
La propia consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se encuentra estos días en Bruselas con la intención de explicar in situ el contenido de la norma que ha impulsado, que tiene una clara finalidad social en un contexto, en este caso el andaluz, donde existen cientos de miles de viviendas vacías, más de un millón de personas en paro y cientos de miles de familias que viven en el umbral de la pobreza. Se busca ante todo el acceso a la vivienda a las familias que no dispongan de recursos mediante alquileres asequibles y evitar el desahucio de quienes corran el riesgo de perderla. Hasta ahora han sido 12 las familias que ya se han visto favorecidas, pero muchas más tienen sus expedientes en tramitación, sin contar las que potencialmente podrían hacerlo.
¿Qué más se puede decir? El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares de la Constitución, razón por la que -se me antoja- el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora ha tomado la decisión. Hace un año una diputada del PP, hija de un político corrupto, soltó en un pleno del Congreso un "que se jodan", en alusión a la gente que estaba en paro. Y es que la derechona, en cualquiera de los ámbitos donde está presente, resulta incorregible.