miércoles, 6 de febrero de 2013

Desahucios, parlamento e iniciativa popular


Las distintas plataformas ciudadanas que están luchando contra los desahucios acaban de presentar las aproximadamente 750.000 firmas que han recogido para poder ser tramitada como una proposición de ley dentro de la conocida como iniciativa legislativa popular. Los aspectos concretos que quieren que se discutan son los relativos a la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. El PP, sin embargo, ya ha adelantado que rechazará su admisión a trámite.

El artículo 87.3 de la Constitución de 1978 reconoce la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, independientemente de los conductos que le corresponden normalmente al gobierno y cualquiera de las dos cámaras parlamentarias. En dicho artículo se establece que su desarrollo debe hacerse mediante una ley orgánica, a la vez del requisito de recoger al menos 500.000 firmas acreditadas. También se establecen los límites, que se refieren a los asuntos relativos a leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional. La ley orgánica que acabó regulando la iniciativa popular tardó en aprobarse algo más de cinco años, más concretamente el 26 de marzo de 1984. Su contenido resultó bastante restringido. En su artículo 13 se establece que la tramitación parlamentaria se regulará en los respectivos reglamentos del Congreso y del Senado, lo que se ha traducido en que la aceptación para ser tramitada depende en exclusiva de una de las dos cámaras de las Cortes.

En la práctica no se ha admitido ninguna de las 92 iniciativas presentadas hasta ahora. Tres de ellas se hicieron antes de la aprobación de la citada ley orgánica, pero el resto no ha tenido éxito. Varias han sido las razones, siendo la mayoría que no se llegó a reunir el número de firmas suficientes. Pero el resto, hasta diez que   consiguieron reunirlas, no pudieron ser admitidas a trámite en las mesas de las cámaras.

El peso de la mayoría parlamentaria ha resultado decisivo, pero no siempre fue así.  La primera iniciativa que reunió las firmas suficientes, 600.000 concretamente, fue la relativa a la financiación del sistema educativo. Fue el año que el PP ganó sus primeras elecciones, aunque en minoría, pero no le faltó el apoyo del PSOE para rechazar la admisión a trámite de la iniciativa que había presentado CCOO. Cuatro años después IU promovió otra relativa a la modificación de la jornada laboral, para rebajarla a 35 horas semanales. Y de nuevo fue el rodillo del PP-PSOE y adláteres quien la echó abajo. Eran los años en que el PSOE, con el apoyo mediático del grupo PRISA y la complicidad de las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, utilizaban aquello de la pinza, queriendo hacer ver una complicidad, que no existía en la realidad, entre PP e IU. 

Diversas iniciativas se fueron presentando en los años siguientes. Algunas, desde ámbitos conservadores, como una del Foro de la Familia en 2004 sobre el matrimonio y la adopción, y otra de 2011 relativa a declarar la fiesta de los toros como bien de interés cultural.

La última es la referida al principio de este escrito sobre los desahucios presentarse y ya sabemos cuál va a ser su destino. Por lo que se está comprobando, lo que la Constitución de 1978 establece relativo a la participación directa de la población en los asuntos legislativos no es más que papel mojado. Todo depende de quienes controlan las cámaras. Y a eso lo llaman democracia.