sábado, 4 de marzo de 2017

Feminismo y estudios de género

El análisis de la realidad desde la dimensión de género está siendo cuestionado últimamente de una forma desaforada desde diversos ámbitos. En medios católicos hay obispos que no paran utilizar el término ideología de género para referirse despectivamente a esa visión y calificarla incluso como uno de los males de nuestros días. Distintas personas y grupos lo repiten sin cesar, pero en todos los casos no dejando de dar muestras de ignorancia, cuando no de mala fe. Por eso me he atrevido a reproducir un apartado muy breve de un trabajo mío de 2010 (Influencia de las relaciones de género en la convivencia escolar: estudio de un instituto de Barbate, trabajo fin de máster). Tratado de una forma muy sintética, creo que aporta una información importante, con referencias teóricas de autores y autoras que no pecan precisamente de ignorancia.


Durante las últimas décadas se está dando un interés creciente por poner el estudio y tratamiento de los géneros como un elemento primordial en el conocimiento de la realidad social y, por derivación, de la justicia social. La repercusión que tuvo la obra de Simone de Beauvoir El segundo sexo (1987), publicada en 1949,  abrió una brecha en la perspectiva del  tratamiento y la comprensión de la situación de las mujeres con su aseveración de que “la mujer es uno de los tantos productos elaborados por la civilización” (1987, v. 2: 511). No fue nueva la idea de la construcción cultural de los sexos, que ya había tenido un recorrido anterior, pero sí marcó un antes y un después (Nash, 2004: 168-169).

Los orígenes del uso del término género datan de los años sesenta del siglo pasado, como un intento por parte de las feministas académicas de crear una categoría de análisis de la desigualdad entre varones y mujeres (Dorelo, 2005; Hernández, 2006). En palabras de Yulluva Hernández (2006), “el género constituye la categoría explicativa de construcción social y simbólica histórico-cultural de  los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual”. Las aportaciones que se están haciendo en las ciencias sociales y la influencia sobre la realidad social están resultando de gran importancia, aun cuando existan distintas formas de abordar el tema y de interpretar dichas aportaciones e influencia (Lagarde, 1990 y 2000; Subirats, 1994; Lamas, 1996; Bourdieu, 2000; Arenas, 2006; Larrauri, 2000 y 2006; Rodríguez, 2010).

Sin abandonar la perspectiva de género como categoría de análisis,  más recientemente han ido surgiendo nuevos enfoques que pretenden llamar la atención sobre la diversidad cultural como una realidad presente, incluidos los países más desarrollados. Para Sandra Harding, en lo que aúna con el término feminismos postcoloniales, “el feminismo multicultural y el feminismo global (…) proporcionan recursos para una reflexión sobre las relaciones de género en el seno de las sociedades multiculturales y un mundo multicultural” (2006: 19). En este sentido se define el género no sólo como “propiedad de los individuos, sino también de estructuras sociales”, por lo que está imbricado con otras categorías, como la clase, la raza, la sexualidad, el colonialismo, etc. (Harding, 2006: 34). 

En el campo más específico de la antropología social, Gregorio y Franzé (2006, 2006: 83) han señalado que los estudios de género han ido pasando desde conceptos esencialistas a una mayor complejidad analítica, en la que se “incorpora la diversidad de las posiciones de las mujeres en función de diferenciaciones de parentesco, clase social, etnicidad, historia colonial, raza o sexualidad”. Esto habría conllevado que hayan surgido posiciones críticas sobre la rigidez de la categoría de género centrada en la sexualidad, lo que supone un cuestionamiento de “la naturalidad de la sexualidad heterosexista” (Franzé, 2006: 84-85; Butler, 2000; Fraser, 2000 y 2000b).


Referencias bibliográficas

ARENAS, G. (2006). Triunfantes perdedoras. La vida de las niñas en la escuela. Barcelona, Graó.
BEAUVOIR, S. de (1987). El segundo sexo, 2 vv. Buenos Aires, Siglo Veinte.
BOURDIEU, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona, Anagrama. Existe una versión electrónica en http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LADOMINACIONMASCULINA-BOURDIEU.pdf (consultado el 12-07-2010).
BUTLER, J. (2000). El marxismo y lo meramente cultural, en New Left Review, n. 2, mayo-junio. Madrid, Akal, pp. 109-121.
DORELO, L. (2005). La perspectiva de género en la educación: “la coeducación un desafío…”, en ISEF Digital, n. 53, febrero, http://www.isef.edu.uy/isefdigital/Paginas/articulos.htm (consultado el 12-07-2010).
FRASER, N. (2000). Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo: una respuesta a Judith Butler, en New Left Review, n. 2, mayo-junio. Madrid, Akal, pp. 123-134.
FRASER, N. (2000b). Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento, en New Left Review, n. 4, septiembre-octubre. Madrid, Akal, pp. 55-28.
GREGORIO, C. y FRANZÉ, A. (2006). Una mirada desde la antropología social: diferenciaciones de género y mediaciones culturales en los procesos educativos, en  C. Rodríguez (coord.), Género y currículo: aportaciones del género al estudio y práctica del currículo. Madrid. Akal.
HARDING, S. (2006). Estudios feministas poscoloniales sobre ciencia: recursos, desafíos, diálogos, en C. Rodríguez (coord.), Género y currículo: aportaciones del género al estudio y práctica del currículo. Madrid. Akal,  pp. 19-36.
HERNÁNDEZ, Y. (2006). Acerca del género como categoría analítica, en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, n. 13, enero-junio, pp. 111-120. Publicación electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, http://www.ucm.es/info/nomadas/ (consultado el 12-07-2010).
LAGARDE, M. (1990). Identidad femenina, http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/purificacion_mayobre /identidad. pdf (consultado el 30-06-2010).
LAGARDE, M. (2000). Aculturación feminista, en Género en el Estado. Estado del género. Santiago de Chile, Isis Internacional Ediciones de las Mujeres, n.27, reimpreso por El Centro de Documentación sobre la Mujer. Buenos Aires, Argentina. 2000. pp. 135-150, http://www.ciudadanas.org/documentos/ MARCELA_LAGARCE _aculturacion_feminista.pdf (consultado el 30-06-2010).
LARRAURI, M. (2000). No se trata de realizarse, en Duoda. Reviste d’Estudis Feministes, n. 18. Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 57-68 (consultado el 1-07-2010).
LARRAURI, M. (2006). Entrevista de Rafael Miralles, en Cuadernos de Pedagogía, n. 356, abril. Barcelona, Praxis, pp. 48-53.
NASH, M. (2004). Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid, Alianza.
RODRÍGUEZ, C. (2010). La igualdad y la diferencia de género en el currículum, en J. Gimeno (comp.), Saberes e incertidumbres sobre el currículum. Madrid, Morata, pp. 103-127.
SUBIRATS, M. (1994). Conquistar la igualdad: la coeducación hoy, en Revista Iberoamericana de coeducación, n. 6, septiembre-diciembre, monográfico Género y coeducación, pp. 49-78, OEI Biblioteca digital, http://www.rieoei. org /oeivirt/rie06a02.htm (consultado el 16-06-2010).

(Imagen: Aleksander Rodchenko, fotografía de Lili Brik)

viernes, 3 de marzo de 2017

"Que en la muerte os persigan nuestras memorias" (Vitoria, 1976)


Assassins de raons, de vides,
que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies
i que en la mort us persegueixin les nostres memòries.
(Lluis Llach, fragmento de Campanades a mort, 1976)

No fue un hecho aislado. Ni un producto del azar. Ni una locura de los mandos policiales. Fue una advertencia. Una llamada de atención. En muchas ciudades y pueblos las movilizaciones estaban llenando las calles, cerrando los centros de trabajo, ocupando las universidades... La lucha contra la dictadura crecía. Había que parar eso. Y la muerte era una forma de hacerlo. Sólo en Vitoria hubo cinco. 

(Imagen: marzo de 1976)

jueves, 2 de marzo de 2017

Oliver Stone se atreve con el problema de Ucrania


He visto bastantes películas de Oliver Stone. De ficción (Salvador, Platoon, Wall Street, Nacido el 4 de julio, JFK: caso abierto...), documentales (La historia no contada de los Estados Unidos) e incluso en forma de entrevista a algún personaje relevante (Comandante, Mi amigo Hugo). Me resulta un director interesante y, ante todo, muy atrevido. Por los temas que trata y por la forma que tiene de abordarlos, al margen de lo establecido y, en mayor medida, siendo de donde es. 


El otro día he visto lo que creo que es su último trabajo: Ucrania en llamas. Se hace en él una narración de lo que está ocurriendo en Ucrania durante los últimos años, aparecen varias entrevistas a personajes de relieve de la actualidad y se completa con imágenes de los medios de comunicación actuales y de archivos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Aparecen dirigentes políticos como el presidente ruso Vladimir Putin, el expresidente ucraniano Viktor Yanukovich y el presidente de la República de Donetsk, Aleksander Zajarchenko. Pero es quizás la presencia del periodista Robert Parry la que sobresalga en mayor medida. Conocedor profundo de la política exterior de los años ochenta, no deja de lanzar dardos contra la estructura de poder de su país. 

Se trata de una película muy atrevida, quizás controvertida, pero única por lo que hasta ahora hemos visto y oído a través de los grandes medios de comunicación. Stone pone al descubierto el papel que ha jugado, y lo sigue haciendo, EEUU. La complicidad de los países de la UE. La relación existente con las distintas "revoluciones de colores" inventadas por la CIA y los grandes poderes de EEUU. Los vínculos entre el movimiento fascista ucraniano habido durante la Segunda Guerra Mundial y los grupos que existen en la actualidad. Las provocaciones e instigaciones habidas para precipitar acontecimientos. La permanente manipulación informativa...

En fin, mejor verlo y luego sacar las conclusiones pertinentes. Que no son pocas.

miércoles, 1 de marzo de 2017

La izquierda durante la Transición. En busca de una explicación de la derrota política

Se trata de la segunda comunicación enviada al Congreso “Las otra protagonistas de la Transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales”, celebrado en Madrid durante los días 24 y 25, y cuyo texto no tiene notas a pie de página por ser parte de las condiciones de participación. Puede verse también en la página electrónica del Congreso, dentro de la mesa "La izquierda radical como impulsora del cambio político". Hace poco más de un par de años, a finales de 2014, ya publiqué un artículo con el mismo título, más extenso y base de la comunicación. Se trataba, más concretamente, de la introducción inicial del trabajo realizado sobre el PTE y la JGR en Salamanca y que, por distintas razones, preferí no incluirlo.



El resultado final de la lucha de la izquierda radical durante la Transición fue una derrota política, aunque se pueden hacer algunas matizaciones. Salvo en el País Vasco, en su mayor parte actuó en el ámbito del conjunto del estado, con unos resultados electorales que fueron muy modestos y una influencia social que fue bastante limitada, por lo que su derrota fue evidente. Nos preguntamos ahora cuáles fueron las causas y si éstas lo fueron por sus propios errores, por circunstancias políticas y sociales poco propicias o por ambas cosas a la vez.

Los cambios sociales y económicos

Se ha escrito mucho acerca de los cambios profundos en la sociedad española desde finales de los 50 como elemento central para comprender la Transición. El giro dado en la política económica del gobierno, con las medidas estabilizadoras, la apertura al exterior y la aplicación de los planes de desarrollo, acabó ayudando a crear las condiciones para que fuera cambiando la mentalidad de la población. El proceso de industrialización y urbanización, el descenso de la población agraria, la aparición de una nueva clase obrera, la extensión en número de las clases medias, el aumento del nivel cultural, la mayor incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico, la creciente secularización de la vida cotidiana o el contacto con otras culturas, entre otros factores, fueron creando un clima social más proclive a la necesidad de cambio político. Paralelamente los fundamentos ideológicos y las instituciones del régimen fueron quedando como elementos caducos, especialmente entre la gente joven, que fue mostrando una actitud creciente de rebeldía en lo político y en el modo de vida. La crisis económica de 1973 acabó siendo un factor de agravamiento, cuando no de precipitación, de la crisis política del régimen.

Esto ha servido de base en el campo de la Sociología y la Ciencia Política para explicar el comportamiento moderado de la mayor parte de la población española durante los años de la Transición y con ello el fracaso de las opciones políticas más extremas. Una moderación que afectó también a buena parte de la clase obrera surgida en el proceso de industrialización de los 60, pese a la existencia de un gran dinamismo movilizador en su seno y la radicalidad de algunos sectores.

Los ideólogos del tardofranquismo asociaron el régimen con una tarea modernizadora pendiente y el propio Franco llegó a decir que su mejor monumento había sido la clase media española. La información que aportaron esas dos nacientes disciplinas en las universidades españolas fue inteligentemente utilizada desde algunos círculos del poder, especialmente los vinculados a Suárez. Celebradas las elecciones de 1977 y aprobada la Constitución de 1978, fueron saliendo a la luz diversos trabajos en torno a la cultura y las actitudes políticas de la sociedad, algunas de cuyas conclusiones sirvieron de base para justificar la estrategia política del PSOE en los años siguientes.

La percepción de la izquierda radical desde la sociedad

Si se ha tendido a diseccionar los grupos de izquierda radical a través de sus planteamientos políticos, sus formas organizativas, su estilo de trabajo y sus objetivos, corresponde ver también cómo fueron percibidos por la sociedad de su tiempo y los grupos sociales a los que se dirigió preferentemente.

En un Informe de principios de 1977 para la Presidencia del Gobierno se apostó por la oportunidad de la legalización del PCE. Se decía también que eso “deslindaría al PC de otros grupos más a la izquierda que conviene claramente excluir”. Del hecho de que tras la semana negra de enero de 1977 una de las respuestas del gobierno fuera ordenar redadas contra la militancia de grupos de la izquierda radical, puede deducirse que se les prestaba atención.

Los tanteos de Suárez para entrevistarse con Carrillo fructificaron en el encuentro de principios de 1977, cuando escenificaron en secreto un pacto político de hondo calado: la legalización a cambio de la aceptación de la monarquía. El gobierno de Suárez cerraba, así, el círculo de la reforma, superado el fracaso del gobierno de Arias Navarro un año antes.

En el Informe Foessa 1978 se reflejaba una media de 5’64 en la autoubicación político-ideológica de la población a finales de 1976, lo que situaba a nuestro país en los niveles de buena parte de los países europeos occidentales. País Vasco-Navarra y Barcelona tenían una media, respectivamente, de 4’79 y 4’86, dentro de los niveles de Italia (4’69) y Francia (5’05). Por bloques políticos en el centro se situaba casi al 50% de la población, cuando en la mayoría de los otros países rondaba la tercera parte. Por su parte, el 22% estaba en las posiciones de izquierda, lejos de Italia (43%), Francia (41%), Bélgica (36%) o Gran Bretaña (35%). Por territorios en País Vasco-Navarra y Barcelona un 40% se autoubicaba en la izquierda, mientras que en Castilla la Vieja no llegaba al 20% y en Castilla la Nueva sólo un 9%. La izquierda radical atraía al 10% en las zonas más industrializadas, como ocurría en Países Bajos y Bélgica, pero estaban por debajo de Gran Bretaña y Francia (16%), e Italia (18%).

Los resultados de las elecciones de 1977 y 1979 reflejaron en gran medida esa orientación. Triunfaron las opciones moderadas en torno al centro político (UCD, PSOE, PDC/CiU y PNV), que sumaron el 70% de los votos. Pero fueron una gran decepción para los grupos comunistas, desde el PCE-PSUC (9’4% y 10’8%) hasta los de izquierda radical (sumaron 2’2% y 5’8%). Sólo el PSUC obtuvo resultados aceptables (18’3% y 17’4%), pero siempre por debajo del PSC-PSOE.

Allí donde los grupos de izquierda radical obtuvieron mejores resultados, el PCE estuvo por debajo (País Vasco y Navarra) y en algunas zonas, como Andalucía, llegaron a horadar en su electorado. Consiguieron más apoyos en Navarra (17,7% y 15,3%) y País Vasco (8% y 25,9%), destacando HB en éste en 1979 (15%).

En las elecciones municipales de abril de 1979 los resultados mejoraron para el conjunto de la izquierda, desde la más moderada hasta la más radical. El PCE-PSUC (12,7%) tuvo un 18% de subida relativa, y el PTE y la ORT (2,5%), casi la tercera parte, con representación en numerosos municipios y en algunos hasta alcanzando la alcaldía.

Cabe preguntarnos el porqué de unos resultados tan exiguos para la izquierda radical.

La acción represiva del estado

Veamos el caso de Valladolid, que desde finales del franquismo conoció una gran conflictividad laboral, universitaria y vecinal. Según un informe de 1975 del Gobierno Civil, acerca de la sensibilidad política de la población, la izquierda y el centro-izquierda gozaban de un 35% de simpatía en el centro de la ciudad y el 50% en los barrios; y la extrema izquierda, respectivamente, el 5% y el 10%. Resulta evidente que existía preocupación en las autoridades, teniendo en cuenta la relevancia de los conflictos y su eco en la opinión pública.

Sin embargo, en 1977 los resultados electorales fueron exiguos para la izquierda radical (1,9%), bastante modestos para el conjunto de grupos comunistas (9,2%) y por debajo de la derecha en la suma de todos los grupos de izquierda (48,2%). En 1979 mejoraron algo los resultados de los grupos comunistas: 13,9% en total, con el 9,2% del PCE y el 4,4% de la extrema izquierda. Pero el conjunto de la izquierda (47,9%) siguió por debajo de la derecha. Algo cambió la situación en las elecciones municipales: los grupos de izquierda globalmente superaron a los de derecha: 58,2% frete al 41,8%; el PCE obtuvo un 13,1% y los grupos de izquierda radical, separados, el 5,3%, sumando entre todos el 18,4%.

¿Qué ocurrió en otras áreas industrializadas del país? Xavier Domènech ha estudiado la dimensión política del movimiento huelguístico y vecinal de las zonas más conflictivas en el primer semestre de 1976. Lo ha calificado de clara naturaleza rupturista, capaz de acabar con el gobierno de Arias Navarro y obligar a su sucesor a introducir medidas políticas más atrevidas, como el primer decreto de amnistía, la legalización de partidos políticos o el proyecto definitivo de reforma.

Estos meses fueron los de mayor y más variado movimiento reivindicativo habido durante el franquismo y la Transición. Confluyeron huelgas de la clase obrera urbana y rural, reivindicaciones vecinales, protestas y huelgas estudiantiles, y hasta movilizaciones de pequeños agricultores y ganaderos. Habría que añadir conflictos propiamente políticos, como la lucha por la amnistía o los de carácter nacionalista y autonomista. No faltaron las acciones armadas de las dos ramas de ETA y en menor medida del incipiente GRAPO.

La razón de que este movimiento no se extendiera más habría que buscarla en diversos factores, pero la acción del aparato represivo no fue ajena. La matanza de Vitoria, con cinco muertes, marcó uno de los puntos culminantes, pero en 1976 hubo al menos 18 muertes sólo de huelguistas y manifestantes, a lo que habría que unir numerosas personas heridas y torturadas, un incontable número de detenciones y la militarización de algunos servicios públicos. Hubo zonas fuertemente castigadas, en especial País Vasco y Navarra (que sumaron 12 muertes), pero también Madrid, Barcelona, Alicante, Canarias y varias provincias andaluzas.

La intervención de las potencias occidentales

El interés geoestratégico de EEUU desde 1945 permitió la estabilidad del régimen y facilitó su longevidad. Ése fue el significado de los acuerdos bilaterales firmados desde 1951. Su interés por controlar la sucesión de Franco tenía el objetivo de garantizar una estabilidad política que evitara poner en peligro dicho papel geoestratégico.

La Revolución de los Claveles portuguesa de 1974 había hecho saltar las alarmas, dada la radicalidad que alcanzó en los primeros momentos. La reconducción del proceso revolucionario portugués y el diseño de la Transición española corrieron paralelos desde 1975, aun cuando partieran de situaciones distintas. En todo caso, lo que estaba ocurriendo en la Península Ibérica habría que englobarlo dentro del conjunto de intereses de EEUU en el Mediterráneo, donde también había que contar con países como Italia y Grecia. El diseño de la Transición buscó apartar a la población de las tentaciones radicales para llevar al régimen franquista hacia otro nuevo, a la vez que mantener el alineamiento de España con el bloque occidental. Ese régimen nuevo sería de más libertades, pero no se preveía legalizar a los grupos comunistas.

EEUU intervino a través de enviados oficiales directos, la embajada en Madrid o la propia CIA. Utilizaron agentes de los servicios de espionaje españoles (SECED), refugiados de grupos de extrema derecha, militantes de la extrema derecha española y hasta militantes de grupos políticos de la oposición, tanto moderados como, según algunas fuentes, armados de extrema izquierda. También intervinieron muy activamente la Internacional Socialista y dentro de ella, el SPD alemán, así como políticos relevantes del momento, como el Giscard D’Estaing o Smith.

Tampoco faltó la intervención de la Comisión Trilateral, cuyos primeros integrantes españoles fueron personajes relevantes del mundo empresarial y profesional con conexiones con el mundo político. No sería desacertado establecer una correlación entre el proceso de reforma del régimen y su mayor influencia en el mundo de la política. Muy vinculada con la presidencia de Carter y con mayor sensibilidad por la democratización de los países, los gobiernos centro-reformistas de Suárez coincidieron con el mandato de Carter y la dimisión forzada del primero en 1981 se produjo tras el acceso de Reagan a la presidencia. Muchas de todas estas actuaciones fueron sordas y apenas perceptibles en su momento, aunque hoy son más reconocibles a la luz de documentos, testimonios e investigaciones aparecidas.

Y relacionado con todo tenemos que destacar al PSOE renovado, cuyo papel acabó siendo primordial. En un proceso corto, pero efectivo, y con la consiguiente ayuda política y financiera fue atrayendo a personas de diversos ámbitos: viejos militantes, dentro del papel simbólico de legitimación de las siglas; personas poco comprometidas en la lucha contra la dictadura, pero linces a la hora de olfatear las posibilidades de promoción social; y pequeños grupos socialistas, algunos de tinte nacionalista, que aportaron importantes cuadros políticos.

La estrategia del PSOE renovado se inició con la negativa a integrarse en la Junta Democrática (1974) y le siguió la creación de la Plataforma de Convergencia Democrática (1975), que no recogía ni la formación de un gobierno provisional ni una consulta sobre la forma de la jefatura de estado. Una moderación práctica teñida de radicalidad programática (socialismo autogestionario, república, autodeterminación…) que acabó convirtiéndose en el contrapunto más adecuado de la estrategia reformista del régimen, dirigida desde el verano de 1976 por Suárez. El PSOE recreado y la recién creada UCD fueron de hecho “sucursales de un centro estratégico supranacional”, con estrategias electorales prefabricadas en EEUU traídas por personajes “traídos y teledirigidos” para cumplir ese papel. González y Suárez fueron, por distintas razones, los ganadores de las elecciones de 1977.

Una normativa electoral de control político

Los resultados de las elecciones de 1977 fueron, en gran medida, la plasmación de un diseño político abierto y flexible, pero controlado. Si la acción represiva del estado inculcó en amplios sectores de la población suficientes dosis de miedo, la normativa electoral marcó los límites, condicionando, cuando no manipulando, la representación política.

El decreto electoral de marzo de 1977, siguiendo la Ley para la Reforma Política, estableció un doble sistema de elección (proporcional, para el Congreso, y mayoritario, para el Senado), la provincia como circunscripción y unos correctivos en la representación. A ello se unían la fórmula D’Hondt, un Congreso reducido de 350 miembros, el mínimo de dos escaños por provincia y el añadido de una jornada de reflexión.

En un ejercicio de ingeniería político-electoral se ideó un Congreso que posibilitara obtener la mayoría absoluta con el 35-36% de los votos, lo que explica la sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas, tradicionalmente las más conservadoras, y la infrarrepresentación de las de más población. Años después Herrero de Miñón se refirió al decreto electoral como una forma de “evitar que el PCE pudiera tener un grupo parlamentario que se correspondiera con la fuerza política que se pensaba podía alcanzar”. Calvo-Sotelo, a su vez, recordó el manejo del PSOE como contrapeso del PCE.

Alejado el fantasma del sistema mayoritario para el Congreso, los grupos de oposición moderados y el propio PCE aceptaron el citado decreto, que incluía, así mismo, un Senado elegido por sistema mayoritario y la presencia de 40 senadores y senadoras por designación real. Todos lo aceptaron en la medida que les permitiría alcanzar, según sus previsiones, la representación deseada.

Los beneficios en el Congreso para UCD y PSOE lo fueron, por un lado, en la relación entre el porcentaje de votos y el de escaños, y, por otro, en el valor de cada escaño. Esto último también benefició a PDC/CiU y PNV, de los que, dado el carácter político conservador, quizás se previera el papel moderado que debieran jugar en sus respectivos territorios. De hecho, aunque formaron parte de la oposición moderada al franquismo, estuvieron entre los primeros que llegaron a acuerdos con el gobierno de Suárez tras el referéndum de la reforma. Sólo el PNV mantuvo un pulso político durante el debate y aprobación de la Constitución, en la que se abstuvo, a lo que no es ajeno el condicionante de una izquierda nacionalista radical con bastante peso político y electoral. Aun con eso, el PNV fue, junto con el PSE/PSOE, el impulsor del Estatuto de Autonomía de 1979.

El sistema electoral acabó condicionando para que el electorado se decantase por opciones más seguras en la representación, en mayor medida en las circunscripciones de menor población. En 1979 había 32 provincias que elegían entre 3 y 6 escaños cada una, aportando el 40% de escaños del Congreso y representando al 32% del electorado. En las 15 que elegían 3 ó 4 escaños, UCD ganó en todas, obteniendo un total de 38 escaños, frente a 14 del PSOE, 1 de CiU y 1 de PNV.

El PCE-PSUC fue uno de los grandes perjudicados en este aspecto, al obtener en 1977 el 5’7% de los escaños frente al 9’4% de los votos, mientras que UCD y PSOE superaban los escaños sobre los votos en 12’8 y 4’4 puntos, respectivamente. En cuanto al valor de cada escaño, no fue el mismo para todos los partidos. De nuevo el PCEPSUC y los grupos de la izquierda radical se vieron claramente perjudicados.

Fragmentación y sectarismo de la izquierda radical

Se ha planteado la incompatibilidad de este tipo de grupos con la participación institucional, en la medida que se requiere de la capacidad de diálogo y de acuerdos que niegan. En su mayoría aceptaron la participación electoral, pese a las dificultades en 1977 de presentarse estando ilegalizados. La ORT y el PTE fueron los que más apostaron por la representación electoral, que resultó fallida en el Congreso, pero que tuvo ciertos réditos en los ayuntamientos, donde llegaron a cosechar 889 cargos municipales y 71 alcaldías.

La gran atomización, con el añadido de la presencia de los grupos nacionalistas en algunos territorios, afectó negativamente. Una división que expresaba en gran medida un elevado grado de sectarismo y que se extendió incluso en el plano de las organizaciones de masas y especialmente las sindicales. Como ocurrió en CCOO, que sufrió a finales de 1976 una ruptura desde el PTE y la ORT, que acabaron impulsando en 1977 sus propios sindicatos: la CSUT y el SU, respectivamente.

Un intento de superar esa división fue la fusión del PTE y la ORT en 1979, la más importante en esa dirección, pero llegó tarde, con direcciones y militancias cansadas, y además con un PTE en proceso de replanteamiento político. Las conversaciones previas a la unificación reflejaron esa situación y lo que vino después fueron desencuentros, enfrentamientos y desconfianza mutua. Pesaron sus orígenes diferentes, pero también análisis de la realidad y planteamientos políticos y organizativos divergentes.

El esfuerzo de final

Los resultados del referéndum de diciembre de 1976, que abrieron la carrera preelectoral de casi todos los grupos, no impidieron que las movilizaciones continuaran. La conflictividad laboral persistió en la mayor parte de las zonas industriales y en las comarcas latifundistas andaluzas, y País Vasco conoció las de la amnistía.

Aunque en 1977 hubo un descenso en el número de huelguistas (no en jornadas perdidas), en los dos años siguientes volvió a aumentar. Y aquí entró en juego la acción de la izquierda radical y los diferentes sindicatos. La CSUT (PTE), el SU (ORT), el sector crítico de CCOO (LCR, MC), los sindicatos nacionalistas e incluso la renaciente CNT movilizaron a amplios sectores de la clase obrera, desobedeciendo las consignas de moderación de las direcciones de CCOO y UGT.

En algunos estudios se ha querido demostrar el carácter moderado de la clase obrera española, lo que entroncaría con el comportamiento general de la sociedad española durante la Transición, pero conviene, no obstante, matizar algunas cosas. En la encuesta del CIS de 1981 sobre el movimiento obrero de Madrid y Barcelona y su posicionamiento ante la Transición, la mayoría valoró que la correlación de fuerzas impidió que se produjera la ruptura democrática, si bien un 39% optó por manifestar que se perdió una oportunidad de crear una democracia más avanzada. En Barcelona y entre la afiliación de CCOO predominó más esta última opción. Sobre el sistema económico las respuestas no dejan lugar a dudas de su valoración negativa: en Barcelona y entre la afiliación de CCOO alcanzó niveles de casi unanimidad. Sobre el papel que jugaron los sindicatos en los Pactos de la Moncloa el posicionamiento resultó en general crítico, si bien con una postura más complaciente con sus dirigentes en la afiliación de CCOO de Madrid y ligeramente más crítica en la de UGT, esto es, en la línea de la estrategia política de sus partidos matrices: el PCE, como gran defensor del consenso con el gobierno y los Pactos de la Moncloa; el PSOE, más en su papel de alternativa, con una mayor oposición, aun cuando se viera abocado a firmar dichos pactos.

La conflictividad de carácter político no tuvo la misma dimensión, a lo contribuyeron dos factores. Uno, el hecho nacional, que diferenciaba a los grupos de ámbito estatal de los nacionalistas. Y el otro, la Constitución, que acabó incorporando al PTE y la ORT al consenso constitucional. Pese a ello, tenían muchos puntos coincidentes entre sí, lo que les llevó a desarrollar acciones conjuntas, como las relacionadas con la represión policial, en mayor medida las habidas en País Vasco y Navarra.

Las diferencias en el hecho nacional afectaron también a los propios grupos nacionalistas. En País Vasco y Navarra derivaron de las estrategias políticas que defendían ETAp-m y EE-EIA, por un lado, y ETAm y HB, por otro. Cataluña también conoció disensiones, pero con una influencia política bastante menor. En Galicia el espacio de izquierda radical del nacionalismo lo representó el BNPG, nucleado en torno a la UPG, pero con una representación institucional limitada. En Canarias hubo varios grupos nacionalistas de izquierda radical, no todos independentistas, que se agruparon en 1979 en UPC.

Los grupos de ámbito estatal apoyaron e impulsaron las demandas de estatutos de autonomía (Andalucía, el País Valenciano, Castilla y León, etc.). El PTE y el MC fueron los que más empeño pusieron, acabando incluso por adaptar su organización interna a la opción federal y cambiando la denominación en cada territorio.

Desde el PTE se hicieron propuestas atrevidas, originales y en algún caso con cierto grado de ambigüedad. Isidoro Moreno acuñó el concepto de nacionalismo emergente, que en el caso andaluz asumieron el PTA y el SOC, y el PTE de Madrid propuso un estatuto de autonomía. En el posicionamiento ante la Constitución se sumó al pacto constitucional, pero defendió para el País Vasco la abstención, lo que, calificativos aparte, buscaba marcar el hecho diferencial de ese territorio sobre el resto. No faltó su activa involucración en los incipientes movimientos ecologista, antinuclear, antimilitarista, etc. En 1980, por iniciativa de Eladio García Castro y Enrique Palazuelos, apareció el documento “Una fuerza nueva para una nueva civilización”, en el que se hacía un replanteamiento de la lucha política desde el análisis de la nueva realidad económica y la aparición de los nuevos movimientos sociales.

Hubo mayor coincidencia en la izquierda radical cuando denunció la represión del estado. Sin entrar en la relacionada con las diversas ramas de ETA, se lanzaron críticas muy duras contra el aparato policial, que actuó con gran dureza en las manifestaciones, pero también en actos festivos, ocupaciones de latifundios, conflictos laborales, etc. No faltaron las provocaciones policiales y las infiltraciones en organizaciones. Fueron de nuevo País Vasco y Navarra los escenarios de mayor conflictividad, pero sin olvidar Andalucía y Cataluña.

Fue el momento, sin embargo, en que los grupos de ámbito estatal empezaron a perder influencia en favor de los nacionalistas. El llamado desencanto conllevaba frustración sobre las expectativas creadas, conciencia de la derrota, mayor atención a la privacidad... Lo que le siguió fue la pérdida de militancia, la desaparición del PTE y la ORT, la integración en el mundo profesional de buena parte de la dirigencia e incluso el abandono de la lucha política.

Las nuevas condiciones en que se ha ido desarrollando el capitalismo desde la década de los 80 influyeron de una manera importante, si no decisiva, en la reconfiguración de las relaciones sociales, y con ellas en la organización y la representación políticas de los sectores sociales que buscaban cambiar el sistema. Dentro de lo que Boltanski y Chiapello han denominado “crítica artista” y “crítica social”, como componentes básicos de los sectores sociopolíticos que buscan una alternativa al sistema capitalista, en esos años se produjo una clara disociación: la primera, más centrada en la libertad, cobró más fuerza que la segunda, más centrada en la igualdad.

En plena Transición, tras duros años de lucha contra la dictadura y los intentos por acomodarla a un sistema político más edulcorado, esa disociación se expresó en amplios sectores de la izquierda con la adopción de opciones políticas más moderadas y posibilistas, más centradas en la “crítica artista”. Los 14 años de gobierno del PSOE desde 1982, con su política neoliberal y atlantista, supusieron la culminación de eso último. Fue el triunfo de una Transición política que tuvo como final el mantenimiento del sistema capitalista y la “democracia controlada”.


(Imagen: tratamiento de un fragmento de una pegatina del PTE de 1978)

De la clandestinidad a la legalidad. El PTE y la JGR en Salamanca (1974-1980)

Se trata de una de las dos comunicaciones enviadas al Congreso “Las otra protagonistas de la Transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales”, celebrado en Madrid durante los días 24 y 25. El texto no tiene notas a pie de página, como se indicaba en las condiciones de participación, si bien posteriormente se enviará el texto definitivo, donde podrán hacerse las modificaciones pertinentes e incluir las notas que se consideren oportunas. Su contenido también se encuentra en la página electrónica del Congreso, dentro de la mesa "La experiencia militante: memorias y trayectorias".


I. Seis años de Historia

Los primeros momentos (de septiembre de 1974 a septiembre de 1975)

Los orígenes del Partido de Trabajo de España (hasta 1975, Partido Comunista de España Internacional) y de la Joven Guardia Roja en Salamanca se encuentran en el verano de 1974, con la llegada a la capital de un militante procedente de Valladolid con el fin de sentar las bases de una organización en la ciudad. Pronto captó para la JGR a varios estudiantes, que ya se habían destacado en asambleas, manifestaciones y actos antifranquistas.

A lo largo de 1975 fue cobrando más vida, mejorando su organización e integrándose en la Junta Democrática (que dio paso a la nueva denominación de PTE), participando en la creación de juntas democráticas de base. Tuvo que rivalizar con otros grupos de izquierda más implantados: sobre todo, el PCE, pero también las Plataformas Anticapitalistas, Liberación y LCR.

La militancia mantuvo un elevado grado de activismo, que contrastaba con las mayores preocupaciones teóricas de otros grupos. Pese a ello la dirección regional mantuvo una fuerte presión contra lo que consideraban un comportamiento tachado de “liberal” en parte de una militancia acostumbrada a compatibilizar sus tareas políticas con las más lúdicas.

Entre la crisis y la reorganización (de septiembre 1975 a septiembre de 1976)

Las movilizaciones contra las ejecuciones de septiembre de 1975 tuvieron repercusiones muy negativas. La detención de uno de sus militantes durante una manifestación casi llevó al desmantelamiento del grupo. Pronto la situación fue recomponiéndose tras la salida de la cárcel de los detenidos y la llegada de más militantes. Ésta fue mayor en institutos y asociaciones juveniles de barrio, donde actuaba la JGR. El movimiento obrero empezó a ganar algún adepto, aunque era su talón de Aquiles. En general la militancia estuvo presente en las distintas movilizaciones del momento: universitarias, antinuclear, vecinales, huelga de la construcción, matanza de Vitoria o por la amnistía. Incluso llegó a fletar los autobuses del Festival de los Pueblos Ibéricos de Madrid.

A principios de 1976 la JGR impulsó la Asociación Democrática de la Juventud, lo que la abrió a nuevos ámbitos, sobre todo de los barrios, llevando a cabo durante el verano una actividad intensa, incluidas las movilizaciones de protesta por el asesinato de Francisco Javier Verdejo en Almería.

La recuperación (de septiembre de 1976 a junio de 1977)

La llegada de un nuevo cuadro político desde Valladolid potenció la célula de movimiento obrero, que empezó a sentar las bases de lo que sería la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores. La militancia universitaria prácticamente se renovó, a la vez que diversificó sus actividades entre lo propiamente estudiantil, las mujeres, a través de la Asociación Democrática de la Mujer o las amas de casa, y el apoyo a los barrios. No faltó la relación con la Unión Democrática de Soldados con los jóvenes que llegaban para hacer la mili. La JGR, en fin, prosiguió extendiéndose en los institutos y barrios.

Pese a ello, el PTE seguía siendo un grupo limitado en número, compuesto por gente muy joven y todavía con un claro predominio de estudiantes. Los intentos por llegar al profesorado e incluso al mundo rural fueron infructuosos.

La presencia en las movilizaciones no faltó nunca, como la lucha por la amnistía, la primera habida en favor de la autonomía de Castilla y León, el entierro del abogado de la calle de Atocha Serafín Holgado e incluso la convocatoria en solitario de una manifestación el mismo día que se celebró el referéndum de la reforma política.

Las elecciones de junio de 1977

En las semanas anteriores a las elecciones desplegó una gran actividad, incluida la venta callejera de La Unión del Pueblo, el nuevo periódico surgido tras la unificación con el PCU. No faltaron actividades de diverso tipo para recaudar fondos y la apertura de una sede céntrica, que permitió visibilizar la presencia en la capital.

Dentro del Frente Democrático de Izquierdas el PTE configuró una lista con la presencia de la JGR, la CSUT, la ADM y el Partido Socialista Independiente, que encabezó efímeramente la candidatura. Entre los actos organizados, incluso por varios pueblos, llegó casi a llenar el Pabellón Municipal de Deportes.

Los resultados electorales fueron 872 votos y 0,45%. El hecho de haber podido exhibirse ante la población, con el doble efecto publicitario y catárquico, fue valorado positivamente por la militancia. La decepción vino de otros lugares (Barcelona, Sevilla, Madrid), donde se habían albergado esperanzas.

Legalización y adaptación a una nueva situación (de julio de 1977 a enero de 1978)

El impacto de las elecciones alejó a una parte reducida de la militancia, aunque en líneas generales el grueso se mantuvo. A la vez continuó el crecimiento y se buscaron nuevas formas de organización, más acordes con una realidad política nueva. A ello contribuyó la legalización el 9 de julio. Una campaña de afiliación tuvo bastante éxito inicialmente, hasta el punto que la militancia rozó el centenar. Se formaron un comité provincial y un comité ejecutivo. Se sustituyeron las antiguas células sectoriales por otras territoriales (barrios y Béjar), si bien pronto se acabó volviendo a lo anterior, principalmente orientándose a la organización de la CSUT, la Universidad y el desarrollo de la JGR.

Las prioridades políticas se centraron en la lucha contra la política económica del gobierno y por autonomía castellano-leonesa, acompañada de la participación en movilizaciones, el empleo de los medios de comunicación, la venta de La Unión del Pueblo, etc.

Una nueva reorganización (de enero de 1978 a marzo de 1979)

La marcha a Valladolid de los dos principales dirigentes obligó a un reajuste en las responsabilidades, lo que supuso un estilo de trabajo de mayor colaboración y con una toma de decisiones más participativa. Aun con ello la situación interna tendió a hacerse más difícil por el progresivo distanciamiento de militantes. A eso se unía la preocupación por determinados comportamientos, que fueron motivo de discusiones. En el estudiantado se criticó la tendencia a priorizar la discusión política y entre la gente del mundo del trabajo, su mayor dedicación al sindicato.

Políticamente se siguieron priorizando los temas antes aludidos, a los que se añadió en el último trimestre de 1978 el debate sobre la Constitución. El agravamiento de la crisis económica dio lugar a varios conflictos laborales, en los que a través de la CSUT se intentó incidir: luchando contra el gobierno y denunciando lo que se consideraba como reformismo sindical de CCOO y UGT. La celebración del 1 de mayo de 1978 escenificó un distanciamiento que luego se reprodujo durante la huelga de la construcción en verano y la de la fábrica Papelera, a principios de 1979. En las primeras elecciones sindicales la CSUT tuvo unos resultados modestos, pero acordes con los sectores donde tenía presencia: 15 delegados y delegadas, que representaban el 1,32% del total, y que se circunscribían sobre todo al Hospital Clínico, la Papelera, ACUSA (comercio) y la hostelería.

En cuanto al debate en torno a la Constitución se apoyó, salvo alguna discrepancia, el cambio de postura de la dirección federal, que había acabado propugnando un sí crítico. La célula universitaria organizó con éxito unas jornadas en la facultad de Derecho, dada la altura académica de quienes intervinieron, el numeroso público que asistió y la calidad de los debates, donde faltaron posturas diversas.

Las elecciones generales y municipales de 1979

Las elecciones generales se plantearon con el objetivo ver reconocido el trabajado realizado y ser la primera fuerza política a la izquierda del PCE. Los resultados siguieron siendo muy modestos, aunque supusieron un avance en votos: 1.133 y 0,6%, en la provincia, y 653 votos y 0,85%, en la capital. Fueron valorados positivamente y más teniendo en cuenta que en Salamanca se presentaron cinco listas de la izquierda radical. El que el PTC-L fuera el más votado se puede explicar por una implantación más estable, una mejor organización y una mayor influencia social.

La no obtención de diputados llevó a que las dirigencias del PTE y la ORT anunciaran la unificación, algo que fue acogido con ilusión en Salamanca. Ante la premura de las elecciones municipales, la fórmula pactada de retirada de las candidaturas del partido menos votado en las generales en cada municipio, llevó a que fuera el PTC-L quien acabara presentándola en tres municipios. La lista de la capital se correspondía con la composición de su militancia: mayor presencia de personas del mundo del trabajo y la CSUT, y claro predominio de varones y gente joven. En Arapiles y Santa Marta las candidaturas se confeccionaron con independientes y gente de la CSUT. El comité de campaña lo formaron miembros de los dos partidos.

Los resultados en la capital decepcionaron, al no obtener una concejalía esperada: 1.353 y 2,1%. Pero la sorpresa vino de Santa Marta (20,6%), con dos concejalías, y Arapiles, con tres (37,1%) frente a los cuatro de UCD.

La fusión PTE-ORT: el Partido de los Trabajadores (de abril 1979 a enero de 1980)

La unificación no generó problemas en el reparto de responsabilidades y durante el verano se desarrolló una intensa actividad, relacionado con una nueva huelga en la construcción, la oposición a la fábrica de combustible nuclear o solidaridad con la revolución nicaragüense. El inicio del curso académico coincidió con el debate sobre la LAU y el Estatuto de Centros Docentes, y en el mundo laboral, con el del Estatuto de los Trabajadores, dando lugar a un otoño y un invierno calientes, donde nunca faltó la presencia de la militancia del PT.

El proceso autonómico se vio condicionado por la escasa representación del PT en la región. Partidario de la vía artículo 151, la mayor presencia de la derecha (UCD y AP) y la pasividad del PSOE y el PCE frenaron que se caminara en esa dirección.

El final del Partido de los Trabajadores (de enero a marzo de 1980)

Desde fuera se fueron constatando dos culturas políticas diferentes, con un PTE que ya había empezado a prestar más atención a los nuevos movimientos sociales (ecologismo, pacifismo), sin renunciar a su tradicional vinculación con las luchas obreras, y una ORT seguidora de unos presupuestos políticos y organizativos más tradicionales. Otro factor fue el cansancio derivado del fracaso político, patente en las cúpulas dirigentes y también en el constante goteo de abandonos en la militancia.

La llegada de noticias de las disensiones provocó en la antigua militancia del PTE un reagrupamiento. La discusión del documento Una fuerza para una nueva civilización, elaborado por Eladio García Castro y Enrique Palazuelos, fue asumido por la mayoría de la militancia salmantina, que envió incluso a un representante a la asamblea celebrada en marzo en Madrid, donde se acabó decidiendo la autodisolución.

El paso siguiente fue el de constituirse como colectivo autónomo, dedicado a la reflexión y el debate político, y la participación en distintos movimientos, una fórmula utilizada en muchos lugares. Este colectivo siguió manteniendo contactos esporádicos, pero cordiales, con militantes de Valladolid.

Tras la autodisolución

Pronto la militancia fue desperdigándose, a la vez que se orientó hacia otros grupos. Una parte lo hizo hacia el Comité Antinuclear de Salamanca. La CSUT, por otro lado, siguió funcionando durante algunos meses. Todavía en las elecciones sindicales de 1980 consiguió alguna representación (8 delegados y el 0,7%), pero acabó dividiéndose sobre la entrada en CCOO.

Con el tiempo, pues, se fueron diversificando las opciones personales. Una parte, la mayor, abandonó la lucha política. Algún dirigente de la CSUT y los dos principales de la ORT acabaron en el PSOE. No faltaron quienes se integraron en el movimiento contra la OTAN, el ecologista y antinuclear, las acciones de solidaridad con los países de América Latina, las movilizaciones obreras, el nacimiento del periódico Liberación o el incipiente movimiento nacionalista castellano.


II. UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA DE LA MILITANCIA

(Esta parte está basada principalmente en una encuesta a 13 exmilitantes del PTE, en su mayoría estudiantes, que la contestaron entre 2002 y 2004).

El origen social

Se trataría de personas que en su mayoría se encontraban en una situación de dependencia familiar, tanto por ser en su mayoría estudiantes como por su juventud. Pertenecían a los estratos medio-bajos y bajos de la sociedad, mayoritariamente de personas asalariadas.

El modelo familiar en que vivían era el típico del momento, con un padre que aportaba prácticamente la totalidad de los ingresos económicos y una escasa incorporación de las madres al trabajo extradoméstico.

Un perfil urbano, propio de una capital de provincias no industrial, con predominio de los servicios y cierta presencia del sector de la construcción.

El número

El número total de personas que militaron en el PTE a lo largo de todo el periodo no fue inferior a 83 y con la suma de ORT, a 89, pudiendo haber superado el centenar.

En el verano de 1977, conseguida la legalización, no fue inferior al medio centenar, con una lenta tendencia a la baja en los años siguientes. La ORT en 1979 aportó un número reducido de militantes (6, en concreto). En el tramo final, ya en 1980 y fracasada la unificación, el número se redujo a unos 25 militantes.

La duración de la militancia

El promedio fue de 2,2 años, un tiempo que se puede calificar como corto, teniendo en cuenta que supone aproximadamente la tercera parte de la vida. Un 36% apenas militó hasta un año, que con quienes estuvieron entre uno y dos años representaron la mitad del total.

La otra mitad militó, al menos, 3 años. Una cuarta parte lo hizo durante ese tiempo y la otra osciló entre los 4 y los 6 años. Sólo un 5% del total llegó a los 6, pero en ningún caso se correspondió con las personas que iniciaron la militancia en 1974.

Reparto por sexos

La relación entre varones y mujeres fue de 8 a 2 a lo largo de todo el periodo. Por momentos osciló entre 7 a 3 en el verano de 1977 y 9 a 1 en marzo de 1980.

En el sector de estudiantes las diferencias eran algo menores (24% de mujeres) y en el de quienes trabajaban, mayores (14%). La ORT aportó una ligera subida de la militancia femenina (20%) entre quienes realizaban trabajos remunerados.

La edad

La candidatura de las elecciones municipales de 1979 tenía una media de 23 años, aportando el grupo de 21 a 25 años la mitad de sus miembros, y quienes tenían 19 ó 20 años, el 28%. Por encima de 25 años sólo había un 20%, habiendo sólo una persona que superaba los 30 años.

En los años anteriores la edad media pudo ser menor y, en todo caso, con el paso de los años la edad media fue subiendo.

El inicio y el final de la militancia

Entre 1975 y 1976 las incorporaciones representaron el 40% del total, una cantidad nada desdeñable, teniendo en cuenta las condiciones de clandestinidad. La participación activa en la Junta Democrática (1975) y Coordinación Democrática (1976), y las movilizaciones de 1975 y 1976, en plena pugna de los proyectos políticos de la transición, pueden explicarlo.

1977 marca el momento de mayor afluencia de militantes, aproximadamente la mitad del total, coincidiendo con los meses previos a las elecciones de junio y la legalización del partido en julio. Las incorporaciones provinieron en gran medida de las organizaciones del entorno: ADM, JGR y CSUT.

Desde 1978 las entradas fueron bastante menores (8%) y en casi todos los casos de ese año. Existe una correlación con el reflujo de las movilizaciones, paralelo al llamado desencanto, pese al interés por mantener la tensión social y política en el mundo sindical, la lucha por la autonomía, y las movilizaciones vecinales y estudiantiles.

El momento en que se pone fin a la militancia también tiene a 1977 como el de mayor número, equivalente a la tercera parte. Salvo el caso de dos dirigentes que se trasladaron a Valladolid y algún otro de desilusión por los resultados electorales, la mayoría se corresponde con gente que permaneció muy poco tiempo, posiblemente con poco convencimiento político y la constatación de la escasa influencia del partido en la sociedad.

Los abandonos en los años anteriores sólo representan un 10% del total, aunque en términos relativos resultan mayores. Los tres casos de 1975 se correspondieron con su marcha de la ciudad: dos, por finalizar sus estudios; y el tercero, para regresar a Valladolid. Distinto fue lo ocurrido en 1976, con la marcha hacia otras organizaciones (dos, al PCE, y una, a la LCR) o la falta de motivación (tres casos).

En los dos años siguientes el número de militantes se estabilizó. Quienes decidieron quedarse, aguantaron más. Las salidas de 1979, en parte compensadas con la unión con la ORT, tuvieron que ver sobre todo con la desilusión política. Al final de la vida del PTE todavía había aproximadamente 25 militantes, que en parte conservaron determinados lazos.

El perfil socioeconómico

El 90% de la militancia estuvo formada por estudiantes y gente con trabajo remunerado. El resto (amas de casa, jubilados y sin clasificar) apenas tuvo relevancia.

El sector más numeroso fue el de estudiantes, si bien fue de más a menos en términos relativos. Lo contrario que la militancia con trabajo remunerado, que tuvo en los dos primeros años una presencia minoritaria. A partir del verano de 1977 la situación se invirtió, con una proporción de 6 a 4 a favor de las personas con trabajo remunerado. En 1979, antes de la unificación, y en 1980, en el momento de la autodisolución, la situación era de paridad. La unificación con la ORT supuso de nuevo una mayoría de personas con trabajo remunerado.

En la militancia con trabajo remunerado predominaban quienes no tenían cualificación, oscilando entre el 70% del verano de 1977 y el 85% de marzo de 1979. El personal de servicios tuvo una escasa presencia, aunque continuada, mientras que el grupo de profesionales y cuadros medios sólo estuvo presente en 1977. Se dio también el caso de un joven agricultor, cuya militancia se redujo a varios meses durante 1977.

Entre los varones la mitad tenía un empleo más o menos permanente, cerca del 20% se encontraba en paro y la tercera parte eran estudiantes. En el caso de las mujeres las estudiantes representaban la mitad, repartiéndose el resto entre amas de casa, asalariadas o desempleadas.


III. MEMORIA DE LA EXMILITANCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

(Basada en la encuesta referida en la parte II).

El tiempo y las razones para militar

Inicio y fin de la militancia

Uno de los rasgos más significativos es la edad temprana en que iniciaron la militancia en el PTE y la JGR. En casi todos los casos no cumplían la mayoría de edad de 21 años. En su mayor parte lo hicieron entre los 15 y los 19 años, y preferentemente, cerca de la mitad, entre los 17 y los 18, coincidiendo con los años finales de la enseñanza media, especialmente el COU, o los dos primeros años de carrera universitaria.

En el recuerdo de las razones que les llevaron a la militancia predomina la idea del antifranquismo o la lucha contra la dictadura. No faltan tampoco el deseo de un cambio social, los anhelos de libertad, democracia e incluso de la república, o el cambio hacia el socialismo o el comunismo.

En cuanto al final de la militancia, la mayoría lo hizo con la autodisolución en 1980, destacando que no hubo abandono individual. Quienes lo hicieron con anterioridad son militantes de primera hora, con inicio en 1974 ó 1975, a quienes las elecciones de 1977 afectaron de una forma importante, reprochando la división de la izquierda.

En su mayoría nunca abandonaron la militancia una vez que la iniciaron. Una cuarta parte, además, estuvo en 5 de los 6 años de vida del partido o la organización juvenil.

La práctica de la militancia

La actividad fue muy intensa, con un grado muy elevado de dedicación. Hay en común un claro componente de “satisfacción personal”, con alusiones a “espíritu de entrega”, “activismo”, “cultivo de la camaradería”, “amistad” o “ilusión”. También señalan la militancia como una escuela para la vida, el conocimiento de la realidad social y política, y de maduración personal. Otros aspectos señalados son “la política antirreformista”, “la práctica del marxismo” o “la coherencia”. En un caso, quizás cargado de nostalgia, se dice que “conocí a la mejor gente de mi vida”.

En lo negativo destacan varias referencias al sectarismo, con alusiones puntuales a la “utilización partidista de los movimientos sociales”, el “dogmatismo”, el “burocratismo”, la “rigidez” de algunas personas, el “seguidismo acrítico de la dirección”… Puntuales también son las referencias a la baja formación para la actividad clandestina, la baja formación política o la aceptación de la Constitución de 1978. Y de otro signo están las alusiones a las repercusiones en la privacidad. No falta algún caso referido a la desilusión de los momentos finales del PTE y la JGR.

En el balance general resulta abrumadora la valoración positiva. Sólo en un caso se califica la experiencia como agridulce y en otro se contrapone lo positivo y lo negativo. No ha faltado quien mantiene que el PTE “tenía un verdadero proyecto de izquierda, pero careció de base social”.

El papel del PTE

En general se conserva una memoria del momento importante vivido, no intentando tanto medir el grado de sus aportaciones como desentrañar las claves de la apuesta política. Sigue presente la conciencia del esfuerzo realizado y se destaca en varias ocasiones el papel jugado con relación a lo que acabaron siendo el PCE y sobre todo el PSOE. En esa dirección se inscriben expresiones como “obligó a otras fuerzas a mantener la tensión” antifascista; “sirvió de referente frente al entreguismo del PCE”, con una coletilla sobre el PSOE, del que se dice que “no existía”; o jugó un “papel de choque entre los izquierdistas y el PCE”.

Se mencionan como logros el fomento de un sindicalismo combativo (CSUT y SOC), la actividad política en la Universidad o la participación en las movilizaciones generales. Sobre el papel jugado por el PTE no se hacen grandes alardes, pero se califica en general como “muy positivo”. Hay quien ha buscado un equilibrio: “modesto, pero importante”. Y quien dice que “los resultados los obtuvieron los partidos históricos”.

¿Dónde están? ¿Qué hacen?

La situación ha cambiado sustancialmente. Se da un predominio de los estratos sociales intermedios y dentro de ellos, las nuevas clases medias, lo que se puede explicar por el hecho de la mayor parte de las personas encuestadas eran estudiantes. Es decir, una movilidad social generacional ascendente propio de los países europeooccidentales entre los años sesenta y ochenta, dentro del tránsito hacia sociedades industriales, primero, y de servicios, después.

Las dos terceras partes muestran una postura escéptica: una tercera, que el PTE no tenía ninguna perspectiva política, y el resto se reparte entre un interrogante, “muy difíciles”, “nada halagüeñas” o una “visión futura pesimista”. El pesimismo se argumenta desde el triunfo del “neoliberalismo” o la “tendencia económica centralizadora-globalizadora”. En un caso se añade a “de momento” el “a veces sueño con el retorno de la izquierda”.

La otra tercera parte manifiesta una actitud política presente activa. Expresiones como “democratizar y humanizar el modelo político”, “avanzar hacia un mundo más centrado en lo social”, “seguir luchando desde la izquierda para mejorarnos como humanos”, “paz, justicia social, profundización de derechos y libertades”, “una alternativa política, social y sindical” o “una especie de revolución cultural, autocrítica, científica y participativa” resultan altamente reveladoras. Muestran una permanencia de valores de su juventud, aunque con cierto énfasis en otros hoy más asumidos socialmente: democratizar, humanizar, derechos, libertades...

Un poco más de la mitad ha manifestado mantener una actividad política, siempre en el campo de la izquierda. El resto ha abandonado cualquier atisbo de lucha política activa, manifestando sus opciones de distinta manera, como la abstención o el voto a alguna opción de izquierda. Dos encuestados han manifestado pertenecer al PCE y/o IU y, a la vez, a CCOO, y otros dos haberlo hecho en Izquierda Castellana (antes, UPC). Dos han estado vinculados en algún momento al movimiento ecologista. En general predomina la condición de independiente.

Entre 1977 y 1979, mientras existía el PTE, más de la mitad no tenía edad para votar. Dos no votaron por el FDI: uno lo hizo por el PCE y el otro se abstuvo. Dos años después el grueso de las personas encuestadas, un 70%, optó por el PTE.

Las elecciones del 82 dividieron el voto entre PSOE y PCE por igual (40%), mientras el resto se abstuvo. En los años siguientes la abstención fue ganando terreno, en torno al 50%, hasta el año 2000, en que se redujo a un 30%. En 2004 volvió a subir, hasta alcanzar el 65%.

El voto ha tenido en IU la opción más preferida desde 1986 y sobre todo entre 1989 y 1996. La cota más elevada de apoyos la tuvo en 1989, con un 55%, estando en el 45% en 1993 y 1996. Tras un descenso llamativo en 2000, con el 20%, cuatro años después subió al 35%. El PSOE ha sido la segunda de las opciones preferidas: en 1979 fue la opción de una de las personas encuestadas, alcanzando el 40% en 1982, reduciéndose en las siguientes y no recibiendo ningún apoyo en 1989 y 2004. Además de IU y PSOE, hubo una preferencia por Izquierda Castellana.


(Imagen: montaje desde pegatinas, fotografías y calendarios de la época)