Estamos en plena batalla jurídica y judicial sobre el procès catalán. Sólo que ahora el terreno donde se está jugando ocupa el ámbito internacional y el embrollo
jurídico y judicial, y, por ende, político (porque lo judicial es político), es de envergadura.
Y todo, por
el camino iniciado por el anterior gobierno, con Mariano Rajoy a la cabeza, que
contó con la aquiescencia del que fue Fiscal General del Reino, José Manuel
Mazas (fallecido a finales del año pasado… ¡ay!), continuó luego con la acción
de la jueza Carmen Lamela y después con la del juez Pablo Llarena, que dejó al
Tribunal Supremo en una situación de alto riesgo, para encontrarnos ahora, además,
con el amparo concedido a Llarena por parte del Consejo General del Poder
Judicial.
Y como
concepto, una acusación muy grave, la de rebelión, que está resultando insostenible
en los medios judiciales de Bélgica, Suiza y Alemania. Duro. Para el estado español, claro.
Y como todo
resulta entre inaudito y enrevesado, dejo la palabra a Javier Pérez Royo, quien, como jurista
constitucionalista, sabe algo de ello:
“El
Tribunal Supremo ha perdido el control del proceso. No puede proceder contra
Carles Puigdemont tras la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein
y, al no poder hacerlo, tampoco puede proceder contra los demás querellados sin
quebrar la "cadena de legitimidad democrática" en que consiste el
Estado Constitucional, ya que, de todos los querellados, únicamente Carles
Puigdemont es portador de legitimidad democrática a través de la investidura.
Todos los demás la han recibido de él. Su procesamiento deriva del
procesamiento del president, es un
corolario del procesamiento del president. El Tribunal Supremo podría abrir
juicio contra Carles Puigdemont exclusivamente, dejando fuera a los demás. Pero
lo que no puede es procesar a los demás, sin procesar a Carles Puigdemont. Esto
es una consecuencia insoslayable del principio de legitimación democrática del
poder (…). Es el
propio juez Llarena el que se ha puesto en una posición jurídica insostenible.
No estamos ante un ataque grosero a la integridad de la justicia española, como
ha dicho Llarena. Es una reacción de legítima defensa frente a una instrucción
errática. El 4 de septiembre se va a producir una nueva sorpresa. Y no será la
última. Vamos de disparate en disparate”.