Hoy se ha publicado en Público un manifiesto titulado "En defensa del sistema público de pensiones" y suscrito inicialmente por 23 economistas, entre quienes están Vicenç Navarro, Juan Torres, Alberto Garzón, Miren Etxezarreta, Juan Francisco Martín Seco, Agustí Colom, Pedro Montes... A lo largo de varias páginas desentrañan las falacias de los argumentos que se están utilizando para desmantelar el sistema público de pensiones. Parten de una premisa: el futuro de las pensiones no es un problema económico, sino que tiene un claro trasfondo ideológico, por lo que requiere una solución política y no que se embadurne de soluciones técnicas. A partir de ahí se centran en rebatir la idea de la insostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento creciente de la población. Sii eso fuera así, bastaría con fomentar la llegada de oblación inmigrante, que de hecho durante las década y media anterior ha aportado más población y una mayor tasa de natalidad. Consideran que la clave se encuentra en la producción y, relacionado con ella, en la tasa de actividad. Es precisamente la población no empleada la que está creando problemas al sistema público y como consecuencia impidiendo que sea estable.
Para entender mejor lo que está ocurriendo se retrotraen a la década de los 90 y concretamente al Pacto de Toledo, donde se estableció un principio perverso al separar la seguridad social del estado, cuando en realidad es lo mismo. Desde ese momento las pensiones contributivas pasaron a depender de las cotizaciones sociales, impidiendo que pudieran financiarse por otras vías, como las fiscales. El caso es que nuestro país, a día de hoy, tiene un gasto en pensiones sobre el PIB inferior a la media de la eurozona y de la propia Unión Europea: 10% frente al 12,2% y 11,3%, respectivamente. A ello hay que añadir que su distribución es muy desigual, con un 20% de pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas por debajo del umbral de la pobreza.
Existen temores muy fundados sobre el objetivo de potenciar los planes de pensiones privados. Un nicho de negocio muy atractivo para el sector financiero, que ve enormes posibilidades para que sigan aumentando sus beneficios. De esa manera, mientras se desvían potenciales fondos desde el sistema público, aumentan las diferencias sociales.
Resaltan que las pensiones no son ni un lujo ni una carga, sino un derecho. Una de las bases de una sociedad basada en el principio de la redistribución de la riqueza, equilibradora de las desigualdades sociales. Por ello resulta necesario que los fondos públicos se potencien desde un modelo económico donde prime el empleo sin merma de derechos y donde se contemple que la seguridad social pueda financiarse también mediante recursos fiscales desde las rentas más elevadas.
Al final del documento llaman la atención del riesgo que corre el sistema público de pensiones, "pero no por las razones que se aducen, sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado".