De nuevo, manifestación para recuperar el Retín

Esta mañana he estado en una manifestación contra el campo militar situado en la Sierra del Retín. La ha convocado una plataforma de varios grupos ciudadanos y políticos bajo el lema "¡Recuperemos el Retín!". 

Inicialmente estaba prevista una marcha que saliera de la plaza del Ayuntamiento hasta el límite con el campo militar, pero la autoridad gubernativa la prohibió con excusas peregrinas, concediendo que se llegara hasta la salida del casco urbano, junto al antiguo Matadero. A lo largo de tres horas alrededor de medio millar de personas hemos recorrido el trayecto autorizado, cuya cortedad se ha sustituido con diversas acciones, como la lectura de un comunicado inicial, varias sentadas en la calzada y, finalmente, una especie de asamblea ciudadana donde intervinieron varias personas a título personal o en nombre de algún grupo. 

Esta ha sido una manifestación más, si bien después de bastante tiempo. En junio de 1981 se tomó la decisión de crear el campo militar por parte del gobierno de UCD que presidía Leopoldo Calvo Sotelo. Las repercusiones negativas que ha sufrido el municipio desde entonces han sido de diversa índole, afectando al uso y aprovechamiento de los terrenos expropiados, dando lugar a molestias durante las numerosas maniobras militares que se han llevado a cabo y provocando la muerte de cinco personas. En abril de 1989 se organizó la primera movilización contra el campo militar en forma de marcha y las últimas movilizaciones, muy numerosas, tuvieron lugar entre 1997 y 1998. Fue el momento en que el gobierno del PP intentara ubicar un polvorín. En el mes de mayo de 1998 se discutió y votó en la comisión de Defensa del Congreso una proposición no de ley presentada por IU, en la persona del diputado gaditano Willy Meyer, en la que se pedían tres cosas: no construir el polvorín, presentar un estudio para la desafectación del campo militar y no realizar maniobras militares en el término de Barbate. El primero de los puntos salió adelante con los votos de IU, PNV y PSOE, y la oposición del PP. Los otros dos corrieron peor suerte, pues el PSOE se abstuvo, manteniendo el PP el voto negativo. Todo un retrato político del PP y el PSOE, contrarios a los intereses de Barbate. 

La manifestación de hoy refleja el empeño de una nueva generación, más joven, que busca dinamizar la vida política y social del municipio. El Foro Ciudadano de Barbate lleva tiempo en ese empeño y en esta ocasión ha sabido hacer un llamamiento a los diversos grupos políticos y ciudadanos para aunar las fuerzas. Está por ver cuál es el compromiso real de cada grupo político, teniendo en cuenta sus trayectorias y el comportamiento que están mostrando actualmente en el tratamiento del problema. Existe la voluntad de continuar las movilizaciones, para lo que se ha hecho un llamamiento a la población barbateña para que se sume en mayor medida de lo que se ha hecho hoy.  

Jordi Pujol ha cantado

Pujol apareció ayer compungido. Lo hizo pidiendo perdón. Ha reconocido que en 1980 no declaró a Hacienda la herencia recibida de su padre, estando depositada en un banco de Andorra. Quiso, previo consejo paterno, asegurarse el futuro, que, por entonces, cuando acababa de llegar a la presidencia de la Generalitat, creía incierto. Ha dicho también que ese dinero lo puso a nombre de sus 7 vástagos y de su mujer. Así se explicarían los problemas que están teniendo con tanta cuenta en el extranjero. Ha aclarado también que quiere exculpar a sus hijos e hijas de lo ocurrido. Y ha confesado que nunca encontró la ocasión para poner orden en lo que estaba haciendo. En definitiva, un cante a toda regla.

A Pujol lo llamaban l'avi, una figura simbólica -lo fue también Francesc Maciá- muy respetada en Cataluña. También, más institucionalmente y a modo de título, honorable. Hasta ayer fue un icono del catalanismo conservador. Con esto ha dejado de serlo. Ahora estoy seguro de tres cosas: que su partido lo pagará, en favor de ERC; que desde los medios españolistas se lanzarán a la yugular -aunque por ahora no lo han hecho; y que, al fin y al cabo, no ha hecho nada que no hayan hecho las gentes con posibles de aquí y de allá. Al fin y al cabo Pujol no deja de ser un burgués. Y ya se sabe, la pela es la pela. 

Un cuarto de siglo después

El año pasado tuvo lugar en el instituto Trafalgar un encuentro de quienes han ido pasando por el centro desde que en 1969 se fundara. Hubo mucha gente, en su mayoría de Barbate, pero también de Vejer, pues hasta finales de los ochenta el Trafalgar también lo fue de ese pueblo. Quienes lo organizaron lo hicieron coincidir con el 75 aniversario de la constitución del Ayuntamiento de Barbate, allá por 1938. En mi caso, como a otras personas, me pidieron que interviniera. Y así lo hice. Preparé para ello el texto que a continuación aparece, pero, en vez de leerlo, porque no lo vi adecuado en ese momento, preferí hablar basándome en él. No sé por qué no lo publiqué en su momento, pero ahora, al reencontrarme con él, he tomado la decisión de hacerlo. Al fin y al cabo sigue teniendo vigencia. 

"Llevo como profesor en Barbate desde 1989. Antes estuve en otros pueblos de Andalucía (Rute, Córdoba, en la Subbética…;  El Rincón de la Victoria, Málaga, en la Costa del Sol...). Y antes de todo esto, en Málaga y, por supuesto, en la ciudad donde nací y estudié, Salamanca, con la que me mantengo unido a través de un cordón umbilical de recuerdos y presencias.

Llegué a este pueblo sin saber cuánto tiempo iba a estar, pero el caso es que ha pasado un cuarto de siglo y aquí sigo. Junto a la costa Atlántica. Mirando al otro continente. Y no exagero. Llevo años en que casi cada día cojo mis bártulos de trabajo y me dirijo hacia el Paseo Marítimo, en un rodeo intencionado que acaba llevándome hacia el instituto. Años en que, con frecuencia, voy y vengo pisando la arena de la playa, junto al agua. Resulta reconfortante. Como lo es vivir en un lugar privilegiado de la naturaleza, a pesar de los peligros que nos acechan o de los problemas que su realidad social nos depara. Pero la vida humana se muestra así y lo ha hecho a lo largo de su historia.

No sé cuánta gente joven ha pasado por mis aulas - ¿en torno a 2.000 quizás?-, pero, en todo caso, bastante. Desde hace poco voy viendo, incluso, cómo van llegando hijos o hijas de quienes di clase años atrás. De una u otra manera cada año les vengo a decir que la vida es un permanente aprendizaje. Que ocurre desde que nacemos en la familia. Que luego, también, lo hacemos entre amigos y amigas, en los centros de enseñanza, en los medios de comunicación, en los viajes... Aprendemos de lo que vemos y sentimos, de nuestros aciertos y errores, y, por supuesto, del tiempo que dedicamos a leer, estudiar... Ante todo busco una máxima: comprender desde la razón, no desde las creencias y las supersticiones. Una forma de poder ir mejorando y, como personas que nos relacionamos, mejorándonos.

No sé tampoco el número de profesores y profesoras con quienes he compartido sala, reuniones, anhelos, discusiones… La mayoría se ha ido a otros lugares. Se fue gente entrañable para mí, como Consuelo, con quien llegué desde Málaga. O, por supuesto, Mariano, Paqui o Montse, cómplices, junto a Mª José, Luis o Joaquín, urdiendo aventuras por las mujeres, el arte, la paz, Alberti o lo que fuera surgiendo. Una parte pequeña se ha ido jubilando. Empezó el otro Mariano; luego le siguió Victoriano; después, Joaquín y Abelardo; más tarde, Antonio, María, Diego, Ignacio y Manolo; y en lo reciente, José Miguel y Mª José. Unos poquitos, por desgracia, se nos han ido para siempre: Fernando, Javier, Esteban, Rafael, Luis –el compañero, el hermano, el amigo-, el otro Rafael y me acabo de enterar que Pablo.

De cuando llegué sólo quedan dos: Leo y Mari Carmen. Tres somos, pues, los restos de los años 80. De la década siguiente siguen Isabel, Vicente, Antonio, Beli y Marta, y hasta un vestigio de entonces ha tornado –creo- para quedarse: Ramón. Del tránsito al nuevo siglo están Isidoro y Agustín, y de las nuevas caras que han ido llegando, una de ellas, la de una antigua alumna: la otra Mª José. Y como este acto pretende recordar los lazos que unieron a dos pueblos en torno a un instituto, dos profesoras lo ilustran mejor que nadie: Mª Ángeles, de la última hornada vejeriega en el “Trafalgar”; y Olga, de las primeras en el “La Janda”. Es el paso del tiempo. El mismo que pende sin remisión".

(Barbate, 10 de mayo de 2013)

Dos médicos, dos trayectorias

Éramos muy jóvenes. En su mayoría, menores de edad, pues por entonces los 21 años marcaban la frontera. Veíamos a la organización del partido en Valladolid como un referente político fuerte, consolidado. Tenían gente mayor (¡de veintitantos!), con sus trabajos... Currantes de a pie y también, en algunos casos, profesionales. Había varios médicos: Miguel Ángel, Fernando, Francisco, Julio... 

Los dos primeros nos visitaron varias veces. En el primer caso, como responsable de propaganda del comité regional. Con unas cejas pobladas y una mirada profunda, daba una imagen de duro, pese a su escasa estatura. Como hasta 1977 vivíamos en la clandestinidad, esa imagen se resaltaba aún más en las reuniones secretas que concertábamos cada vez en un lugar distinto y, encima, en su mayoría, de noche y en los largos inviernos meseteños. Sabíamos que era cirujano y hacíamos cábalas sobre por qué llevaba dos anillos en una de sus manos, que además le gustaba tocarlos. Luego, tras la legalización, dejó de visitarnos, aunque supimos que en 1979 alcanzó la alcaldía de un pequeño, pero archifamoso, pueblo cercano a la capital regional. 

El otro caso era distinto. No ocupaba un puesto jerárquico elevado, pero de vez en cuando lo veíamos. En cierta ocasión, a principios del curso 77-78, participó en un acto celebrado en el pabellón municipal y organizado por el estudiantado de Medicina. Lo recuerdo con su verbo directo y apasionado, arrancando los aplausos de la gente. Ese día sentimos una gran satisfacción de tener personas tan valiosas en nuestro partido. 

Del primero ya sabía yo que se había convertido en un cirujano afamado. Del segundo, no había vuelto a saber nada. Y el otro día di con uno y con otro. Di con el exitoso, pluriempleado en lo público y en lo privado, muy reconocido y conocido internacionalmente, y me imagino que rebosante de oropeles. Y di, por fin, con el otro. Ya ha fallecido. En vida también ha sido muy reconocido. Y tanto, que han llegado poner su hombre en una calle del humilde barrio valenciano donde recaló a principios de los ochenta. El barrio marinero de la ciudad, el mismo que la Barberá  pretende destrozarlo para travestirlo a base de especulación. He descubierto un artículo suyo en El País de esos años donde defendía lo público, por supuesto, pero también una visión de su profesión radicalmente distinta a la de buena parte de quienes la practican. Hablaba de gente humilde y criticaba -repito, a mediados de los ochenta- que hubiera tanto profesional médico pluriempleado, que como tal impedía que hubiera quienes pudieran empezar a trabajar o no pudieran encontrar un trabajo estable. 

Estamos ya en el siglo XXI, en plena vorágine neoliberal de privatizaciones, precarizaciones y paro. El primero, tras una larga carrera rebosante de fama, debe de sentirse a sus anchas, lejano de lo que pensaba y nos contaba, allá a mediados de los setenta, en las reuniones clandestinas en las que tramábamos una cosa que llamábamos revolución. El otro no olvidó nunca, mientras estuvo en vida, que para curar a la gente, y con ello darle satisfacciones, no es necesario llenarse los bolsillos.     

Corrala Utopía: el realojo fue legal

En el pasado abril se vivió una grave crisis en el gobierno andaluz, como consecuencia de la retirada de las competencias en materia de vivienda a la consejera Elena Cortés por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (ver en este cuaderno "Problema de la vivienda y crisis política en Andalucía" y En Andalucía, mejor salirse del gobierno"). 

Díaz, apoyada por una parte de su partido, numerosos medios de comunicación, el ayuntamiento de Sevilla (en manos del PP) y hasta el propio PP, atribuyó a la consejera de  IU haber actuado al margen de la legalidad cuando se decidió el realojo urgente de las familias que habían sido desalojadas de la conocida como Corrala Utopía. La actuación en la administración de vivienda andaluza obedeció en todo momento a las indicaciones que se habían hecho desde instancias judiciales y la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, ante el riesgo de exclusión de menores. La campaña mediática fue muy fuerte, buscando algunos medios y el PP criminalizar a IU y, sobre todo, romper el pacto de gobierno. La postura de IU fue rotunda cuando decidió suspender temporalmente el pacto de gobierno mientras se mantuviera la decisión de la presidenta de la Junta, que finalmente tuvo que dar marcha atrás. Lo que quizás resultó más grave fue el hecho de que se propiciara un enfrentamiento, que no fue a más, entre víctimas: las de la Corrala Utopía y las familias en la lista de espera para la asignación de viviendas sociales.

Paralelamente a todo esto el grupo Manos Limpias, autodenominado sindicato, presentó una querella contra la consejera Elena Cortés, a la que acusó de prevaricación. Pues bien, el pasado 27 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió archivar la querella, por considerar que en el realojo referido no se vulneró la legalidad. En el auto ha considerado que en su momento hubo un auto judicial del juzgado número 3 de Sevilla que decidió “proveer lo necesario en el caso de que en el edificio se encontraran menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Así mismo, ese tribunal ha resuelto que el realojo “no es sino el reflejo de una decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas que no pueden reputarse prevaricadoras”, ni que éstas hayan estado “inspiradas por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial”. Por esta vez la administración de justicia "se ha portado".

Hoy Público ha sacado un artículo de Amanda Meyer Hidalgo ("La justicia ha hablado sobre la Corrala: un realojo justo y legal"), que es Secretaria General de Vivienda en la Junta de Andalucía. Resulta muy esclarecedor. En todo caso, el argumento de la legalidad, que se repitió mil veces por quienes se opusieron a la iniciativa de la consejería de Fomento y Vivienda, ha acabado demostrándose que fue una excusa. Burda, si se quiere, pero claramente intencionada.

Lo que ocurrió en abril fue un síntoma de la reacción de los poderes establecidos cuando consideran que están en peligro sus intereses. También, un síntoma de los límites de la actuación que viene desarrollando IU en el seno del gobierno andaluz. Una actuación, en el asunto de la Corrala, justa, ante todo, y dentro de la ley. También una reacción contundente de la dirección de que demostró que no estaba dispuesta a rebajarse ante el envite de Susana Díaz, el corifeo de gentes salido del PSOE, el PP y medios de comunicación, y la sombra alargada de los poderes ocultos. No debemos olvidar que detrás se encuentra la oposición a la ley andaluza "antidesahucios" propiciada por IU, que el PP recurrió y que el Tribunal Constitucional tiene paralizada. Una lección que no debe olvidarse de cara al futuro.

La banalización del mal en la sociedad israelí

Estos días he visto algunas fotografías de las que se dice que habitantes de las colonias israelíes se están dedicando a mirar en grupo los bombardeos sobre las localidades palestinas de Gaza. Y parece que se divierten, como quienes contemplan un espectáculo, jaleando y aplaudiendo las acciones armadas de su fuerza aérea, y riéndose, quizás por el sentimiento de superioridad sobre las otras gentes. Espeluznante.

Hace años Hannah Arendt se refirió al término banalización del mal cuando analizó el nazismo a través del caso Eichmann (Eichmann en Jerusalén, Debolsillo, Barcelona, 2006). Huyó de calificar a esa persona, y por extensión a quienes como él cometieron crímenes abominables, como un monstruo. Consideraba que era una persona normal, como tantas otras. Y es precisamente por eso por lo que actuó con tanta crueldad. Hizo lo que en el ambiente social se entendía como normal, que era despojar de su condición humana a las personas contra las que actuó. De esa manera desapareció la noción de lo que estaba bien y estaba mal, banalizándose, en fin, la violencia. 

Durante estos días estamos viendo cómo buena parte de la opinión pública mundial se está mostrando pasiva ante los ataques del ejército israelí contra la población palestina. Que los bombardeos hayan destruido cientos de edificios, que sean miles las personas que se han quedado sin hogar o que el número de muertes palestinas supere ya los dos centenares, todo ello ha quedado reducido a una noticia más. Los medios de comunicación parece que hacen encajes de bolillos para ofrecer sus informaciones. Esta mañana aparecieron en las portadas digitales de varios periódicos, como El País o El Mundo, que el estado de Israel está forzando la salida de 100.000 habitantes de Gaza, pero la noticia ha desaparecido ya. En EEUU se encuentra el principal baluarte de ese estado. Su gobierno se niega a condenar sus acciones contrarias a los derechos humanos y al derecho internacional. El lobby judío, apoyado por el lobby cristiano intransigente tan presente en el tea party, no deja de presionar para que su gobierno siga en esa línea. Los gobiernos europeos callan o a lo sumo condenan con la boca chica, mientras su pasividad los convierte en cómplices de lo que en muchos medios se denomina genocidio contra la población palestina.

Puede sorprender el comportamiento de buena parte la sociedad israelí, después de ser heredera de un pueblo que ha sufrido tantas atrocidades en el tiempo y especialmente la provocada por el nazismo. Pero es que la felicidad de quienes se divierten viendo los bombardeos contra la población palestina responde a la misma lógica que sufrieron sus ancestros. Lo que tienen en frente ya no son personas o, en todo caso, son tratadas como inferiores. Han banalizado, como se hizo durante el nazismo, sus comportamientos.      
  

   

El huelguista, el Constitucional y la justicia

Un activista del 11M, Carlos Cano, acaba de ingresar en prisión. Se cumple así la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que se ha concretado en tres años de cárcel, casi 4.000 euros de multa y una indemnización de 767 euros. Cano, estudiante de Medicina, participó en la huelga general del 29 de marzo de 2012 como miembro de un piquete y la Audiencia ha considerado que coaccionó a la propietaria de un establecimiento hostelero para que lo cerrara. 

Esta tarde el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma laboral del gobierno del PP. Un órgano presidido por el autor intelectual de la reforma y (¿ex?) militante del PP. La resolución considera, entre otras cosas, que el despido sin causa y sin indemnización durante el primer año de contrato no contraviene la Constitución. Sin comentarios.

Cárcel para el huelguista que protesta contra los atropellos. Vía libre para que en las empresas se sigan cometiendo atropellos. Todo lo legal. Connivencia entre el gobierno y el alto tribunal del estado. Y luego dicen que existe justicia.  

Sale a la luz la autora del libro Un rey golpe a golpe

Público ha publicado hoy una entrevista a Rebeca Quintáns López, llevada a cabo por Unai Aranzadi. Es un nombre que, en un principio, no nos diría nada, pero lo más llamativo es que se trata de la autora de uno de los libros más misteriosos de los últimos años: Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada sobre Juan Carlos de Borbón, editado en el año 2000 por Ardi Beltza/Arakarcen, Lizarra/Estella. Por distintas circunstancias que mucha gente se imaginaba, y hoy nos desvela más en profundidad su autora, salió a la luz con un seudónimo. En la solapa del libro puede leerse lo siguiente: "El seudónimo Patricia Sverlo, más que una persona, representa un 'estado de situación' que, esperamos, cambie en el futuro".

El libro pudo salir a la luz aparentemente sin muchos problemas, llegando a tener inicialmente éxito en su distribución. Su gestación, sin embargo, se situó en un contexto difícil y al final, pasados los primeros momentos de estar en la calle, la cosa se tornó extremadamente difícil. El libro fue un encargo de Pepe Rei, que estaba al frente la revista Ardi Beltza, pero, consciente de las dificultades que podían surgir, se hizo de una forma prácticamente clandestina: " Tomábamos muchísimas medidas de seguridad. Pepe y yo le quitábamos la batería a los teléfonos móviles, y charlábamos paseando". La impresión no se hizo en España, creyendo Quintáns que fue en Portugal, y, como ya se ha dicho, se optó por el seudónimo en la autoría para evitar posibles responsabilidades.

Como se dice en la entrevista, fue una época difícil, el momento de apogeo del régimen del 78, con la monarquía en la cresta de la ola y la ilusión desmesurada del crecimiento económico (el "España va bien" de Aznar). Años después pudieron salir sin que les pasara nada algunos libros sobre la figura real, como los de Iñaki Anasagasti (Una monarquía protegida por la censura, Foca, Madrid, 2009) o Iñaki Errazkin (Hasta la coronilla, Txalaparta, Tafalla, 2009), a los que podríamos añadir el de Vázquez de Sola (Jaque mate, Txalaparta, Tafalla, 2010), donde el autor armoniza el texto con sus geniales viñetas. Incluso Jesús Cacho había escrito varios libros algunos años antes (entre otros, Asalto al poder. La revolución de Mario Conde, Temas de Hoy, Madrid, 1988) o en 1999 (El negocio de la libertad, Foca, Madrid) donde la figura del rey no quedaba bien parada. 

Pero cuando se editó Un rey golpe a golpe la cosa resultaba difícil, si no peligroso, y más si era desde los medios editoriales y de comunicación que acabaron siendo criminalizados bajo la acusación de ser parte del entorno de ETA. Esto es, bajo la figura penal creada por el juez Baltasar Garzón, quien, entre otras cosas, mandó cerrar el diario Egin y las revistas Egunkaria, Ardi Beltza y su sucesora Kale Gorria, encarcelando a sus directores, Martxelo Otamendi, de la primera, y Pepe Rei, de las otros dos. El propio Rei sufrió un accidente de tráfico en 2002 y hasta Arnaldo Otegi, dirigente de Batasuna, fue condenado por el Tribunal Supremo en 2003 acusado de injurias al rey, al que llamó "jefe de los torturadores", aunque después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó condenando al estado por haber vulnerado la libertad de expresión.

Quintáns denuncia las dificultades que tenía esos años el periodismo independiente para trabajar, con el riesgo de que quienes lo ejercían podían perder el puesto de trabajo si colaboraban abiertamente con los medios vascos. "Había muchísima presión (...). En las redacciones el aire estaba enrarecido, incluso entre los compañeros. Por momentos, aquello parecía el nazismo. Hubo unas campañas muy agresivas".

La distribución del libro fue muy rápida en los inicios, pero pronto llegaron los problemas. Así, El Corte Inglés se negó a ponerlo a la venta, la Casa del Libro de Madrid lo hacía sin exponerlo al público y muchas librerías lo hicieron de tapadillo. El cierre de la editorial y el encarcelamiento de Pepe Rei acabaron por darle la puntilla. 

En cuanto al contenido, el libro es fruto de un profundo trabajo de investigación. La propia autora disponía de numerosa e importante documentación, teniendo en cuenta el trabajo que llevaba desarrollando en torno a su tesis, relacionada con los discursos del rey en la prensa, a lo que añadió mucho trabajo de hemeroteca y bibliográfico: "leer entre líneas, ir a las fuentes (sentencias, documentos oficiales confirmar con los testigos directos...". El propio Rei le facilitó más información y diversos contactos con personas, lo que le permitió confirmar y reforzar el contenido. En lo publicado, sin embargo, quedaron muchas cosas, "aunque no quise destacarlas para no poner de relieve las partes más vulnerables del libro, a efectos de una querella". Además, los episodios sufridos por Rei y la revista llevaron a que que no se pudiera hacer una nueva edición actualizada del libro o que se abandonara la elaboración de un libro en marcha sobre Felipe González.  

Sobre el periodismo actual Quintáns hace unas reflexiones que merecen ser tenidas en cuenta. Considera que no existe "periodismo de investigación propiamente dicho", que ha sido sustituido por el "periodismo de 'filtración'". Reconoce la importancia de las nuevas vías de obtener información (internet, redes sociales, medios digitales...), pero advierte de un problema no resuelto: su financiación. Dice que "la publicidad no es una opción para la información libre", por lo que defiende la necesidad de pagar por la información libre. Se trata de permitir que se pueda vivir de la profesión, ya que "el trabajo del periodista es cada vez más precario" 

Ahora, después de 14 años, Rebeca Quintáns ha tomado la decisión valiente de desvelar quién es Patricia Sverlo. E incluso se ha atrevido lanzar un reto: "me gustaría ver si es cierto eso de que ya no hay censura, como hablábamos al principio, y lo puedo publicar con mi nombre, en libertad". Todo está por ver. En todo caso, como concluye en la entrevista, "Ya os lo contaré".

Juan Carlos y Nicolás

El primero acaba de abdicar, por lo que ya no es rey. El segundo dejó de ser presidente hace un par de años, cuando fue derrotado en las elecciones. El uno, mientras fue rey, era inviolable y ahora ha sido protegido con una reforma legal que le confiere ser aforado. El otro estuvo detenido ayer en una comisaría de policía y ha sido imputado por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. Uno y otro. Dos diferencias sustanciales. 

(publicado el 2-07-2014)

El juez Castro no se amedrenta

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha expresado que se ha desatado una "espiral inquisitiva" contra Cristina de Borbón y que se desprecian "indicios de notable fuerza exculpatoria" ante el auto de procesamiento presentado ayer por el juez José Castro por delitos fiscales y blanqueo de dinero. La respuesta del juez ha sido inmediata y contundente: esas alusiones suponen que ha cometido un delito de prevaricación, por lo que invita al fiscal que ejerza esa acusación. 

Por otra parte, tres asociaciones de la judicatura de distinto signo se han pronunciado en favor de la actuación del juez desde el principio de independencia. Para el portavoz de Jueces para la Democracia se trata de acusaciones gratuitas y apartadas de un estricto debate jurídico, por lo que pide el amparo del Consejo del Poder Judicial. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, se defiende la actuación de Castro por haber actuado con el el convencimiento obtenido por las pruebas practicadas, nunca por motivaciones personales y falta de imparcialidad. Por último, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria ha declarado que los recursos de la fiscalía no están para hacer críticas que supongan "un ataque desconsiderado al juez", pidiendo al Consejo del Poder Judicial que actúe contra lo considera una coacción. Que haya tanta coincidencia, más que sorprender -que lo hace-, ayuda ante todo a entender los argumentos burdos empleados por la fiscalía.  

Y en medio de todo, la aprobación reciente de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que el anterior rey, Juan Carlos de Borbón, junto con el resto de la familia real -el rey Felipe VI es inviolable constitucionalmente-, quedan bajo la figura legal de aforamiento. 

La maquinaria de protección de la familia real y familias allegadas, antes y después de la abdicación de Juan Carlos I, sigue en marcha. El juez Castro no ha desistido en su labor por averiguar el papel jugado por Cristina de Borbón en los delitos que se imputan a su esposo, Iñaki Urdangarín, al que, por cierto, nadie defiende, excepto su abogado. Lejos de amedrentarse, insiste en su línea de instrucción, que en todo momento ha sido jurídicamente sólida. La pugna judicial, pues, no ha cesado. Tampoco, la pugna política, porque lo judicial también lo es.  

(publicado el 27-06-2014)

Un nuevo atropello a la libertad de expresión

La Junta Electoral de Madrid ha prohibido un vídeo de Pacma, el Partido Animalista, en el que aparece una imagen del rey en la cacería de un elefante en Botswana, realizada hace un par de años. El vídeo es corto y la imagen fugaz, pero explícita: está acompañado de un varón con un rifle en la mano y el animal muerto de fondo. Una imagen que circuló por todos los medios de comunicación y de la que se sigue haciendo uso por el significado que tuvo. En ningún momento el tratamiento irrespetuoso hacia esa persona que no sea su propia práctica, de la que, por cierto, dijo semanas después aquello de "lo siento mucho; me equivocado; no volverá a ocurrir". Y precisamente porque dijo que fue una equivocación, no se puede decir que sea menosprecio a su figura. Todo un atropello a la libertad de expresión.   

(publicado el 9-05-2014)

Sobre la imputación de un dirigente de CCOO en los EREs de Andalucía

Me ha llegado un correo electrónico con la nota de prensa de CCOO emitida en relación a la imputación por la jueza Mercedes Alaya de un dirigente del sindicato en el caso conocido como los EREs de Andalucía. He preferido reproducir dicha nota en su totalidad, porque creo que es altamente esclarecedora. Hela aquí:  

"CCOO emplaza a la juez Alaya a trabajar con celeridad y sentido de la responsabilidad.

El sindicato advierte que la imputación de José Luis Montesinos, dirigente de CCOO de Industria, nada tiene que ver con el llamado caso de los ERE de Andalucía, y reitera su colaboración con la justicia.

Fuente: Madrid. CCOO de Industria, tras las informaciones aparecidas hoy acerca de la formalización de la imputación del dirigente de la citada federación de CCOO, José Luis Montesinos, cree necesario hace las siguientes consideraciones:

1.- “No estamos ante un hecho novedoso, sino ante la explotación informativa de algo ya conocido”. Conocíamos la propuesta de imputación, que ahora queda formalizada, pero que, en ningún caso, guarda relación con el llamado caso de los ERE de Andalucía, como se ha querido hacer ver”. La imputación se basa, según el auto, en una póliza personal de 12.000 euros –a razón de 200 euros mensuales durante 5 años-, como complemento a la pensión de viudedad de la esposa de un trabajador de la Federación de Fiteqa fallecido, y no existe relación con empresa o ERE alguno. Dicha póliza no ha estado sujeta a ninguna ayuda pública ni vinculada a ningún proceso de ERE. No se ha producido, por otro lado, enriquecimiento ilícito, ni personal ni del sindicato.

2.- CCOO cree que la jueza se extralimita en su actuación judicial. Los hechos comentados no guardan, como hemos advertido, relación alguna con los llamados ERE, ni forman parte de la negociación con empresa alguna. La información difundida, sin embargo, conduce a incluir esta imputación en el complejo y publicitado proceso de los ERE de Andalucía.

3.- CCOO vuelve a declarar con la mayor contundencia, que no forma parte de ninguna trama, y que está dispuesta a demostrar que ni el sindicato ni dirigentes del mismo se han enriquecido o lucrado a propósito de los procesos comentados.

4.- CCOO vuelve a exigir a la juez Alaya la máxima celeridad en el esclarecimiento de los hechos, porque “se nos está encausando, juzgando y condenando antes de que se celebre el juicio, y el descrédito y campaña a las que estamos siendo sometidos resultan intolerables”.

5.- Por último, CCOO reitera su plena disposición a colaborar con la justicia en todo aquello que legal y legítimamente se nos reclame. Buena prueba de esta voluntad de esclarecer los hechos, es la constitución de una Comisión de Investigación en el sindicato, cuyas primeras conclusiones fueron presentadas ya. “Cualquier irregularidad demostrada será sancionada con el rigor y la contundencia que señala nuestra norma estatutaria, pero no permitiremos que la calumnia y la difamación sustituyan a los tribunales de justicia”, concluye CCOO".

Francisco Carbonero, secretario general de CCOO de Andalucía, manifestó ayer que lo ocurrido con Montesinos no tiene nada que ver con el caso de los EREs. Dijo, así mismo, que su imputación por la jueza  es "una forma de presión para obtener más información", por lo que se estaría extralimitando en sus funciones. 

Por mi parte poco tengo que decir, excepto que algunas cosas que están ocurriendo en torno a este proceso resultan, cuando menos, raras. Así lo veo por ahora.

(publicado el 23-04-2014)

El Constitucional, garante del sistema bancario

La conocida cono "ley antidesahucios" de Andalucía (en realidad, Ley de la función social de la vivienda), aprobada el año pasado por el Parlamento de Andalucía, ha quedado finalmente paralizada. Lo ha dictado el Tribunal Constitucional. Por siete votos contra cinco. Acepta, pues, el recurso del gobierno central, que recurrió tanto el decreto previo de la consejería de Fomento y Vivienda  como la ley posterior. En el dictamen se dicen varias cosas que no deben despreciarse. Una, que se invade las competencias del gobierno central. Otra, que "daña la estabilidad del sistema financiero". En una ecuación fácil, pero no incierta, si el gobierno central se siente invadido y tal invasión supone lesionar al sistema financiero, el gobierno central lo que hace es defender tal sistema. La minoría del Constitucional que se ha opuesto al dictamen difiere de ello. El gobierno y la mayoría del Constitucional, pues, garantes del sistema. Claro y lógico. 

El otro día oí en boca de un tertuliano nocturno de la SER -del entorno psocialista, por supuesto- que Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda andaluza, es una talibán. Sí, así de rotundo lo dijo. Estaban hablando de lo ocurrido sobre el alojamiento provisional de quienes habían estado en la Corrala de la Utopía sevillana. No me voy a referir ahora a mis sospechas. Lo dejo para otro momento. Sólo me pregunto quiénes serán los talibanes. 

(publicado el 17-04-2014)

Sobre ilegalidades (en un 14 de abril)

Cuando era joven y el franquismo estaba en las últimas le gustaba mucho a sus gestores decir aquello del imperio de la ley. Desde hace unos días lo de la ley ha vuelto a estar en el candelero. El  martes pasado Mariano Rajoy, como jefe del ejecutivo español, se basó en el cumplimiento de la ley para rechazar la petición del Parlament de Catalunya acerca de una consulta ciudadana sobre su relación con el estado español. El miércoles Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, anunció la firma de un decreto que retiraba las competencias en materia de vivienda a la consejería de Fomento y Vivienda andaluza aduciendo, tras el alojamiento provisional de varias personas que habían sido desalojadas en la Corrala Utopía de Sevilla, el respeto de la ley. Hoy Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ha dicho que la bandera tricolor republicana es ilegal. Cuando se tratan los numerosos asuntos relacionados con la corrupción, donde PSOE y PP se llevan la palma, hay que oír cosas como "no son ilegalidades, sino irregularidades", "hay que dejar que los jueces hagan su trabajo", "sólo se atreven porque soy una sexagenaria", "un jurado popular lo exculpó", "el delito ha prescrito"... 

Y la pobre República, que en su breve vida durante los años treinta tuvo que sufrir un golpe militar -ilegal, por supuesto- que derivó en una guerra, tiene que soportar ahora las palabras de un botarate, el mismo que dijo eso de “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”.

(publicado el 14-04-2014)

Las eléctricas y la presunción de inocencia

Vivimos en un estado garantista en materia de derecho. Me parece muy bien. Sin embargo, en determinadas situaciones que afectan al derecho privado no existe ningún tipo de garantía. Ni jurídica ni social. Cuando una empresa privada -grande, casi siempre- te ofrece un servicio -léase electricidad, telefonía, agua...-, te corta de inmediato el suministro o la comunicación si no has pagado la factura. Acabo de leer que la empresa Iberdrola ha cortado la electricidad durante el año 2013 a casi 600.000 personas. ¡Sólo una de las empresas eléctricas! Me imagino -más todavía, estoy seguro- que en la mayor parte de los casos la ausencia de pago del recibo correspondiente se ha debido a una imposibilidad de fuerza mayor, sea, por ejemplo, no disponer de dinero por estar en paro. ¿Dónde están las garantías de las personas? La jurídica, en primer lugar, para dilucidar qué ha ocurrido. La misma de la que las empresas o la gente con recursos hacen uso para evitar o dilatar el ir a la cárcel o no pagar multas cuando han cometido delitos -en muchos casos graves y cuantiosos- y no una demora en el pago de un servicio. O la garantía de la seguridad de naturaleza social, ofrecida desde el estado, que permita que nadie se quede sin un derecho importante, como es disponer de electricidad en cada vivienda para satisfacer necesidades básicas.

(publicado el 22-03-2014)

La infanta, imputada. ¿Y después?

La infanta Cristina ha sido imputada en el caso Noos. El juez instructor José Castro ve indicios suficientes de dos delitos: fiscal y blanqueo de dinero. Dispone de una información de gran valor procedente no sólo de la policía, sino de la Agencia Tributaria. No se ha andado con chiquitas a la hora de razonar el auto y de paso le ha mandado un recado al fiscal Pedro Horrach, que ya entorpeció en la primavera pasada la primera imputación de la infanta, diciendo que ha perdido las formas. Hasta aquí las cosas parecen claras. Incluso hay que reconocer la valentía del juez, que no ha parado de sufrir presiones. La última, la del jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, que habló el otro día del martirio que está sufriendo la familia real por el caso Noos. Pero me temo algo: un cambio de estrategia en la defensa. Dada la persistencia del juez y, lo que es peor, la idea que tiene la opinión pública de lo que hasta ahora ha sido un trato de favor, están buscando nuevas vías. Hoy mismo en fuentes de la Casa Real han hablado de respeto a la acción de la justicia. Porque, al fin y al cabo, quien acaba emitiendo sentencias no es el juez instructor. Y aquí aparece un antecedente que algunos medios de comunicación ya han adelantado: la conocida como "doctrina Botín". En 2007 el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se vio favorecido por una sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó otra previa de la Audiencia Nacional, mediante la cual salió indemne de la acusación de varios delitos fiscales porque la iniciativa sólo contaba con la acción de la acusación popular y no de la fiscalía o de una acusación particular. ¿Qué han hecho y dicho hasta ahora el fiscal de Palma de Mallorca y general del reino? ¿Y la abogacía el estado? ¿No se ha personado en la causa sólo la acusación popular? A la justicia, hecha a la medida para que la gran delincuencia salga indemne, le ha salido un nuevo reto. La ingeniería jurídica está en marcha. ¿Qué ocurrirá?

(publicado el 11-12-2013)

Siguen apretando al juez Elpidio Silva

El juez, encausado. El acusado, saliendo de rositas. La Audiencia Provincial de Madrid ha encontrado indicios para sentar en el banquillo al juez Elpidio Silva. En el tribunal se alude a actuaciones judiciales graves, tales como dilación o decisiones erróneas. Una de éstas, llevar a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, a la cárcel. Mientras tanto, los delitos por los que éste estaba siendo acusado se van diluyendo en los juzgados. Delitos económicos tales como la compra onerosa del City National Bank of Miami o el crédito a la empresa en quiebra Marsans, presidida por el expresidente de la CEOE, y delincuente, Gerardo Díaz Ferrán. La misma persona que le hizo el favor a su sobrina de ampliar el crédito o que se vanaglorió por el negocio redondo de las preferentes a costa de sus clientes. Pueden seguir toda esta película en eldiario.es. Menuda justicia.  

(publicado el 11-12-2013)

¿Quién está ofendiendo a España?

Quienes roban en las arcas públicas, entregan dolosamente fondos públicos a intereses privados, gestionan irresponsablemente empresas públicas, defraudan a la hacienda pública, privatizan servicios y bienes públicos, liberalizan el suelo para su especulación, recortan en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las personas dependientes, suscriben convenios internacionales que permite la libre circulación de capitales y con ella la opacidad de los ilícitos o, entre otras cosas más, se entregan a los dictados de otros países, organismos internacionales o intereses de empresas y entidades privadas extranjeras, es la misma gente que ha decidido imponer sanciones administrativas de hasta 30.000 euros por "ofensas a España". Según la Ley de Seguridad Ciudadana en trámite "las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himno o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito". ¿Quién está ofendiendo a España?

(publicado el 30-11-2013)

Una sentencia injusticia contra la lucha jornalera

Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y tres miembros más del SAT han sido condenados a siete meses de prisión por la ocupación de la finca "Las Turquillas", sita en Osuna (Sevilla), en el verano de 2012. Se trata de un latifundio de 1.200 ha. perteneciente al Ministerio de Defensa que está infrautilizado, dedicada básicamente a la cría de una yeguada militar, pero con un enorme potencial económico para el laboreo agrícola y, ante todo, con la posibilidad de que pudiera servir de sustento a numerosas familias, cuantificado según algunos cálculos en 800 puestos de trabajo. 

La reivindicación del SAT-SOC se inscribe en la trayectoria histórica de la lucha por la tierra en Andalucía, basada en el reparto de los latifundios improductivos. La lucha jornalera recobró importancia en los momentos finales del franquismo y en la Transición, a través especialmente del SOC, y se ha mantenido hasta nuestros días. Una lucha muy digna y encomiosa, pero cargada de situaciones difíciles ante la permanente represión que sufren sus protagonistas.  

Desde una perspectiva ética y de los derechos humanos, viola flagrantemente el derecho al trabajo y una vida digan de las personas, superior a cualquier interpretación de la ley que pueda proteger el derecho de propiedad. Viola también el principio de que la ley se cebe contra el eslabón más débil, el de las personas que tienen muy poco y de quienes se solidarizan con ellas. No ha tenido en cuenta tampoco un hecho, como la aprobación en 2010 por el Senado de una iniciativa, precisamente del PP, por la que se pedía al Ministerio de Defensa que cediera la finca para su uso agrícola.

Independientemente de que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo, la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía expresa una clara injusticia. Una vez más.

(publicado el 21-11-2013)

Leyes represivas y leyes benevolentes

El gobierno sigue con la carga del endurecimiento del código penal o la tipificación de nuevos delitos. Ahora se está cebando en la criminalización desmesurada de determinadas acciones ciudadanas, que no dejan de ser expresión del malestar social y político existente. Es lo que  se está conociendo con el nombre de "ley mordaza" y que desde el gobierno se dice que "nos hará más libres". Perseguir y castigar con dureza los escraches, la participación en manifestaciones no convocadas legalmente, las acciones pacíficas en determinados edificios oficiales o las concentraciones en las sedes de los principales organismos del estado, que son formas de protesta pacíficas. Así mismo, se pretende castigar con mayor dureza acciones que se producen al fragor de situaciones tensas, como la resistencia o las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad; o el destrozo de bienes, como contenedores de basura, cajeros, etc.  En su conjunto está dando la medida de lo que busca el gobierno: atemorizar aún más a la gente, para amordazarla y desmovilizarla. Y de paso, restringir las libertades públicas.

Hace un año publicó Rebelión el artículo "Ni la delincuencia aumenta ni el código penal español es blando", escrito por el sociólogo Albert Sales i Campos, cuyo titulo sintetiza con claridad en qué situación nos encontramos. Hablaba de cosas como que en la reforma del código penal hecha en 2003, fruto del consenso PP y PSOE, se desplegó "una retórica llena de clichés del populismo punitivo importado del otro lado del Atlántico". Era una reforma hecha sobre un código penal que ya se había endurecido en 1995, lo que ha supuesto ampliar la capacidad de los jueces para dictar prisión preventiva, crear incentivos de autoinculpación para evitar trámites judiciales y conseguir beneficios penitenciarios, aumentar la cuantía de la pena máxima a los 40 años o condicionar el tercer grado al pago efectivo de responsabilidades civiles.

Uno de los resultados ha sido el incremento de la población recluida en las cárceles, que casi se duplicó entre 1996 y 2009, y no precisamente porque hubiera aumentado el número de delitos. Lo que estaba expresando es el endurecimiento de las penas y su tratamiento judicial. Sales i Campos resaltaba que de hecho se estaba dando un retroceso en los índices de victimización en casi todas las formas de delitos, lo que ilustraba con datos como los siguientes: "Tanto los robos de coches, como los de objetos en el interior de los vehículos, los robos en viviendas, las agresiones sexuales, o las agresiones físicas, han reducido sus tasas de victimización. También se han reducido los robos con violencia e intimidación que tienen un gran impacto en la sensación de seguridad de la ciudadanía. De una tasa del 9,2% en 1989 se ha pasado a un 5,6% en 2009".

El otro día aludí a un programa en La Sexta dedicado a los jueces que se han atrevido a perseguir tramas de corrupción y de delincuencia organizada. Ámbitos donde se entremezclan las diversas formas de delitos económicos y donde se alcanzan unas cantidades de dinero tan desmesuradas, que dejan en ridículo las cuantías en las que se mueven quienes llenan las cárceles. Se está poniendo en evidencia eso que el ya exjuez Diego Torres llamó una justicia destinada a perseguir a "los robagallinas", pero poco preparada para actuar sobre la delincuencia financiera en cualquiera de sus formas.

Si lo que el sociólogo nos contaba es cierto -algo de lo caben pocas dudas, al estar basadas sus apreciaciones en datos oficiales-, ¿qué puede estar ocurriendo? Él mismo respondía de la siguiente forma: "Probablemente, el incremento de otros tipos de inseguridades derivadas de la precarización de los mercados laborales o de la extensión del riesgo de pobreza entre amplias capas de la población, genera sensibilidad a discursos que ofrezcan respuestas rápidas, fáciles de explicar y que trasladen la culpabilidad a personas y colectivos con comportamientos que se desvíen de los mayoritarios".

En los últimos años han aumentado las protestas ciudadanas: en frecuencia y número, en lugares, en participantes y hasta en variedad de formas. Es algo que preocupa a los gobiernos, aunque sea el actual del PP, por su carácter conservador, el que esté dando más vueltas de tuerca. Las medidas que ha anunciado apuntan en la dirección de una justicia aún más punitiva y más restrictiva en las libertades y los derechos.  

Una orientación política que no está exenta de aparentes contradicciones. Como ocurre en la posible modificación de la legislación sanitaria en lo relativo al consumo de tabaco en determinados lugares públicos, como las zonas de juego. El megaproyecto de Eurovegas está siendo la excusa, donde se pretende crear, de entrada, una zona libre de las restricciones existentes en otros sitios. Se trata de un negocio donde convergen capitales de diversa procedencia, pero con el común denominador de su opacidad y ser un vehículo para su blanqueo. Un negocio redondo, que cuenta con un amplio apoyo en diversas instancias del PP y del que se espera que sirva de revulsivo electoral.

La justicia actúa en contextos concretos y está claro que quienes tienen la capacidad de legislar e incidir en ello, lo hacen con intereses concretos. Ya he señalado cuáles son.  

(Publicado el 21-11-2013)

La revolución francesa, una revolución ante todo popular

El 14 de julio es la fiesta nacional francesa. Fue el día, allá por 1789, en que el pueblo de París inició su protagonismo activo en el proceso revolucionario que un mes antes se había iniciado por las élites políticas que habían roto con el antiguo régimen. Fue una revolución trascendente. Ha dado para escribir miles y miles de libros, así como diversas interpretaciones históricas.

Cuando tuvo lugar el segundo centenario se abrió en Francia un nuevo debate, donde pareció que se impuso la tendencia liderada por François Furet, quien llegó a proclamar “La Revolución Francesa ha terminado”. Desde esta visión se demonizó la vertiente popular de la revolución, a la que achacaron los excesos habidos (el terror) y señalaron como origen de los regímenes autoritarios y/totalitarios del siglo XX. Se ensalzaba, así, a quienes dirigieron los primeros momentos de la revolución, que, desde esa perspectiva, representaron la tendencia liberal y, por ende, democrática que se fue desarrollando a lo largo de los siglos XIX y XX.

Furet llevaba tiempo intentando abrir ese camino interpretativo, en especial cuando en 1978 publicó Pensar la revolución francesa. Frente a él se había levantado una historiografía de enorme envergadura intelectual, muy bien documentada, que se había desarrollado al abrigo del marxismo y que entroncaba con una tradición historiográfica que hundía sus raíces en el siglo XIX y que resaltaba ante todo el carácter social de la revolución y con ello, de sus protagonistas. Georges Lefebvre, primero, y Albert Soboul, después, fueron sus principales exponentes. Este último no tuvo reparos en resaltar uno de los principales defectos de los libros de Furet, que era su escasa apoyatura documental. También supo denunciar las “tentativas revisionistas” que previamente a Furet se habían hecho a través de Cobban, Palmer, Godechot, etc., en cuyas obras no faltaba la interrelación entre su contenido y la coyuntura política en que se escribieron.

Lo que aquí voy a desarrollar tiene como base un capítulo del texto que utilizo en mis clases de 1º de Bachillerato en la asignatura Mundo Contemporáneo, aunque con algunas modificaciones y añadidos. Tiene, en todo caso, una enorme deuda con las obras de Lefebvre y Soboul, aunque también la tiene con otras personas que han trabajado en el conocimiento de un episodio histórico tan primordial. Al fin y al cabo estoy con la manera de hacer historia desde la objetividad, lo que obliga al rigor, pero consciente de que la neutralidad no existe.         

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De la revolución francesa Albert Soboul dijo que fue la más explosiva de las revoluciones burguesas debido a la terquedad de la aristocracia, que se negó a hacer concesiones y al compromiso con la burguesía. Constituyó la vía revolucionaria que destruyó el absolutismo y el feudalismo, liberando al campesinado de los derechos señoriales y del diezmo eclesiástico, acabando con los estamentos, aboliendo los monopolios comerciales y corporativos, unificando el mercado nacional y liberando la mano de obra.

Antes de 1789 Francia estaba inmersa en una sociedad feudal, con la nobleza, tanto laica como eclesiástica, se erigía en la clase dominante. La nobleza era propietaria de un 60% de las tierras, de las cuales el 20% estaba en manos de la laica; el 10%, de la Iglesia; y el 30%, del rey. Nobleza laica e Iglesia eran propietarias jurídicas de esas tierras, que constituían los llamados señoríos territoriales, pero también disponían de otras donde, sin tener la titularidad como propietarias, ejercían la jurisdicción y con ella el privilegio de dictar justicia y recibir diversas rentas. Rentas muy diversas que debía pagar el campesinado, como las derivadas del arrendamiento de sus propiedades; los conocidos como derechos señoriales en forma de tasas y prestaciones de trabajo; o el diezmo, exclusivo de la Iglesia. La nobleza disponía también de diversos privilegios: fiscales, no pagando impuestos; políticos, con el acceso casi restringido a los puestos políticos, la administración y el ejército; y jurídicos, al disponer de tribunales de justicia propios.

La otra cara de la moneda la representaba la mayoría de la población, que en su mayor parte vivía en una situación desastrosa. El campesinado era mayoritario, tenía unos ingresos insuficientes y estaba sometido al pago de rentas, derechos señoriales, diezmos o impuestos. Los grupos populares que vivían en las ciudades estaban a expensas de las subidas de precios en artículos esenciales, como el  pan. Sólo la burguesía  se enriquecía, pero estaba marginada del poder político.

En el periodo precedente al inicio de la revolución en Francia se estaba pasando una coyuntura crítica que agravó la situación antes descrita. El estado estaba en la bancarrota, consecuencia de un exceso de burocracia, el aumento de los gastos de guerra (la última fue la Guerra de los Siete Años, contra Inglaterra) o la acumulación creciente de la deuda pública. En los años 85, 88 y 89 la sequía afectó a la producción, reduciendo los ingresos campesinos y aumentando los precios del pan en las ciudades. Mientras el monarca concentraba todo el poder en sus manos, las ideas de libertad, razón, antiautoritarismo, derechos, etc. que habían divulgado los ilustrados fueron ganando adeptos entre la minoría que tenía una cierta formación académica.

El rey Luis XVI había intentado tomar medidas que mejoraran la situación, para lo que buscó el apoyo de economistas, como Turgot y Necker, que eran partidarios de introducir algunas reformas, como fue el caso del pago de impuestos por la nobleza. Entre 1787-89 este estamento luchó por evitarlo, pero la presión creciente de la población, cada vez más descontenta, hizo que en 1789 la situación estallara a raíz de la convocatoria de los estados generales en junio.

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Es en este contexto donde alcanzó un gran eco el opúsculo de Emmanuel Sièyes ¿Qué es el Tercer Estado?, donde se justificaba la legitimidad del tercer estado para luchar contra la monarquía absoluta y los privilegios nobiliarios. La nobleza no cedió en sus privilegios, por lo que el tercer estado, apoyado por algunos miembros de la nobleza y el clero, crearon la Asamblea Nacional, que se erigió en la representación de la nación. Se marcó como principal objetivo la elaboración de una constitución, que se aprobaría dos años más tarde, en 1791.

Pero fue el 14 de julio de 1789 el momento más decisivo. Fue el inicio de la movilización popular con el asalto a la fortaleza de la Bastilla, que funcionaba como una prisión real y simbolizaba la ignominia del antiguo régimen. Desde ese día la revolución popular se extendió por el resto del país y el protagonismo de los grupos sociales populares  se hizo más visible, que actuaron a través de las asambleas comunales que se fueron formando en las distintas localidades y especialmente en la capital. Precisamente en esas asambleas jugaron un papel muy activo las mujeres, pese a que los diferentes textos constitucionales nunca reconocieron su derecho al voto.  

La Asamblea Constituyente, mientras tanto, fue aprobando numerosas e importantes medidas. En agosto proclamó una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la que el estado de Virginia había aprobada trece años antes en el fragor de la guerra de independencia de las colonias norteamericanas contra Gran Bretaña.  (1789). También abolió el régimen señorial y aprobó una reforma agraria que repartió las propiedades de la nobleza contraria a la revolución y de la Iglesia.

La Constitución de 1791 reflejó los principios liberales de soberanía nacional y separación de poderes, y recogió en su Preámbulo la Declaración de derechos de 1789. Los poderes del rey fueron limitados, conservando el poder ejecutivo y con la prerrogativa del derecho de veto sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. El sufragio, sin embargo, se concedió a una minoría de varones sobre la base de la tenencia de un nivel mínimo de renta, dentro de lo que se denomina como sufragio censitario.

Fue en este año cuando Olympe de Gouges redactó su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que fue motivo de burla y rechazada. Buscaba el reconocimiento de la mujer como sujeto político, pero dentro de los cánones de la monarquía liberal restringida que se instituyó con la Constitución. 

Los problemas que se fueron planteando a la naciente revolución a lo largo de los primeros años derivaron, en primer lugar, de la negativa de la nobleza y la mayoría del clero a acatar al nuevo régimen, protagonizando conspiraciones o huyendo del país. Encontraron el apoyo de Gran Bretaña, el Imperio Austriaco y Prusia, que llegaron a organizar varias coaliciones para acabar militarmente con la revolución. La práctica contrarrevolucionaria del rey se basó en el veto a las medidas aprobadas por la Asamblea, lo que gozaba de la protección constitucional. Finalmente intentó huir del país para unirse a las tropas de la coalición, aunque fue detenido en la localidad de Varennes, cerca de la frontera prusiana, el junio del 91.

Los peligros que corría la revolución fueron advertidos por algunos sectores políticos y sociales, que pidieron más contundencia frente a la contrarrevolución, la destitución del rey y la ampliación de los derechos al conjunto de la población. Esta posición fue defendida por los grupos que formaban la llamada Montaña, donde estaban fundamentalmente los jacobinos, un grupo político que tenía como base social la pequeña burguesía, y los famosos sans culottes, constituidos por las masas populares parisinas. Se hicieron muy conocidos líderes jacobinos como Marat, Robespierre, Danton o Saint Just, y sans culottes como Hebert o Roux.

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La declaración de guerra por la coalición en abril del 1792 generó una fervorosa reacción popular en defensa de la revolución. Fue el momento en que surgió un nuevo ejército, que se basó en el reclutamiento obligatorio y donde los jacobinos y sans culottes jugaron un papel activo. Estos grupos radicalizaron sus posiciones y la situación culminó en agosto del 1792 con el asalto al Palacio de las Tullerías, residencia del monarca y sede de su acción de gobierno. Con ello se formó una nueva asamblea, que se denominó Convención y proclamó de inmediato la república. Inicialmente estuvo controlada por los girondinos, una tendencia política revolucionaria partidaria de la república, pero con planteamientos  moderados. En gran medida era el grupo que mejor se acomodaba a los intereses de la alta burguesía.

Mientras tanto, Luis XVI fue encarcelado, sometido a juicio y finalmente ejecutado. En los primeros momentos fue el grupo girondino quien controló las instituciones revolucionarias. Esto se tradujo, con el apoyo jacobino y los sans culottes, en la represión de los elementos contrarrevolucionarios con la formación del Tribunal Revolucionario y hasta una parte de la gironda votó incluso la ejecución del rey. Pero el nuevo gobierno también se orientó hacia el freno de las reivindicaciones populares, que pedían una mayor democratización, la profundización en la reforma agraria y medidas sociales para la gente de las ciudades, entre ellas el control de los acaparamientos de productos básicos.

Junto a esta efervescencia interna se encontraba la presión que los ejércitos de la coalición ejercieron contra la revolución. También aquí el gobierno girondino mostró una tibieza que fue exasperando cada vez más a los sectores de la sociedad más activos. Y fue en medio de todo esto cuando en junio de 1793 los jacobinos se hicieron con el control del gobierno y las principales instituciones revolucionarias. Su prioridad fue la defensa militar, que además se saldó con éxito. También mantuvieron la persecución de los elementos contrarrevolucionarios, y fueron implacables con quienes llevaban a cabo el acaparamiento de productos básicos para su especulación, llegando a fijar un precio máximo para el pan.  

Ese mismo año, en junio, se aprobó una nueva Constitución, que era bastante más avanzada que la de 1791. Reconoció el sufragio universal para los varones, así como nuevos derechos, de carácter social, como el de educación o la beneficencia pública. El gobierno jacobino, a su vez, respetó la acción de las asambleas populares, si bien pronto

Las persecuciones políticas acabaron afectando, por distintas razones, a otros grupos de la revolución: girondinos, como fue el caso de Olympe de Gouges; jacobinos moderados, como Danton; o sans culottes, como Herbert, privando al régimen de uno de sus apoyos más importantes.

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En marzo de 1794 un golpe de estado acabó con el gobierno jacobino y llevó a sus dirigentes más significativos, Robespierre y Saint Just, a la guillotina. Su gobierno fue conocido como Termidor, por ser ése el nombre del mes en el nuevo calendario revolucionario.

Desde ese año se inició una nueva etapa en el curso de la revolución, de un signo diferente, moderado y bajo el control de la burguesía. En 1795 se aprobó la tercera Constitución, que dio lugar al Directorio, un gobierno de 5 miembros. Fueron años de gran inestabilidad política y económica, pero, a la vez, del inicio de la intervención militar francesa en el exterior.

Este periodo concluyó en 1799 con la llegada al poder del general Napoleón Bonaparte. Este personaje abrió una nueva etapa, marcada por su fuerte personalidad, y cuya actuación tuvo dos rasgos básicos. El primero fue el de consolidar los logros de la revolución y, si se quiere, culminarla, aunque desde una vertiente moderada. Buscó la reconciliación con los antiguos sectores contrarrevolucionarios, permitiendo la vuelta de la nobleza exiliada y firmando un concordato con la Iglesia. A Napoleón se le deben los códigos civil y penal, la reorganización de la administración y de la educación, la formación del banco nacional, etc., que sirvieron de modelo para otros países en la vía de construcción de los nuevos estados liberales, persistiendo bastantes de ellas en nuestros días.

El segundo rasgo de la obra de Napoleón deriva de su intervención en el exterior, para lo acabó creando un vasto imperio que le llevó a controlar la mayor parte de los países europeos y propagar paralelamente los principios liberales. A un periodo de brillantes éxitos militares, que tuvo su momento de apogeo en 1812, le sucedió el agotamiento de la población y el fracaso de la campaña de Rusia, que hicieron que en 1815  fuera definitivamente  derrotado en Waterloo por una nueva coalición de las potencias enemigas, esto es, Gran Bretaña el Imperio Austriaco y Prusia.

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Después de un periodo de intensa actividad revolucionaria en Francia que abarcó un cuarto de siglo, el balance que se puede hacer resulta controvertido. Lo más significativo fue el eco que alcanzó en su tiempo y que continuó en las décadas posteriores. Fue la más violenta de las revoluciones burguesas, pero de alguna manera fue inevitable ante la resistencia de las fuerzas del antiguo régimen a ceder en sus privilegios.

El ala más activa de la revolución fue la pequeña burguesía, formada por pequeños propietarios agrarios y urbanos, profesiones liberales, etc., que con el apoyo de las masas populares del campo y de la ciudad creó durante el periodo jacobino (1793-94) un régimen cuyo ideal fue la democracia de pequeños productores independientes, basada en el trabajo y el comercio libre.

La alta burguesía tendió siempre al compromiso con la monarquía y la nobleza. Controló el primer periodo de la revolución, el de una monarquía liberal restringida (1789-93), y acabó imponiéndose en 1794, durante los periodos termidoriano, del Directorio y napoleónico.

La trascendencia de esta revolución radica en la influencia que tuvo hacia el exterior, dada la vocación universal que desde el principio manifestó: en sus fundamentos teóricos apeló a la idea de libertad y recogió los  ejemplos de Inglaterra durante el siglo XVII y los nacientes EEUU a finales del XVIII, y los principios ilustrados. Pero la revolución francesa les dio una dimensión más amplia, en teoría para todas las personas, como fijó en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y todos los pueblos, mediante la exportación de la revolución a otros países. Amplió incluso los contenidos liberales, introduciendo derechos sociales como el de educación o la beneficencia pública, y aboliendo la esclavitud. En la práctica, sin embargo, fueron frecuentes ciertas limitaciones de derechos y libertades, como fue el caso del sufragio censitario o la marginación y discriminación de la mujer, que fue apartada del sufragio, estuvo supeditada en el matrimonio, etc.

Bibliografía

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