sábado, 1 de abril de 2017

El drama de la Frontera Sur y la responsabilidad de los gobiernos europeos (acerca de un nuevo informe de la APDHA)


























La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía está presentando desde hace unos días el informe
Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017. Uno más de los que elabora cada año y en los que hace un balance de la situación en que se encuentra lo relacionado con la inmigración en el ámbito de lo que se conoce como Frontera Sur. Ayer, viernes, se desplazaron a Barbate Rafael Lara y Ana Rosado, miembros del equipo Frontera Sur de la APDHA y responsables de su coordinación. 

En esta ocasión han llevado a cabo un trabajo basado principalmente en la observación y recogida de datos en varios puntos geográficos de gran importancia: El Egido, Motril, Melilla, Ceuta, Tánger. Así mismo, ofrecen datos globales, a modo de balance, de la realidad que se está viviendo, lo que nos permite conocer las fluctuaciones entre 2010 y 2016, siempre teniendo en cuenta el carácter aproximativo, dada la naturaleza de la realidad tratada y las contradicciones existentes entre las fuentes consultadas. En todo caso se refieren a aspectos como las personas que han llegado a nuestro país dentro del ámbito referido, las que han fallecido, la comparación con otros países, el reparto por provincias atendiendo a quienes lo han hecho por mar, los tipos de embarcaciones empleadas, el número de ocupantes, etc. 

Resulta llamativa la escasa cuantía de personas inmigrantes o refugiadas que están llegando a nuestro país si la comparamos con otros países de la Frontera Sur, como Grecia e Italia, cada uno de los cuales ha recibido en 2016 entre 13 y 14 veces más. También, después de unos años de aumento, hasta llegar a casi 17.000 personas en 2015, se ha producido una ligera bajada en 2016, situándose en algo más de 14.000. Las provincias de Almería, Granada y Cádiz, por ese orden, son las que han recibido el mayor número de personas a través del mar, representando en torno a las dos terceras partes. 

En lo referido a las personas muertas en su intento por llegar a nuestro país, 2016 ha sido el momento de mayor número, con 295, dentro de una tendencia al alza desde 2010 salvo el paréntesis de 2013 y 2104. Unos datos que resultan dolorosos, pero que se sitúan muy por debajo del conjunto de muertes ocurridas en 2016 en todo el Mediterráneo, donde se ha hecho una estimación de alrededor de 5.000, correspondiendo el grueso, en torno al 90%, a la parte central, que acoge a las personas que intentan cruzar el mar desde Libia hacia Italia.  

Toda la información que se ofrece surge de una realidad con una enorme carga de dramatismo, donde las muertes catastróficas afloran de una forma cotidiana y son, en definitiva, la punta de un gran iceberg que contiene situaciones durísimas que surgen en los países de origen, continúan en los territorios que van recorriendo en sus desplazamientos y no acaban en las fronteras que lindan con el mundo occidental, donde se han levantado muros que impiden y/o limitan su tránsito. Es por eso por lo que María José Aguilar, catedrática universitaria, denomina como "tanatopolíticas migratorias" las prácticas que están llevando a cabo tanto el gobierno de la Unión Europea como los gobiernos de los distintos países que la componen. Gobiernos, incluido el español, que "han traicionado (y lo hacen cada vez con más convencimiento y energía) los valores y principios del Estado de Derecho y del Derecho mismo". 

Para Aguilar s
e trata de unas actuaciones que suponen "mecanismos destructores de la vida humana, pues si no matan directamente (algo que sí ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal de Ceuta), al menos dejan morir a miles de personas: ya sea a través de la intervención de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado; a través de los discursos de los miembros del Gobierno y otras instituciones públicas que legitiman y refuerzan esos mecanismos destructores de la vida humana; de las órdenes que se imparten a funcionarios públicos responsables de velar por el cumplimiento de la ley [...] con instrucciones y órdenes de dudosa legalidad; o a través de la simple dejación de responsabilidades (como la omisión de socorro a quien está en peligro de muerte)".