En nuestro país hay un gran rechazo entre algunos de los principales grupos políticos (PSOE, PP y Ciudadanos) para paralizar las exportaciones de armamento. Hace unas semanas, tras ciertos recelos mostrados por la ministra de Defensa, el gobierno se mostró dubitativo sobre ello, pero fueron el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra portavoz quienes dejaron claro la postura oficial. A los enormes intereses de las empresas involucradas, además de los que corresponden a comisionistas profesionales, se une la demagogia de los puestos de trabajo que se podrían perder. En esto último entran incluso algunos sindicatos (CCOO, UGT) o algún cargo político de Podemos, como el alcalde Cádiz.
Ecologistas en Acción y la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía acaban de hacer público un comunicado donde rechazan la política seguida por el actual gobierno, heredera de la de anteriores gobiernos. Con el título "Es moralmente inaceptable seguir vendiendo armas a la petromonarquía saudí", se preguntan ambas organizaciones, después de las declaraciones de la ministra de Defensa española sobre la vulneración de los derechos humanos en el caso Khashoggi, que "¿a qué espera para cesar todo acuerdo de venta de armas a este Estado integrista y asesino tal como ha propuesto Alemania?
Y es que, siguiendo con el contenido del comunicado, "las armas y las bombas son para matar; no existen las armas 'inteligentes' y la gran mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos son civiles, como evidencia el resultado de la guerra en el Yemen, destinatario del comercio ilícito con Arabia Saudí: más de 16.000 muertos, resultado de bombardeos criminales de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas y la mayor crisis humana de todo el planeta, que mantiene en riesgo la vida de centenares de miles de personas por hambre, sed y enfermedades causadas por la guerra".
Se refieren, así mismo, a los compromisos internacionales que ha firmado nuestro país, como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado en la ONU en 2013, que prohíbe la venta de armas cuando pueden ser utilizadas "para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.
No se olvidan tampoco de las repercusiones económicas y en el empleo que se pueden ocasionar cuando se reduce la fabricación de armamento. En este sentido plantean que "la deconstrucción naval y la energía eólica off shore son dos alternativas entre las posibles y necesarias para la 'carga de trabajo' en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir barcos destinados a la violación de los derechos básicos de las personas".
No hacerlo así, va en contra de la paz, de los derechos humanos, de un desarrollo humano acorde con la naturaleza... Valores éticos a los que nunca hay que renunciar.