La reforma del Código Penal está generando una creciente oposición. Las críticas provienen de todos los ámbitos de la vida política y social. En el Congreso el gobierno sólo ha contado con el apoyo, además del PP, de UPN, mientra que el Foro de Asturias se ha abstenido. Ya a mediados de 2014 un relator de la ONU, Maina Kiai, pidió la modificación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y del proyecto de reforma del Código Penal, al considerar que restringen el derecho de manifestación. Ayer se hizo público un manifiesto suscrito por 63 catedráticos de derecho penal, pertenecientes a 33 universidades, que resulta demoledor. El motivo ha sido la discusión en el Congreso de la citada reforma, pero amplían su contenido al conjunto de medidas que el gobierno está desarrollando en el campo de las libertades, entre las que está también la Ley de Seguridad Ciudadana. En el manifiesto se considera que el texto del gobierno es de "una enorme pobreza técnica", lo cual ya dice mucho. Sobre su contenido resulta contundente cuando se afirma que "las reformas propuestas beben político-criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas". Pero lo peor viene cuando se dice que la reforma pisotea la dignidad humana "en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a 'administrar' la peligrosidad". Se argumenta esto último a través del "claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de culpabilidad".
Todo se concreta en distintas vertientes, que se analizan en el manifiesto de una forma detenida. De un lado está la desaparición de las faltas, que son sustituidas por sanciones administrativas o por delitos menores, la ampliación de penas en determinados delitos y la aparición de la prisión permanente, un eufemismo de la cadena perpetua. Sobre el principio de igualdad se pone de manifiesto que el pago de tasas, costas y peritajes lo que hace es favorecer a las empresas privadas, sobre todo de seguros, al disuadir a las personas afectadas a la hora de interponer reclamaciones. Se advierte de la privatización de la seguridad, que cada vez va quedando más en manos de empresas privadas, mientras disminuyen las plantillas de las fuerzas de seguridad del estado.
Un capítulo especial es la relación de esta reforma con las protestas ciudadanas. Y su relación con la Ley de Seguridad Ciudadana resulta evidente. En el manifiesto se resalta que el objetivo de esta última ley es el de "poner en sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del bienestar".
En este sentido, desde la Plataforma No Somos Delito se incide en la criminalización de la protesta que se está haciendo a través de la reforma del Código Penal. De esta manera son considerados como delitos la difusión a través de las redes sociales de una convocatoria considerada ilegal; o la ocupación de propiedades, aun en horario abierto, por parte de personas afectadas por la hipoteca o preferentes, o pertenecientes a colectivos afectados por los recortes (sanidad, educación...).
