El proceso de paz en el País Vasco parece estancado, pero está avanzando. Lentamente, sí. Con peligros, sí. Lo que resulta llamativo es que se esté dando desde la unilateralidad. O, al menos, con un mayor esfuerzo desde una de las partes. Hace unos meses se advertía en el círculo del grupo internacional de seguimiento que el gobierno no estaba correspondiendo a los pasos que se iniciaron hace más de tres años en el mundo de la izquierda abertzale y dos en la propia ETA. Lo que está sucediendo en las últimas semanas se puede considerar preocupante, con detenciones, encausamientos y juicios a miembros de grupos de solidaridad con los presos y las presas, actuaciones violentas de las fuerzas de seguridad e incluso hasta la detención, aunque con posterior puesta en libertad, de quienes protagonizaron la exhibición de la ikurriña durante los sanfermines pasados. El otro día la suiza Pristilla Hayner, experta en resolución de conflictos y justicia transicional, declaró durante su estancia en Guipúzcoa que "lo más preocupante me parece el hecho de que las vulneraciones de derechos humanos continúen en la actualidad".
Ahora se acaba de añadir la resolución que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha emitido para que se excarcele a Inés del Río, condenada por numerosos delitos que suman tres mil años de cárcel. La resolución es controvertida, pero no tanto por su contenido jurídico, que es irreprochable, como por las connotaciones que tiene en el seno del mundo de las víctimas de ETA. Pero lo cierto es que la resolución 197/2006 del Tribunal Supremo, conocida como "doctrina Parot", fue una interpretación de la legislación española ajena a las garantías judiciales, infringiendo el principio jurídico de no poder juzgar a una persona con una norma que no existía cuando se cometió el delito. España se debe a ello desde el momento en que ha firmado tratados internacionales que reconocen dicho principio. De hecho hoy mismo la Audiencia Nacional ha decidido poner en libertad a militante de ETA.
La reacción de las asociaciones de víctimas y de ETA ha sido unánime en el rechazo de la resolución del citado tribunal europeo y posiblemente la mayoría de los familiares y de buena parte de la sociedad española así lo perciban. Las dirigencias de los partidos políticos en su mayoría han reaccionado con moderación, acatando la decisión, aunque a algunas no les haya gustado. Lo ha hecho hasta el PP, no así UPyD, campeona de la intransigencia. Los medios de comunicación han sido más rotundos, bien en el rechazo y hasta el llamamiento al desacato en algunos casos, como se ha hecho en los medios conservadores, y o bien desde la mayor cordura de los que podemos llamar medios progresistas.
En el País Vasco la reacción está siendo diferente. El proceso de paz se está entendiendo mejor en ese territorio. Quizás porque es donde las distintas partes del conflicto perciben mejor lo que está resultando más beneficioso y promete un futuro esperanzador. Desde el axioma basado en que la mediación permite que nadie pierda y todo el mundo gane, el proceso de paz abierto en el País Vasco ha dado paso al fin de la violencia de una de las partes, la de ETA, y la búsqueda de la vía pacífica para la consecución de los objetivos políticos. El cese de la violencia es el primero de los pasos a dar en cualquier proceso de paz. Pero para que se consolide, deben intervenir todas las partes, algo que, como se ha señalado al principio, está resultando difícil por la actitud del gobierno.
La reconciliación nunca puede estar al principio del proceso, aunque sea uno de los fines. Aun con ello se están dando pasos importantes, casi invisibles, pero que ayudan a avanzar. Ayer mismo se pudo escuchar en un medio de comunicación a una víctima del atentado de Hipercor que ha tenido contactos con uno de los miembros del comando de ETA valorando positivamente la resolución del tribunal de derechos humanos. Es sólo un ejemplo, pero hay más. Conseguir la reconciliación es difícil, porque los sentimientos pueden más que las razones mayores de búsqueda del bien general. La reconciliación afecta a las dos partes, aunque se pretenda cuantificar el daño de un lado y de otro. Víctimas las ha habido por las dos partes y hay que repararlas. De eso no debe haber dudas. Otra cosa es facilitar que las cosas se solucionen. En la reparación, por supuesto, pero también en el reconocimiento de derechos políticos. Y no debemos olvidar que el origen del (mal) llamado conflicto vasco es político.