jueves, 11 de julio de 2013

La rapidez del Tribunal Constitucional cuando de la propiedad privada se trata

El Tribunal Constitucional ha resuelto en poco tiempo paralizar cautelarmente el decreto-ley contra los desahucios aprobado por el gobierno de Andalucía y en trámite parlamentario para ser convertido en ley. Ha actuado con rapidez. El PP, a su vez, ha sido diligente. Desde el primer momento se movió en contra y hace dos semanas que el gobierno central envió un recurso contrario. Hoy mismo, en pocas horas, el Tribunal Constitucional ha resuelto admitirlo a trámite y, de paso, paralizar la aplicación del decreto. Conviene recordar que no hace mucho se ha renovado la composición del tribunal, a la vez que elegido a su presidente, con una mayoría conservadora de 7 sobre un total de 12. Desde las altas instancias de la Unión Europea, en especial el Banco Europeo, también se han vertido fuertes críticas al decreto andaluz, basadas en que puede afectar a la estabilidad del sistema financiero. 

La propia consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se encuentra estos días en Bruselas con la intención de explicar in situ el contenido de la norma que ha impulsado, que tiene una clara finalidad social en un contexto, en este caso el andaluz, donde existen cientos de miles de viviendas vacías, más de un millón de personas en paro y cientos de miles de familias que viven en el umbral de la pobreza. Se busca ante todo el acceso a la vivienda a las familias que no dispongan de recursos mediante alquileres asequibles y evitar el desahucio de quienes corran el riesgo de perderla. Hasta ahora han sido 12 las familias que ya se han visto favorecidas, pero muchas más tienen sus expedientes en tramitación, sin contar las que potencialmente podrían hacerlo.  

¿Qué más se puede decir? El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares de la Constitución, razón por la que -se me antoja- el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora ha tomado la decisión. Hace un año una diputada del PP, hija de un político corrupto, soltó en un pleno del Congreso un "que se jodan", en alusión a la gente que estaba en paro. Y es que la derechona, en cualquiera de los ámbitos donde está presente, resulta incorregible.