martes, 4 de agosto de 2026

Ceuta: cómo entender el trasfondo de lo ocurrido a través de cuatro artículos


Ofrezco la lectura de cuatro artículos que analizan lo ocurrido hace unos días en Ceuta y que dan mucha luz para entender el trasfondo. Sus autores son: José Enrique de Ayala, general de brigada retirado; Rafael Lara, Coordinador Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía; Mahjub Mohamed Salem, refugiado saharaui; e Ismael Sánchez Castillo, miembro de IU y del PCE/PCA.
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Ceuta, asaltada por los desamparados

José Enrique de Ayala 

El asalto que ha sufrido la ciudad española norteafricana de Ceuta por parte de una descomunal masa de emigración descontrolada, proveniente de Marruecos, es el peor de su ya difícil historia, superando con mucho el de mayo de 2021. Alrededor de 50.000 personas habrían accedido al enclave español en apenas dos días, la mayoría desde el mar, salvando a nado el espigón de El Tarajal que lo separa del territorio marroquí, pero después, en medio del caos y el desbordamiento de las fuerzas de seguridad existentes, también por las fronteras terrestres. Incluso ha habido una cierta réplica en Melilla con algunos centenares vulnerando la frontera para acceder a territorio español.

Ceuta se ha visto sumida en una grave crisis, también de seguridad, pero sobre todo humanitaria, porque no podía absorber a los recién llegados. La ciudad carece de medios, no tiene servicios sanitarios o alimenticios, ni de alojamiento, para hacer frente a tal cantidad de gente. El resultado ha sido una multitud de emigrantes, en su mayoría jóvenes, caminando sin rumbo o durmiendo en las calles, intentando obtener comida o incluso agua, en medio de una población autóctona asustada. Ante esta falta de recursos, o quizá porque se lo ordenaron, la mayoría de los que entraron regresaron a Marruecos apenas un día después, pero aún quedan en la ciudad suficientes para que la crisis no se dé por terminada. En todo caso, ya se puede extraer una primera lección: es necesario disponer de depósitos de alimentos no perecederos, agua, ropa, y capacidad de reparto, no solo en Ceuta, sino en todas las ciudades, para hacer frente a una emergencia porque pueden surgir en cualquier momento, y no solo migratorias sino de muchos tipos.

El Gobierno ha dado la impresión de haber sido sorprendido por una crisis de esta envergadura; se ve que los servicios de inteligencia españoles no son capaces de prever incidentes tan masivos como éste. Tardó horas en reaccionar, pero finalmente lo hizo, el propio presidente se desplazó a Ceuta, se enviaron refuerzos de seguridad a las dos ciudades, y se puso en marcha una presión diplomática sobre Marruecos que empezó a dar resultados con un aumento de la acción policial, bastante tímido hasta que llegaron órdenes (¿de quién?) de actuar con contundencia sobre los querían pasar a territorio español, y entonces todo se acabó, salvo pequeños grupos que se resistieron a abandonar.

Como siempre que hay una crisis sobrevenida, como en la pandemia, como en los incendios, la oposición, lejos de colaborar, de aportar soluciones, de acceder a un consenso para buscar una posición común aceptable para todos, no solo coyuntural sino de futuro, aprovecha para atacar al Gobierno -en particular a su presidente- y culparle de lo que pasa, aunque sea con argumentos falsos, contradictorios o absurdos, dirigidos a un público muy bien dispuesto a respaldar cualquier acusación o invectiva contra él. En este caso, además, con especial fruición pues la cuestión migratoria es tal vez el arma política principal a la que recurren para obtener réditos electorales. Es fácil provocar el miedo o el egoísmo de la gente esgrimiendo tópicos como la invasión, que en Ceuta ha sido una realidad, pero para España son solo unos pocos miles de personas en un país con casi 50 millones de habitantes -de los cuales la inmensa mayoría de los más de 10 millones nacidos en el extranjero están perfectamente integrados- o el aumento -absolutamente minoritario- de la delincuencia. Demagogia populista.

La acusación principal contra el Gobierno es la inacción, si bien no dicen muy claro qué debería hacer y no está haciendo, salvo decretar la emergencia nacional, aunque el Sistema Nacional de Protección Civil no reconoce los flujos migratorios entre los supuestos que permiten declararla. Se podría acudir a la Ley de Seguridad Nacional, pero esto implica elevar el nivel de la crisis, que por el momento solo es un problema de orden público y logístico, y probablemente aumentar la tensión con Marruecos. Por otra parte, la declaración de emergencia nacional no resolvería el problema, como tampoco lo resuelve esencialmente el refuerzo del contingente de la Guardia Civil o el despliegue del Ejército para reforzarla. Estas últimas medidas, aprobadas por el gobierno, han sido muy importantes para garantizar el orden público y la seguridad de la población, así como para evitar la vulneración de las fronteras terrestres, pero, en lo que respecta a la llegada irregular desde el mar, no pueden mejorar la situación, porque el verdadero problema ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio en la que prohíbe las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a nado, determinando que el rechazo exprés solo es aplicable a quienes tratan de entrar “superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”. Ante esa sentencia, ni la Guardia Civil ni el Ejército, ni una declaración de emergencia nacional, pueden hacer gran cosa para evitar la entrada de emigrantes desde el mar; solo pueden -y deben- socorrerlos.

Es difícil comprender que una persona que se cuela por un paso fronterizo o una valla puede ser expulsada sin más trámites pero una que accede desde el mar, con los mismos derechos o falta de ellos, no puede serlo. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo indica que, al referirse a elementos de contención fronterizos sin especificar que sean terrestres, queda abierta la posibilidad de que se establezcan elementos de contención en el mar, como podrían ser redes sujetas a una línea de boyas, lo que permitiría legalmente aplicar las devoluciones exprés a quienes llegan a nado. Por supuesto, la devolución en caliente de inmigrantes, hayan llegado por tierra o por mar, es una medida contraria al respeto a los derechos de recurso y asistencia jurídica que tienen estas personas, pero es inevitable en casos como éste en el que es imposible que Ceuta pueda acoger a 50.000 personas durante los tres o cuatro meses que requieren las tramitaciones, además de lo difícil que sería dar apoyo jurídico a todos ellos.

Es evidente que la sentencia del Supremo, aunque no haya sido ni de lejos la causa principal del asalto, ha contribuido a la creación y propagación de bulos en las redes sociales que aseguraban que la frontera con España estaba abierta y que los que entraran en Ceuta serían acogidos e iban a recibir documentación para saltar a la Península y Europa. Una muestra más de que el asalto no ha sido espontáneo, sino instigado y dirigido.

La oposición aduce que el efecto llamada lo ha producido la regularización de emigrantes que ha aprobado el Gobierno español, pero este es un argumento extraordinariamente falaz, puesto que la llegada clandestina de inmigrantes se ha producido desde hace muchos años sin que hubiera regularizaciones. Los que entran en España en pateras, escondidos en camiones, o con visado de turista, para buscar una vida mejor o huyendo de regímenes represivos, asumen que estarán en situación irregular, y lo seguirán haciendo igual si no son regularizados, aunque su falta de documentos les someta a condiciones laborales abusivas. La anterior crisis migratoria en Ceuta, en mayo de 2021, no se produjo después de una regularización de emigrantes.

Esta tesis del efecto llamada de la regularización ha sido asumida también por otros gobiernos de la Unión Europea, como el de Italia, que ha suspendido parcialmente el acuerdo de libertad de circulación con España, o incluso por algunos muy alejados del escenario de la crisis como Finlandia, Suecia o Dinamarca, que han solicitado que se excluyera a España del acuerdo de Schengen, algo que no hicieron cuando Angela Merkel dejó entrar en Alemania a un millón de refugiados sirios, en 2015. Pero estas posiciones no parecen realmente muy motivadas por los hechos que están sucediendo en Ceuta. Las probabilidades de que los que han entrado en la ciudad -la mayoría muy jóvenes y pobres- lleguen a coger un avión para volar hasta Italia -¡o Finlandia!- es bastante cercana a cero. Se trata más bien de aprovechar este incidente para reforzar su oposición respecto a la decisión del Gobierno español sobre una regularización que, además de ser consistente con el respeto a los derechos humanos, está siendo muy positiva para la economía, que ellos no han tenido el valor de tomar, y cuya adopción -exitosa- en un Estado miembro de la UE les deja en evidencia. Habrá que estudiar si la decisión de Giorgia Meloni vulnera el Acuerdo de Schengen, pero en todo caso la falta de solidaridad que demuestran estas posiciones es escandalosa y prueba el deterioro de la cohesión entre Estados miembros que amenaza ya con destruir la Unión Europea.

El origen de esta crisis, como de otras anteriores, no está en ninguna regularización, sino en Rabat. Por mucho que el Gobierno español elogie -tal vez por tacticismo diplomático- la cooperación con Marruecos y eche la culpa a las mafias -que en este tipo de irrupciones no obtienen beneficios-, una concentración de decenas de miles de personas en Fnideq, antiguo Castillejos, a las puertas de Ceuta, no pasa desapercibida, no se produce por sorpresa, ni mucho menos sin la permisividad de las autoridades marroquíes. El rey Mohamed VI, asesorado por el majzén -su auténtico gobierno antidemocrático en la sombra- utiliza a su pueblo, incluidos menores, para lanzarlo hacia las plazas de soberanía españolas cuando le interesa políticamente, con absoluto desprecio a su futuro, e incluso a su vida, que en este caso han perdido al menos 67 personas. Se trata de una agresión, se quiera llamar de “zona gris” o de guerra híbrida, para la que el sátrapa marroquí no se atreve a utilizar a sus soldados sino a una masa de desamparados, a los que lo único que les queda es la esperanza de lograr una vida mejor, aunque entre ellos haya también elementos disruptivos no tan inocentes.

El momento en el que ha sucedido no ha sido tampoco casual. La mayor entrada de inmigrantes se produjo precisamente el día siguiente de la fiesta del trono, en la que Mohamed VI suele hacer un discurso nacionalista después del cual siempre se producen manifestaciones reivindicativas. No habló de Ceuta y Melilla, pero sí de la nueva relevancia internacional de Marruecos, probablemente refiriéndose al apoyo de Trump. El asalto sucede 10 días después de que el presidente Sánchez visitara Argel para cerrar un acuerdo político y comercial, que no ha sentado nada bien en Rabat, y solo siete desde que el Congreso aprobó la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio era una provincia española, lo que en cierto modo desafía la soberanía marroquí. Probablemente la crisis de Ceuta es la respuesta de Mohamed VI.

Con todo, lo que hay detrás de este episodio -como de los anteriores y otros que vendrán- es la negativa de Marruecos a reconocer la soberanía española de Ceuta y Melilla, cuya marroquinidad reivindica sin cesar, aunque solo se puede basar en razones geográficas puesto que ambas ciudades eran españolas más de 400 años antes de que existiera un reino de Marruecos independiente. El derecho internacional da la razón a España y establece que ninguno de los dos enclaves es una colonia. En 1976, Marruecos presentó el caso ante Naciones Unidas para exigir su descolonización, pero la ONU desestimó la petición y nunca las ha incluido en su lista de territorios no autónomos o pendientes de descolonización, al reconocer que forman parte integrante del territorio y la soberanía de España desde mucho antes de la creación del Estado marroquí moderno. Es revelador que Rabat jamás ha reclamado un referéndum en estas ciudades -que por otra parte sería imposible con la actual Constitución española-, porque sabe que si pasaran a ser marroquíes sería en contra de la voluntad de sus habitantes, incluidos los de origen marroquí, que lógicamente prefieren ser españoles -y europeos- antes que marroquíes. Su estrategia se basa en aumentar la presión comercial y especialmente la migratoria, con la esperanza que los habitantes de ambas ciudades y el Estado español se cansen de sufrirla y le cedan su soberanía, algo que por ahora está muy lejos de pasar.

Los gobiernos españoles, éste y los anteriores, siempre han reaccionado ante las reivindicaciones y muestras de agresividad marroquí intentando minimizarlas y desescalar las crisis. En marzo de 2022, el presidente Sánchez puso fin a cuatro décadas de apoyo político a la independencia del pueblo saharaui, con el que España había contraído una responsabilidad histórica, aceptando por escrito la soberanía de Rabat sobre el territorio, en favor de una autonomía que todavía es puramente teórica. A cambio, en abril, Sánchez y Mohamed VI firmaron un acuerdo que ponía fin a la tensión producida por el asalto de emigrantes a Ceuta de 2021. Se suponía que la traición a los saharauis conllevaría el cese de la presión sobre Ceuta y Melilla, incluida la apertura de una aduana comercial de nueva planta en Ceuta y la reapertura de la de Melilla, que las autoridades marroquíes cerraron unilateralmente en agosto de 2018. Pero no ha servido de nada, ese acuerdo no se ha cumplido, las fronteras se abren de forma intermitente, por la sola voluntad de Rabat que las cierra unilateralmente cuando lo cree conveniente.

Esto debería recordarnos una lección que Marruecos viene dejando clara desde hace muchas décadas en sus relaciones con España. El apaciguamiento no funciona con ellos, solo sirve durante un tiempo muy corto. Rabat entiende las cesiones como debilidad y en seguida vuelve a por más, con renovadas reivindicaciones y demandas, utilizando el bloqueo de las ciudades o, como en este caso, el arma de la emigración irregular. Solo una posición de firmeza, clara, consistente y creíble, podrá frenar esta falta de respeto a los acuerdos y a la convivencia entre vecinos, que puede conducir -si no se corta- a situaciones más peligrosas. Y en esa posición se debe exigir a la Unión Europea el apoyo absoluto e incondicional, hasta llegar si es preciso a la suspensión del acuerdo comercial preferente, en aplicación del contenido de los Tratados europeos.

Como suele suceder en regímenes autoritarios o no democráticos, la reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla, igual que anteriormente la del Sahara, pretende incitar un nacionalismo que cubra políticamente una situación interior deplorable, tanto en términos de derechos humanos -recuérdese la reciente detención del periodista Ali Lmrabet por difamación- como en las condiciones de vida, que condenan a una gran parte de los ciudadanos a la miseria, mientras aumentan los enormes dispendios del rey, que solo pasa temporadas en el país y es fiel amigo de Trump y de Netanyahu, en contra del sentimiento lógicamente favorable a Palestina de la mayoría de la población. Y es muy probable que esas amistades tengan mucho que ver con lo que ha pasado en Ceuta.

Los que se juegan la vida para alcanzar territorio español son los que menos culpa tienen. Huyen de la represión, de la pobreza, de la falta de futuro. Están en una situación desesperada e intentan mejorarla, como haría cualquiera en su lugar. Las migraciones tienen siempre raíces políticas y económicas. El producto interior bruto per capita español es más de ocho veces superior al marroquí, y esta es la mayor diferencia existente en el planeta entre países fronterizos. Es necesario ir a la causa, no al efecto, porque si la causa perdura, si Marruecos no mejora sus condiciones económicas y políticas, si se sigue permitiendo a Mohamed VI utilizar la presión migratoria como arma política, el efecto se repetirá inevitablemente y nos enfrentaremos una y otra vez al mismo problema, sin que la represión sirva para nada más que para castigar a los desamparados que osan desafiar su destino, y amenazar nuestro confortable bienestar.

El problema migratorio no es solo nuestro. En todo el mundo los flujos migratorios aumentan, y lo seguirán haciendo en la medida en que la globalización los facilita y las diferencias económicas entre países y regiones aumentan. Por ahora, la respuesta de los países ricos es la represión, brutal en EEUU con los crímenes del ICE, más disimulada en Europa, aunque igualmente cruel. Pero esta estrategia no va a dar resultado, no hay compuerta que detenga un tsunami, solo puede retrasarlo a costa de mucho sufrimiento.

Hay otra solución, que es nivelar progresivamente las condiciones de vida entre países ricos y pobres, y esa sí puede ser eficaz porque nadie quiere abandonar a su familia ni su país si no se ve obligado a ello. Asumirla exige una línea política diferente, que limite nuestro crecimiento en favor de la ayuda al desarrollo, y poca gente está todavía dispuesta a renunciar a una mínima parte de su nivel de vida. Los políticos lo saben, y actúan -en general- en consecuencia. Pero si no tomamos este camino, nos veremos abocados a un mundo en permanente tensión, y dominado por la violencia, con unos pocos países ricos viviendo rodeados de alambradas para proteger su bienestar mientras el resto intenta asaltarlas. Y no debemos olvidar que, si eso sucede, los que estarán confinados dentro de esas alambradas no serán ellos, sino nosotros.

(1-08-2026)


Ceuta: más de 70 muertos en el juego sucio de Marruecos

El Tarajal vuelve a cobrarse vidas mientras los gobiernos intercambian acusaciones y utilizan el drama humano con fines políticos

Rafael Lara

Más de 70 personas han muerto durante la entrada de miles de personas en Ceuta por la frontera del Tarajal. Una frontera, esta y la de Melilla, convertidas en auténticos dispositivos de muerte.

No es un fenómeno aislado: la frontera del Tarajal y la de Melilla acumulan una terrible historia de violencia. En 2005, once personas perdieron la vida por disparos de las fuerzas de seguridad de ambos lados. En 2014 catorce personas perdieron la vida bajo los disparos de pelotas y botes de humo por la Guardia Civil. Y en Melilla, en junio de 2024, 74 personas murieron encajonadas en una trampa mortal, en medio de disparos y cargas en las vallas.

Marruecos utiliza de forma de forma instrumental y cruel a sus ciudadanos como carne de cañón para conseguir sus objetivos políticos frente a España o la Unión Europea. Lo hizo en junio de 2018 cuando la gendarmería marroquí hizo la vista gorda y centenares de embarcaciones llegaron a la costa de Cádiz. Lo volvió a hacer en mayo 2021, cuando entraron 12.000 personas, muchos menores, en Ceuta. Y lo ha hecho ahora.

Porque el recurso a las mafias empieza a resultar manido. Porque se sabe que muchas personas fueron desplazados en camiones desde otras ciudades de Marruecos. Y porque Marruecos es un país con un gobierno teocrático y dictatorial; y que dispone de una maquinaria represiva colosal: nada se mueve sin permiso del Majzén, el aparato de poder marroquí.

¿Qué ha pasado esta vez? Es difícil saberlo con certeza, pero los analistas más informados apuntan a varias causas posibles. Por un lado, la reciente visita de Sánchez a Argelia, que permitió avanzar en acuerdos sobre el gas. Otros señalan la aprobación en el Congreso de la concesión de nacionalidad a los saharauis y descendientes de la antigua colonia española.

Finalmente, no somos pocos los que vemos la alargada mano de Trump y Netanyahu en estos sucesos. Uno y otro prometieron vengarse por la justa postura del gobierno de España de condenar el genocidio en Gaza, oponerse a la agresión a Irán, no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para ello o no tragar con el imperativo de subir los gastos militares hasta el 5% del PIB para comprar armas a EE.UU.

No estamos ante un fenómeno migratorio, sino ante una acción de presión orquestada por el gobierno de Marruecos sobre España. Y en ese ataque no solo ha encontrado aliados en la ultraderecha europea, sino entre las derechas españolas, que actuando como traidores una vez más, utilizan la muerte de decenas de personas para dar alas a sus discursos de odio.

Pero, nuestro país no es Marruecos. España está obligada a garantizar una acogida digna a quienes permanezcan en Ceuta tras la salida de la mayoría de los marroquíes, y especialmente a atender y proteger a los menores que han cruzado solos una frontera mortal, como se ha comprobado. Y esa responsabilidad no corresponde solo a la ciudad de Ceuta que no tiene medios suficientes, sino al conjunto de las comunidades autónomas y al Gobierno.

Surgen, en todo caso, preguntas que el Gobierno debe responder. ¿Cómo es posible que nuestros servicios secretos, tan diligentes para vigilar a dirigentes de izquierda o independentistas, o para infiltrarse en organizaciones sociales, no detectaran nada? Marruecos llegó a instalar el programa espía Pegasus en el teléfono del presidente del Gobierno. Parece que nuestros servicios de inteligencia estaban, una vez más, ausentes ante un movimiento de esta magnitud.

O cabe una explicación aún más dolorosa: que el Gobierno confiara en Mohamed VI y su dictadura, creyendo que aceptar la postura marroquí sobre el Sáhara bastaba para garantizar estabilidad.

Se trata de un grave error. El gobierno de Marruecos no es fiable en ningún caso. Lo ocurrido estos días tiene causas, y entre ellas está una política migratoria desplegada por España y la UE que ha delegado el c
ontrol de los flujos migratorios en un país que no respeta los derechos humanos y que jamás será un socio seguro. El Majzén siempre pondrá sus intereses y los de Mohamed VI por encima de cualquier otra consideración, sin reparos para jugar sucio y sin escrúpulos para utilizar a sus propios ciudadanos y empujarlos a perder la vida en un dispositivo de muerte como es la frontera del Tarajal.




El carajal de El Tarajal

Mahjub Mohamed Salem

Llama la atención la tranquilidad con la que los tertulianos de radio y televisión opinan sobre la razón por la que 60 000 jóvenes marroquíes un día se despertaron, casualmente, con la coincidente idea de cruzar la frontera ceutí. Según unos, la locura de la política inmigratoria de Sánchez invadió repentinamente esos miles de jóvenes cabezas; según otros, la culpa es del TS, por declarar no susceptibles de expulsión a los llegados por mar…

Pues, creo que no. Lo ocurrido responde al enfado del sátrapa marroquí, por la reciente visita de Sánchez a Argelia y consiguiente declaración de «país amigo». Entre otras varias pruebas, lo demuestra la inmediata manifestación de Albares (promotor del cambio promarroquí respecto al Sáhara) de que Mohamed VI no tenía nada que ver y de que son inmejorables las relaciones entre los dos países. Pues…, mal andamos si se mantienen inmejorables relaciones con una satrapía en la que nada se puede decir, hacer o pensar, si no se tiene el visto bueno del dictador, satrapía en la que «elecciones democráticas» significa "arreglaos para que, como siempre, gane el partido del palacio real", y en la que la cuenta corriente del Señor engorda hasta la hiperobesidad, mientras sus ciudadanos se buscan la vida en Europa, si no la han perdido en el mar.

La participación del rey la demuestra también la inmediata aparición en escena del más impresentable de los neofascistas, Trump, amigo interesado de Marruecos (empresas estadounidenses en pesca, fosfatos y prospecciones petrolíferas en el Sáhara ocupado; siempre buscando dinero, incluso, si lo aporta un genocidio), diciendo que la culpa es de la política ultraizquierdista de Sánchez.

Esta es la situación real: un déspota que vive a tiro de piedra de Gibraltar (no es verdad, porque vive casi todo el año entre París y la ciudad donde habite el amante de turno) chantajea a la UE, especialmente a España. Y, por cerrar el paso a inmigrantes africanos, recibe subvenciones y material militar (que también usa para reprimir a los saharauis que viven en el territorio ocupado). Su forma preferida de cumplir lo pactado es llevar a los inmigrantes al desierto del Sáhara y dejarlos allí con un litro de agua. Los huesos humanos que el sol quema en la arena dan fe de que cumple su misión. Pero, además, se le permite ordenar a su policía mirar para otro lado o, incluso, colaborar con las mafias, cuando tiene que manifestar enfado porque alguien en España ha dicho o hecho algo «inconveniente» respecto al Sáhara o a la Argelia defensora de los derechos saharauis.

A propósito de mafias. El presidente español ha querido explicar la entrada de esos 60 000 marroquíes en Ceuta diciendo que se trata de una nueva actuación de la mafia que trafica con personas. La mafia, señor Sánchez (y dejamos a un lado que la verdadera ha vivido y sigue viviendo opulentamente en Europa de lo que ha explotado y sigue explotando a África) opera con pequeños grupos de emigrantes, a los que cobra el viaje en una lancha de bolsillo que les vende. Hay que tener una pésima consideración del estado mental de sus ciudadanos para decirles que la mafia moviliza, de manera sincronizada, a tal increíble cantidad de marroquíes (que viven en los alrededores de Ceuta), para que naden unos cientos de metros hasta El Tarajal. ¿Qué capacidad tiene que poseer una mafia (macromafia) para lanzar al mar a la misma hora a decenas de miles de personas? ¿Para qué necesitan estas una mafia, si no reciben nada de ella? ¿No parece, más bien, que la policía marroquí hace correr la noticia de que se va a tomar un día de vacación?

El señor Sánchez sabe bien que el mafioso se asienta en un lujoso palacio de Rabat (no es verdad, porque casi todo el año suele asentarse entre París y la ciudad donde viva el amante de turno: no le gusta vivir cerca de súbditos pobres). E incluso sabe bien que hay que poner buena cara ante sus enfados. Veinte siglos después de que Europa fijara el Derecho en la condición de vivir honestamente sin hacer daño a los demás, llegamos a considerar conveniente arrodillarnos ante los tiranos, los usurpadores y los genocidas. Los llamamos «veinte siglos de progreso».

Un recuerdo para los cincuenta jóvenes a los que el capricho de su rey les ha costado la vida.

(Rebelión, 4-08-2026, https://rebelion.org/el-carajal-de-el-tarajal/; tomado de Naiz, 3-08-2026, https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/el-carajal-de-el-tarajal).


Ceuta fue el mensaje: Marruecos puso las personas y el eje Trump-Netanyahu, la amenaza

Nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria a la que esperan: más soberanía, más servicios públicos, más solidaridad y más derechos humanos.

Ismael Sánchez Castillo

Lo ocurrido en Ceuta no ha sido una crisis migratoria más. Ni siquiera puede explicarse únicamente como una consecuencia de la pobreza, la desesperación o la falta de expectativas que padecen miles de jóvenes al otro lado de la frontera. Es, sobre todo, una crisis política y diplomática provocada mediante la utilización de seres humanos como instrumento de presión contra España.

Durante unas horas, decenas de miles de personas cruzaron una frontera que el régimen marroquí controla con enorme dureza cuando quiere controlarla. Muchas de ellas han regresado ya a Marruecos al terminar la fase más aguda del episodio. Precisamente por eso, porque aquella movilización masiva pudo permitirse y después detenerse, resulta difícil sostener que todo respondió a una concentración espontánea, a la actuación de unas supuestas mafias o a una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo.

Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pidió analizar lo sucedido con serenidad y sin explicaciones simplistas. Recordó que las llegadas habían crecido antes de la resolución judicial y señaló la concurrencia de múltiples factores: la pobreza, la ausencia de expectativas, el movimiento extraordinario asociado a la Operación Paso del Estrecho y la saturación estructural de los recursos. También advirtió de algo evidente: una concentración humana de semejante magnitud difícilmente podía pasar inadvertida para las autoridades marroquíes. Su planteamiento obliga a separar dos planos que algunos pretenden confundir: las causas sociales que empujaron a aquellas personas y la decisión política que permitió que la frontera quedara abierta.

Marruecos volvió a utilizar a su propia población

El régimen de Mohamed VI convirtió de nuevo a una parte de su población civil, empobrecida y desesperada, en material de presión diplomática. No es la primera vez. Ya sucedió en mayo de 2021, cuando Rabat permitió la entrada de casi 10.000 personas en Ceuta como represalia por la asistencia sanitaria prestada en España a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Marruecos conoce perfectamente el valor político de la frontera. La abre cuando quiere presionar, la cierra cuando alcanza sus objetivos y presenta después su colaboración como si fuera un favor concedido a España y a la Unión Europea. Esa es una de las consecuencias más graves de haber externalizado la política migratoria europea hacia regímenes autoritarios: quienes deberían ser simples interlocutores terminan administrando nuestras fronteras y utilizando la vida de las personas como moneda de cambio.

Lo sucedido ha tenido una dimensión humanitaria terrible. Ha habido personas que murieron (59 en el momento de la publicación de esta reflexión) tratando de alcanzar a nado la costa ceutí. Miles llegaron sin comida, sin agua, sin un lugar donde dormir y sin los productos más básicos de aseo. Cada una de ellas tiene una historia, una familia y unas razones para haber arriesgado la vida. Ninguna debe ser reducida a una cifra, a una amenaza o a un arma arrojadiza.

Pero reconocer su humanidad no obligaba a cerrar los ojos ante la responsabilidad política de Rabat. Al contrario: denunciar la instrumentalización de la migración es también defender a las personas instrumentalizadas. Quienes fueron empujados hacia la frontera no son los culpables. Son las primeras víctimas de un régimen que les niega derechos, oportunidades y futuro, y que después utiliza su desesperación para enviar un mensaje a España.

Un aviso en un momento muy concreto

La pregunta no es solo qué ha ocurrido, sino por qué ha ocurrido precisamente ahora.

España ha comenzado a recomponer sus relaciones con Argelia, principal rival de Marruecos en el Magreb. Al mismo tiempo, el Congreso avanza en la tramitación de la proposición de ley para reconocer el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis nacidas bajo la administración española y de sus descendientes. La iniciativa, presentada por el Grupo Plurinacional Sumar e impulsada políticamente por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, con Enrique Santiago entre sus ponentes, ha aprobado ya su dictamen en la Comisión de Justicia y espera la votación definitiva del Pleno.

Tampoco puede separarse este episodio del contexto internacional. España ha venido asumiendo posiciones propias en cuestiones de enorme trascendencia: la denuncia de la masacre y del genocidio en Gaza, la negativa a asumir sin discusión la escalada del gasto militar exigida en la OTAN y el rechazo a sumarse a una nueva guerra contra Irán. Esas decisiones han molestado a quienes pretendían que Europa se limitara a obedecer las prioridades de Washington y Tel Aviv.

Marruecos es, además, un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel. Recibe respaldo político, militar y tecnológico israelí, también en su ocupación del Sáhara Occidental y en su guerra contra el pueblo saharaui. Por eso, mi lectura política de lo sucedido es clara: Ceuta ha sido un aviso a navegantes. Un mensaje emitido directamente por el sátrapa Mohamed VI, pero perfectamente funcional a los intereses de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

No afirmo que exista una orden escrita ni una sala en la que los tres decidieran conjuntamente esta operación. Sería irresponsable presentar como hecho probado lo que constituye una interpretación política. Pero las alianzas, los intereses compartidos y el momento elegido permiten entender quiénes se benefician del debilitamiento de una España con voz propia y quiénes desean disciplinar cualquier gesto de autonomía exterior.

El mensaje parece evidente: cada paso hacia Argelia, cada defensa del pueblo palestino, cada negativa al rearme y cada avance en el reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui puede tener un coste.

Firmeza no significaba racismo

Responder con firmeza no consiste en maltratar a quienes han cruzado la frontera. No consiste en devolver indiscriminadamente, impedir el acceso al asilo o negar la protección debida a niños, niñas y adolescentes. Marruecos no puede ser considerado automáticamente un país seguro para todas las personas, especialmente para quienes huían de persecuciones políticas.

Cada situación debe ser examinada individualmente, garantizando el derecho de asilo, la asistencia jurídica, la protección de la infancia y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional. La alternativa al chantaje marroquí no puede ser copiar sus métodos ni sacrificar derechos fundamentales.

Firmeza significa defender nuestra soberanía política y exigir responsabilidades al Gobierno marroquí. Significa dejar claro que España no aceptará que se utilicen a seres humanos para condicionar su política exterior. Significa también revisar una relación bilateral construida sobre una dependencia cada vez mayor del régimen de Rabat y recuperar una política autónoma hacia el Magreb, el Sáhara Occidental y el conjunto del Mediterráneo.

Vox ha utilizado inmediatamente lo sucedido para propagar miedo, racismo y odio. Como siempre, señala a quienes estaban abajo para proteger a quienes mandan arriba. No ha dirigido su indignación contra Mohamed VI, ni contra la pobreza estructural que empujó a miles de jóvenes, ni contra un modelo europeo que ha entregado el control de sus fronteras a gobiernos autoritarios. La ha dirigido, una vez más, contra las personas migrantes.

No es casual. La extrema derecha española comparte alineamiento internacional con Trump y Netanyahu y mantiene una llamativa complacencia con la monarquía marroquí. Mientras el régimen de Rabat abría la frontera, Vox aprovechaba las consecuencias para atacar al Gobierno, cuestionar los derechos humanos y dividir a la clase trabajadora. Era difícil imaginar una actuación más funcional a la provocación marroquí.

Ceuta necesitaba recursos, no propaganda

Durante la emergencia, la prioridad debía ser garantizar la vida, la dignidad y la convivencia. Ceuta necesitaba suministros básicos suficientes: alimentos, agua potable, medicamentos, material sanitario, productos de higiene y medios extraordinarios de limpieza. La acumulación de miles de personas en espacios limitados exigía activar una verdadera contingencia sanitaria, prevenir enfermedades, asegurar la atención urgente y evitar que la falta de recursos derivara en problemas de salud pública.

Era imprescindible reforzar inmediatamente las plantillas sanitarias, los servicios sociales, los equipos de protección de menores, la limpieza, la logística y el personal encargado de la atención humanitaria. No se podía exigir a quienes sostenían los servicios públicos que afrontaran una situación excepcional con recursos ordinarios, turnos interminables y plantillas ya tensionadas.

La coincidencia con la Operación Paso del Estrecho agravaba todavía más el riesgo. Se necesitaba un plan especial de contingencia para impedir el colapso de la ciudad, del puerto y de las principales vías de comunicación. Ese plan debía coordinar al Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, las comunidades autónomas y los servicios públicos implicados. Esto no se ha hecho y ahora se deben agilizar los traslados legales a la península, especialmente cuando existan plazas disponibles en el sistema de acogida. Como señaló Mauricio Valiente en una reciente entrevista, «el problema no es únicamente la cantidad de recursos, sino la lentitud para activar de forma coordinada el conjunto del sistema».

Merecen un reconocimiento especial las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, los servicios sociales, la limpieza, los centros de acogida, las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales y cuantos sostuvieron la ciudad durante aquellas horas. Frente al caos planificado desde fuera y al odio agitado desde dentro, fueron los servicios públicos y la solidaridad quienes protegieron la convivencia.

Europa también estuvo en la frontera de Ceuta

Ceuta y Melilla no son solamente fronteras españolas. Son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África. Por tanto, aquella emergencia no debía descargarse exclusivamente sobre la ciudad autónoma ni tratarse como un problema bilateral entre España y Marruecos.

La Unión Europea debía aportar recursos económicos, equipos sanitarios, personal especializado y capacidad de acogida. Pero, sobre todo, debe abandonar un modelo migratorio basado en pagar a terceros países para que hagan el trabajo sucio. Mientras Europa continúe externalizando sus fronteras hacia regímenes que vulneran los derechos humanos, seguirá expuesta al chantaje.

Hace falta una política migratoria común, estable y solidaria, basada en vías legales y seguras, protección internacional, cooperación entre Estados y respeto absoluto a la dignidad humana. No una sucesión de alambradas, devoluciones sin garantías y acuerdos opacos con autócratas.

El verdadero mensaje que España debe enviar

La gran mayoría de quienes cruzaron retornó a Marruecos. La fase más crítica terminó, pero el problema político permanece. Porque una frontera que se abre y se cierra a voluntad de un régimen extranjero no constituye una política migratoria: constituye una dependencia estratégica.

España debe responder con serenidad, pero también con firmeza. Sin aceptar chantajes. Sin abandonar al pueblo saharaui. Sin renunciar a sus relaciones con Argelia. Sin retroceder en la defensa de Palestina. Sin someter su política exterior a Trump, Netanyahu o Mohamed VI. Y sin permitir que la extrema derecha utilice el sufrimiento humano para propagar racismo y fracturar nuestra sociedad.

Nos dijeron que nuestras decisiones soberanas tendrían consecuencias. Que defender la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional podía ser castigado. Que Marruecos continúa dispuesto a utilizar la pobreza de su pueblo como arma política.

Nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria a la que esperan: más soberanía, más servicios públicos, más solidaridad y más derechos humanos.

Porque un país digno no elige entre proteger sus fronteras y proteger a las personas. Hace ambas cosas. Y no permite que ningún rey, por muy respaldado que esté por Washington o Tel Aviv, decida su política exterior utilizando vidas humanas como munición.

(Mundo Obrero, 4-08-2026, https://mundoobrero.es/2026/08/04/ceuta-fue-el-mensaje-marruecos-puso-las-personas-y-el-eje-trump-netanyahu-la-amenaza/).


(Imagen: viñeta de Manel Fontdevilla y Bernardo Vergara, en elDiario.es, https://www.eldiario.es/opinion/crisis-ceuta-5-frases_131_13423134.html).