Hasta aquí todo puede parece normal. Conozco el caso de un alcalde de donde vivo, Barbate, adquirió hace algo más de una década dos áticos en un edificio construido con una dudosa legalidad. Un mamotreto que sobresale de un entorno de casas bajas en el casco antiguo del municipio. Se hizo una denuncia política en los plenos del ayuntamiento y en los medios de comunicación. También en los organismo provinciales de control urbanístico. No pasó nada. Eran los tiempos del ladrillo, con una corrupción rampante, donde tenías que estar dedicando mucho esfuerzo, tiempo y dinero para hacer denuncias judiciales. Había jueces y juezas que se atrevieron a hacer algo, pero eran una minoría. Lo frecuente era toparte con un muro.
Casos como el Burgos o el que he contado de Barbate los hay a montones. Me ha venido a la memoria otro ático, el del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Marbella. La lista resultaría interminable. Tienen como ventaja que resulta difícil demostrar cómo adquirieron tantas propiedades teniendo en cuenta el número de casos y la dimensión temporal. Pero hay que hacer algo más. Se requiere una solución política que cambie el actual estado de cosas. Corrupto, en su esencia.