Hace una semana publiqué la entrada “Cuidado con los golpes de estado, que no son una broma”.
Podría pensarse que estaba exagerando, pero según han ido pasando los días, más
me reafirmo en lo que escribí. Creo que sabemos muy poco y tengo la sospecha de
que se pretende algo más gordo. Ya advirtió a principios de año Joaquín Urías que “La derecha española, cada vez que pierde la
mayoría electoral, se atrinchera en el poder judicial”. Lo que no sabíamos en
ese momento era cuál iba a ser el pretexto para llevarlo a cabo. Y parece que
ser que la crisis derivada de la pandemia de la covid-19 está ofreciendo el
contexto desde el que extraer el motivo para la ocasión.
¿Y cuál ha sido el
elegido? Pues, como estamos viendo, lo relacionado con la manifestación del 8-M
en Madrid. Se ha empezado con la imputación por parte de la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre José Manuel Franco Pardo, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Y ahora estamos con la ofensiva a toda regla que han lanzado los tres grupos de la derechona contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
A continuación voy a referirme a cuatro artículos publicados en eldiario.es, escritos por juristas de prestigio: el catedrático Javier Pérez Royo y el que fuera magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
Que todavía haya jueces “con
un desconocimiento tan flagrante de la teoría general de los derechos
fundamentales”
Hace
unos días, el 26 de mayo, leí el artículo de Pérez Royo titulado “Prevaricación administrativa o ignorancia judicial”. Puso en duda la calidad jurídica de la actuación de la jueza
Carmen Rodríguez-Medel, aunque sin nombrarla. Argumentó para ello que
“La autoridad administrativa, en lo que al ejercicio de los
derechos fundamentales se refiere, no tiene NUNCA ni la primera ni la última
palabra. La primera la tienen los ciudadanos. La última, eventualmente, el juez”.
Añadió,
a su vez:
“Todas las autoridades administrativas, no solo la de Madrid, sino
la competente en todos los municipios en que hubo manifestaciones, tuvieron
conocimiento de la convocatoria y ninguna de ellas consideró que había alguna
razón que justificara impedir o condicionar su celebración”.
No
le faltó aclarar que
“El delito de prevaricación supone que la autoridad, judicial o
administrativa, sustituye la voluntad constituyente o la voluntad general por
la suya propia”.
Y
concluyó de esta forma:
“Es tan evidente lo que escribo que causa hasta un cierto sonrojo
tener que ponerlo por escrito. En todo caso, lo que resulta difícilmente
comprensible es que, tras más de 40 años de entrada en vigor de la
Constitución, haya jueces en activo con un desconocimiento tan flagrante de la
teoría general de los derechos fundamentales”.
La jueza, los guardias
civiles y el coronel
Tres
días después el mismo autor ahondaba en lo ocurrido en el artículo “El mundo al revés”. Esta vez con nombres y
apellidos, se refirió por separado a tres de los actores implicados en la imputación
del delegado de gobierno de Madrid.
Sobre
la jueza Carmen Rodríguez-Medel formuló una serie de preguntas, teniendo como hilo
conductor se era ella la que podría haber cometido un delito. Y acabó diciendo
que
“si fuera el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
solicitaría a la jueza una respuesta a todas estas preguntas, ya que, de no
recibir una respuesta "ajustada a derecho" a las mismas, podría
proceder penalmente contra ella. No me limitaría simplemente a recurrir el auto
de la jueza, sino que la denunciaría porque el auto supone una decisión
imposible de justificar con ninguna de las reglas de interpretación comúnmente
aceptadas en el mundo del derecho”.
En
lo referente a la unidad de la Guardia Civil que está llevando la investigación
y elaboró el primer informe (el único, entonces), hizo lo propio, empezando con
unas preguntas acerca de si su conducta podáis ser constitutiva de delito, para
concluir:
“Si fuera el Delegado del Gobierno, interrogaría a los autores del
informe y, en el supuesto de que quedara acreditada una conducta torticera en
la elaboración del mismo, procedería penalmente contra ellos”.
Finalmente,
en el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, la primera de las preguntas que
formulaba Pérez Royo no dejaba lugar a dudas:
“¿Puede el coronel Pérez de los Cobos pretender que no tiene la
obligación de comprobar que sus subordinados no ejercen su tarea de una manera
tan desviada que linda con lo delictivo?”.
Como
tampoco lo dejaba la forma tan rotunda con la que concluía:
“El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si ha cometido
algún error, es no haberse dado cuenta de qué maniobras se estaban poniendo en
marcha dentro de un cuerpo de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil,
sobre el que tiene la responsabilidad última. Lo que ha ocurrido con el informe
solicitado por la jueza Rodríguez-Medel no debería haber ocurrido, porque no
deberían estar en el puesto en que estaban las personas que lo elaboraron, lo
que a su vez quiere decir que tampoco debería haberlo estado el coronel Pérez
de los Cobos”.
La jueza y el
dedo del coronel
El
31 de mayo fue José Antonio Martín Pallín el que se lanzó a la palestra con su
artículo “El dedo y la Luna”, haciendo uso en el título del conocido proverbio oriental. Se centró
en las actuaciones llevadas a cabo por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, de un lado,
y por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y los redactores
del informe enviado a la jueza, de otro, desentrañando los errores cometidos,
la ignorancia demostrada y hasta los posibles delitos que podrían haber cometido.
La
secuencia que hizo de la actuación de la jueza resulta altamente preocupante,
no por lo que nos contó, sino por lo que dicha jueza ha hecho. Ya de entrada,
dejó claro algo evidente:
“Con una ligereza y falta de ponderación preocupante en una
persona que ostenta un poder y una responsabilidad jurisdiccional, admite a
trámite, sin mayores argumentos que la cita de un informe del Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que se dice fechado el 2
de marzo, cuando lo cierto es que ese organismos no acuerda recomendaciones
para hacer frente a la pandemia hasta el
18 de marzo. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud no
califica la epidemia como pandemia hasta el día 11 de marzo”.
Y
a continuación prosiguió con lo siguiente:
“en principio solo se fija en el delegado del Gobierno en Madrid y
no en los otros cincuenta y tantos delegados y subdelegados que autorizaron
manifestaciones ese día”;
(…)
“Al verse desautorizada por
un informe de su médico forense, que no puede establecer una relación de
causalidad entre la manifestación y los contagios, transforma la denuncia en un
delito de prevaricación administrativa”.
(…)
“El despropósito es todavía más palmario cuando se basa en una
simple denuncia de una persona que al parecer es abogado, y que una vez lanzada
la piedra esconde la mano y no ha tenido el más mínimo interés en facilitar los
datos complementarios que permitieran sustentar su descabellada iniciativa”.
(…)
“No deja de levantar razonables suspicacias que no recabase el
parecer del Ministerio Fiscal y decidiese seguir adelante con todas sus
consecuencias. Parece extraño que, para conocer el nivel de riesgo que existía
el día de la manifestación y sus posibilidades reales y directas de ocasionar
contagios e incluso muertes, recabase el informa de un coronel de la Guardia
Civil y no de un instituto científico especializado en pandemias o incluso
dirigirse a algún organismo internacional”.
(…)
“La función de juzgar no se puede dejar en manos de personajes
como la juez que está investigando sin grave deterioro de su credibilidad y
respeto por la ciudadanía. Por cierto que cometió un acto de ignorancia
inexcusable al considerar inicialmente como investigado al doctor Fernando
Simón”.
(…)
“Creo que alguien le ha debido avisar de que su metedura de pata
le podía llevar al borde de la prevaricación, por lo menos por impudencia grave
o ignorancia inexcusable, ya que el doctor Simón nunca podría dictar una
resolución administrativa. Esta elemental reflexión incluso se estudia en los
temas de las oposiciones a judicatura”.
En
cuanto al coronel y sus guardias civiles, Martín Pallín empezó haciendo una
aclaración que resulta más que pertinente:
“La Guardia Civil es un cuerpo sometido a la disciplina militar,
por lo tanto, las ordenanzas militares, en la parte que le son aplicables,
imponen el deber de comunicar a sus superiores y anotar en el orden del día la
puesta en marcha de una investigación a petición de un juzgado. Por supuesto no
tenía la obligación de informar sobre el desarrollo de las investigaciones, ya
que estaría infringiendo la ley”.
Luego
señaló un aspecto muy preocupante de la figura del coronel, al relacionarlo estrechamente
con la "policía patriótica". Y a continuación lanzó un torpedo a la
línea de flotación de dicho mando policial-militar y de sus subordinados:
“Por si alguien tenía alguna duda, su informe le ha retratado.
Parece el resultado de una ‘sagaz’ e incisiva investigación realizada por
Mortadelo y Filemón. Una persona que presume de profesionalidad no puede
avalar, sin sonrojo, este documento plagado de falsedades, invenciones y
juicios de valor”.
En
el artículo su autor se muestra pesimista, aunque deseando equivocarse. Y es
que, siguiendo con el símil de las fases de la Luna, el siguiente paso es el
Tribunal Supremo. Y... ¡ay!
El ministro se “muerde la
lengua”
Hoy
Pérez Royo ha sacado su tercer artículo sobre el asunto: “¿Mentir o morderse la lengua?”. ¿Y por qué ese título? Así lo expresa en un primer
momento:
“El ministro no podía decir la verdad, porque ello hubiera
supuesto dejar constancia en el diario de sesiones que el origen del cese
estaba en la ejecución desviada por el coronel Pérez de los Cobos de una
decisión presuntamente prevaricadora de la jueza de instrucción Rodríguez
Medel. Fernando Grande-Marlaska sabía que era así, pero no lo podía decir”.
Y
después de hacer varios razonamientos jurídicos, incluidos los referidos por
Martín Pallín, redundó en ello, pero con un añadido:
“Al ministro se le pregunta por un cese que tiene su origen en una
conducta presuntamente delictiva de una jueza de Instrucción y en una conducta
irregular por parte de un coronel de la Guardia Civil. Y lo que hace es ‘morderse
la lengua’ y contestar evasivamente, situando el cese en una reestructuración
administrativa, lo que, muy probablemente, es además así”.
¿Dónde estamos?
Ya
que estamos metido en artículos, recomiendo dos publicados ayer por sendos
periodistas. Uno, en eldiario.es, escrito por su director, Ignacio
Escolar: “Todo lo que olvidan quienes piden la dimisión del ministro del Interior”. Y el otro, más extenso y complejo en su lectura, pero lleno de
interés, aparecido en Público y obra de Patricia López: “Las cloacas que Marlaska no ha limpiado”.
Y
en eso estamos.
(Imagen: fotografía de Kiko Huesca, en eldiario.es).
