentran las personas que viven refugiadas en los campamentos situados en la región argelina de Tindouf, de las que ACNUR presta asistencia a 90.000 personas que se encuentran en unas condiciones vulnerables.


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