jueves, 4 de junio de 2020

La jueza, el coronel y el ministro, con la derechona más que apretando

Hace una semana publiqué la entrada “Cuidado con los golpes de estado, que no son una broma”. Podría pensarse que estaba exagerando, pero según han ido pasando los días, más me reafirmo en lo que escribí. Creo que sabemos muy poco y tengo la sospecha de que se pretende algo más gordo. Ya advirtió a principios de año Joaquín Urías que “La derecha española, cada vez que pierde la mayoría electoral, se atrinchera en el poder judicial”. Lo que no sabíamos en ese momento era cuál iba a ser el pretexto para llevarlo a cabo. Y parece que ser que la crisis derivada de la pandemia de la covid-19 está ofreciendo el contexto desde el que extraer el motivo para la ocasión. 

¿Y cuál ha sido el elegido? Pues, como estamos viendo, lo relacionado con la manifestación del 8-M en Madrid. Se ha empezado con la imputación por parte de la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre José Manuel Franco Pardo, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Y ahora estamos con la ofensiva a toda regla que han lanzado los tres grupos de la derechona contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

A continuación voy a referirme a cuatro artículos publicados en eldiario.es, escritos por juristas de prestigio: el catedrático Javier Pérez Royo y el que fuera magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

Que todavía haya jueces “con un desconocimiento tan flagrante de la teoría general de los derechos fundamentales”

Hace unos días, el 26 de mayo, leí el artículo de Pérez Royo titulado “Prevaricación administrativa o ignorancia judicial”. Puso en duda la calidad jurídica de la actuación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, aunque sin nombrarla. Argumentó para ello que

“La autoridad administrativa, en lo que al ejercicio de los derechos fundamentales se refiere, no tiene NUNCA ni la primera ni la última palabra. La primera la tienen los ciudadanos. La última, eventualmente, el juez”.

Añadió, a su vez:

“Todas las autoridades administrativas, no solo la de Madrid, sino la competente en todos los municipios en que hubo manifestaciones, tuvieron conocimiento de la convocatoria y ninguna de ellas consideró que había alguna razón que justificara impedir o condicionar su celebración”.

No le faltó aclarar que

“El delito de prevaricación supone que la autoridad, judicial o administrativa, sustituye la voluntad constituyente o la voluntad general por la suya propia”.

Y concluyó de esta forma:

“Es tan evidente lo que escribo que causa hasta un cierto sonrojo tener que ponerlo por escrito. En todo caso, lo que resulta difícilmente comprensible es que, tras más de 40 años de entrada en vigor de la Constitución, haya jueces en activo con un desconocimiento tan flagrante de la teoría general de los derechos fundamentales”.

La jueza, los guardias civiles y el coronel

Tres días después el mismo autor ahondaba en lo ocurrido en el artículo “El mundo al revés”. Esta vez con nombres y apellidos, se refirió por separado a tres de los actores implicados en la imputación del delegado de gobierno de Madrid.

Sobre la jueza Carmen Rodríguez-Medel formuló una serie de preguntas, teniendo como hilo conductor se era ella la que podría haber cometido un delito. Y acabó diciendo que  

“si fuera el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, solicitaría a la jueza una respuesta a todas estas preguntas, ya que, de no recibir una respuesta "ajustada a derecho" a las mismas, podría proceder penalmente contra ella. No me limitaría simplemente a recurrir el auto de la jueza, sino que la denunciaría porque el auto supone una decisión imposible de justificar con ninguna de las reglas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho”.

En lo referente a la unidad de la Guardia Civil que está llevando la investigación y elaboró el primer informe (el único, entonces), hizo lo propio, empezando con unas preguntas acerca de si su conducta podáis ser constitutiva de delito, para concluir:

“Si fuera el Delegado del Gobierno, interrogaría a los autores del informe y, en el supuesto de que quedara acreditada una conducta torticera en la elaboración del mismo, procedería penalmente contra ellos”.

Finalmente, en el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, la primera de las preguntas que formulaba Pérez Royo no dejaba lugar a dudas:

“¿Puede el coronel Pérez de los Cobos pretender que no tiene la obligación de comprobar que sus subordinados no ejercen su tarea de una manera tan desviada que linda con lo delictivo?”.

Como tampoco lo dejaba la forma tan rotunda con la que concluía:

“El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si ha cometido algún error, es no haberse dado cuenta de qué maniobras se estaban poniendo en marcha dentro de un cuerpo de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, sobre el que tiene la responsabilidad última. Lo que ha ocurrido con el informe solicitado por la jueza Rodríguez-Medel no debería haber ocurrido, porque no deberían estar en el puesto en que estaban las personas que lo elaboraron, lo que a su vez quiere decir que tampoco debería haberlo estado el coronel Pérez de los Cobos”.

La jueza y el dedo del coronel

El 31 de mayo fue José Antonio Martín Pallín el que se lanzó a la palestra con su artículo “El dedo y la Luna”, haciendo uso en el título del conocido proverbio oriental. Se centró en las actuaciones llevadas a cabo por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, de un lado, y por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y los redactores del informe enviado a la jueza, de otro, desentrañando los errores cometidos, la ignorancia demostrada y hasta los posibles delitos que podrían haber cometido.

La secuencia que hizo de la actuación de la jueza resulta altamente preocupante, no por lo que nos contó, sino por lo que dicha jueza ha hecho. Ya de entrada, dejó claro algo evidente:

“Con una ligereza y falta de ponderación preocupante en una persona que ostenta un poder y una responsabilidad jurisdiccional, admite a trámite, sin mayores argumentos que la cita de un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que se dice fechado el 2 de marzo, cuando lo cierto es que ese organismos no acuerda recomendaciones para hacer frente a la pandemia hasta el  18 de marzo. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud no califica la epidemia como pandemia hasta el día 11 de marzo”.

Y a continuación prosiguió con lo siguiente:

“en principio solo se fija en el delegado del Gobierno en Madrid y no en los otros cincuenta y tantos delegados y subdelegados que autorizaron manifestaciones ese día”;

(…)

“Al  verse desautorizada por un informe de su médico forense, que no puede establecer una relación de causalidad entre la manifestación y los contagios, transforma la denuncia en un delito de prevaricación administrativa”.

(…)

“El despropósito es todavía más palmario cuando se basa en una simple denuncia de una persona que al parecer es abogado, y que una vez lanzada la piedra esconde la mano y no ha tenido el más mínimo interés en facilitar los datos complementarios que permitieran sustentar su descabellada iniciativa”.

(…)

“No deja de levantar razonables suspicacias que no recabase el parecer del Ministerio Fiscal y decidiese seguir adelante con todas sus consecuencias. Parece extraño que, para conocer el nivel de riesgo que existía el día de la manifestación y sus posibilidades reales y directas de ocasionar contagios e incluso muertes, recabase el informa de un coronel de la Guardia Civil y no de un instituto científico especializado en pandemias o incluso dirigirse a algún organismo internacional”.

(…)

“La función de juzgar no se puede dejar en manos de personajes como la juez que está investigando sin grave deterioro de su credibilidad y respeto por la ciudadanía. Por cierto que cometió un acto de ignorancia inexcusable al considerar inicialmente como investigado al doctor Fernando Simón”.

(…)

“Creo que alguien le ha debido avisar de que su metedura de pata le podía llevar al borde de la prevaricación, por lo menos por impudencia grave o ignorancia inexcusable, ya que el doctor Simón nunca podría dictar una resolución administrativa. Esta elemental reflexión incluso se estudia en los temas de las oposiciones a judicatura”.

En cuanto al coronel y sus guardias civiles, Martín Pallín empezó haciendo una aclaración que resulta más que pertinente:

“La Guardia Civil es un cuerpo sometido a la disciplina militar, por lo tanto, las ordenanzas militares, en la parte que le son aplicables, imponen el deber de comunicar a sus superiores y anotar en el orden del día la puesta en marcha de una investigación a petición de un juzgado. Por supuesto no tenía la obligación de informar sobre el desarrollo de las investigaciones, ya que estaría infringiendo la ley”.

Luego señaló un aspecto muy preocupante de la figura del coronel, al relacionarlo estrechamente con la "policía patriótica". Y a continuación lanzó un torpedo a la línea de flotación de dicho mando policial-militar y de sus subordinados:

“Por si alguien tenía alguna duda, su informe le ha retratado. Parece el resultado de una ‘sagaz’ e incisiva investigación realizada por Mortadelo y Filemón. Una persona que presume de profesionalidad no puede avalar, sin sonrojo, este documento plagado de falsedades, invenciones y juicios de valor”.

En el artículo su autor se muestra pesimista, aunque deseando equivocarse. Y es que, siguiendo con el símil de las fases de la Luna, el siguiente paso es el Tribunal Supremo. Y... ¡ay!

El ministro se “muerde la lengua”

Hoy Pérez Royo ha sacado su tercer artículo sobre el asunto: “¿Mentir o morderse la lengua?”. ¿Y por qué ese título? Así lo expresa en un primer momento:

“El ministro no podía decir la verdad, porque ello hubiera supuesto dejar constancia en el diario de sesiones que el origen del cese estaba en la ejecución desviada por el coronel Pérez de los Cobos de una decisión presuntamente prevaricadora de la jueza de instrucción Rodríguez Medel. Fernando Grande-Marlaska sabía que era así, pero no lo podía decir”.

Y después de hacer varios razonamientos jurídicos, incluidos los referidos por Martín Pallín, redundó en ello, pero con un añadido:

“Al ministro se le pregunta por un cese que tiene su origen en una conducta presuntamente delictiva de una jueza de Instrucción y en una conducta irregular por parte de un coronel de la Guardia Civil. Y lo que hace es ‘morderse la lengua’ y contestar evasivamente, situando el cese en una reestructuración administrativa, lo que, muy probablemente, es además así”.

¿Dónde estamos?

Ya que estamos metido en artículos, recomiendo dos publicados ayer por sendos periodistas.  Uno, en eldiario.es, escrito por su director, Ignacio Escolar: “Todo lo que olvidan quienes piden la dimisión del ministro del Interior”. Y el otro, más extenso y complejo en su lectura, pero lleno de interés, aparecido  en Público y obra de Patricia López: “Las cloacas que Marlaska no ha limpiado”.

Y en eso estamos.

(Imagen: fotografía de Kiko Huesca, en eldiario.es).