Presentación en Barbate del informe de la APDHA “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2018”

Ayer asistí a la presentación del informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur”, que ha sido elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y que es relativo a la inmigración procedente de la otra orilla del Mediterráneo. La APDHA es un grupo de gran importancia que lleva a cabo una labor encomiable en cuanto a la prestación directa de ayuda a las personas afectadas, la denuncia de situaciones en que se vulneran los derechos humanos y la sensibilización de la población en un problema de tanta envergadura. 

Junto al informe antes aludido, que elaboran anualmente, destaca el envío reciente de la "Propuesta de iniciativa al Parlamento Andaluz", donde recaban a los grupos que integran esa institución autonómica "el apoyo a vías legales y seguras de acceso al derecho de asilo y para el ejercicio del derecho a la libre circulación" y piden que se preste una especial atención al número cada vez mayor de menores que llegan a las costas andaluzas sin la compañía de familiares.

No es la primera vez que miembros de la APDHA han venido a Barbate y de hecho existe en el municipio desde hace tres años un grupo de personas que pertenecen, trabajan y/o colaboran de distintas maneras. En esta ocasión, como ya ocurrió el año pasado, se desplazaron Ana Rosado y el incombustible Rafael Lara, que además han coordinado la publicación. Un trabajo riguroso y muy interesante, lleno de datos que sacan a la luz un problema doloroso: el de la inmigración desde los países del Sur a través de unas vías que ponen en riesgo las vidas de quienes la protagonizan. 

Unos datos, entre tantos, que ponen de relieve en en 2017 hubo 28.587 personas que llegaron a España, el doble que el anterior. Que en el Mediterráneo central, entre Italia y Malta, llegaron cinco veces más. Que las llegadas a Cádiz han supuesto un aumento del 300%. Que el número de personas muertas que intentaron llegar a España se acercó a las 250. Que en los meses que llevamos de año, el 2018, ya se ha duplicado sobre 2017 el número de personas que han recalado a nuestro país. O que el número de muertes en estos meses resulta preocupante, por haberse incrementado en un 150%.

Vivimos en un continente rico si lo comparamos con otros y en especial con la vecina África. Disponemos de una UE y unos gobiernos, sin embargo, que dejan mucho que desear cuando se trata de desarrollar medidas de solidaridad. Lejos de acoger con generosidad, se obstaculiza la circulación de personas, se racanean las ayudas necesarias y hasta se incumplen los tratados internacionales. Los derechos humanos quedan, así, en un segundo o tercer plano. Y, lo que es peor, los órganos directivos de la UE y los gobiernos de los países cada vez más actúan bajo la influencia de los grupos de extrema derecha, xenófobos y racistas. Y actúan también bajo la presión de determinados grupos empresariales, que han encontrado un nicho de negocio en la recepción de ayudas procedentes de los fondos europeos para dotar de medios técnicos de seguridad y de infraestructuras, siempre con la finalidad de persuadir el tránsito de personas y su internamiento en centros específicos cuando sea necesario.

Vivimos en un país que ha tenido un gobierno que durante casi siete años ha actuado como “una losa”. Que reiteradamente ha sido advertido o más que eso por su incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Lo último, una condena por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente.

A la espera de lo que haga el nuevo gobierno, ya existe la preocupación por lo que representa el nuevo ministro de Interior. Fernando Grande-Marlaska, antes juez, no se ha caracterizado precisamente por una escrupulosa vigilancia del respeto a los derechos humanos. En materia de inmigración ha llegado a defender la existencia de los CIEs y, lejos de poner de relieve la vulneración reiterada de dichos derechos, como han hecho otros miembros de la judicatura, ha calificado que en ellos se tutela con garantías a las personas.  

Invito a leer el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur” y también el “Balance Migratorio 2017”. E incluso, por qué no, la "Propuesta de iniciativa al Parlamento Andaluz". Hacerlo debe ser casi una obligación.