jueves, 14 de septiembre de 2017

¡Vaya, vaya con la legalidad!

El otro día llegaron las amenazas. De cárcel, de multas, de inhabilitaciones... Con ellas, el miedo. Mayor, en el funcionariado, que se cuenta por muchos miles, como eslabón más débil por miedo a perder el puesto de trabajo. Y todo, al decir de quienes detentan los poderes del estado, en  nombre de la ley. La ley, presentada como sinónimo de democracia. Un recurso, el de la legalidad, que ya fue usado por los cerebros del tardofranquismo para transitar de la dictadura a lo que vino de después. De la ley a la ley, decían. Un problema que tuvieron los golpistas del 36 y que, al no tener argumentos "legales", pues se los inventaron. Una tradición centenaria de profesionales de la abogacía que no han cesado en su quehacer de trabajar para que los pilares del sistema sigan en las mismas manos desde hace dos siglos. Gobierno, Tribunal Constitucional, Fiscalía General... Ésta ya ha empezado a dar órdenes: a Guardia Civil, a Mossos... Registros en imprentas, búsqueda de urnas, cierre páginas electrónicas, prohibición de uso de espacios públicos para el 1-O, comparecencia de alcaldes bajo amenaza de detención para quien desobedezca... Hasta un juez, amante del águila imperial, se ha atrevido a impedir en Madrid que se le celebre un acto político de apoyo al referéndum. Y todo en nombre de la legalidad. ¡Vaya, vaya!